(CNN) – Entre los muchos motivos de queja que alimentan la ola de protestas más extendidas que ha visto Colombia en años — que incluyen la reforma a la salud, los subsidios para los trabajadores informales y la prohibición de la erradicación forzosa de la coca— el principal es la brutalidad policial y los abusos contra los derechos humanos por los que muchos manifestantes acusan a las fuerzas de seguridad.
Inicialmente, la reforma tributaria propuesta por el Gobierno provocó las protestas. Sin embargo, la respuesta de las fuerzas de seguridad también despertó una desconfianza profunda hacia ellas, que a su vez encendió un movimiento nacional aún no articulado.
Según Temblores, una ONG de Colombia que rastrea los casos de presunto abuso policial, han habido más de 1.800 casos de violencia policial desde que comenzaron las marchas el 28 de abril, junto con numerosos casos de policías que lanzan gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes que se han vuelto virales en redes sociales. Los datos se basan en una compilación de reportes de medios. Open Society Foundations, con base en Estados Unidos, está entre quienes brindan apoyo financiero a Temblores.
Agentes de la Policía Nacional de Colombia estuvieron involucrados en la muerte de al menos 11 manifestantes en los últimos siete días, según el ministro del Interior del país, Daniel Palacios. El jerarca dijo a CNN que se han emitido al menos tres órdenes de arresto contra policías involucrados en las muertes.
Al mismo tiempo, la policía ha sido blanco de grupos de alborotadores violentos. Desde que comenzaron las protestas, 25 comisarías fueron atacadas, según la Defensoría del Pueblo. En uno de los casos, los manifestantes prendieron fuego una comisaría en Bogotá con al menos 10 agentes atrapados dentro. Las imágenes captadas se volvieron virales y desencadenaron otro debate entre quienes defienden a la policía y quienes piden reformas profundas dentro del cuerpo.
Ya han estallado enfrentamientos violentos entre la policía colombiana y manifestantes antes: el año pasado, decenas de comisarías de Bogotá fueron vandalizadas en septiembre en otra ola de protestas contra la violencia policial, un trágico episodio en el que murieron al menos 13 personas.
Los enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes ya han estallado en ocasiones anteriores. El año pasado, decenas de comisarías en Bogotá fueron vandalizadas en septiembre, en otra oleada de protestas contra la violencia policial, un episodio trágico en el que murieron al menos 13 personas.
Las raíces de este conflicto están en el pasado de Colombia y conectan tanto con las tensiones por las presiones recientes asociadas al covid-19 como con la larga historia de conflictos en el país.
Severidad en el cumplimiento de las normas de cuarentena
En Colombia, la pandemia afectó las finanzas de todo el mundo: desde los trabajadores informales a los que no se les permitió trabajar a los que perdieron su empleo, pasando por las finanzas del propio Estado.
En el marco del confinamiento, la deuda de Colombia se disparó en US$ 20.000 millones en cinco meses, lo que presionó al Gobierno a aumentar los ingresos a través de impuestos. Mientras tanto, el desempleo casi se duplicó entre marzo y junio del año pasado como resultado de los confinamientos.
Si bien la pérdida de empleos se redujo después del pico de la crisis, en marzo de este año el 16,8% de los trabajadores en las 13 ciudades y áreas metropolitanas más grandes estaba sin trabajo, 3,4 puntos porcentuales más que en marzo de 2020. Eso es aproximadamente medio millón más de personas desempleadas en el año, según el DANE, la agencia de estadísticas del gobierno.
El confinamiento de Colombia el año pasado, que duró meses, afectó con especial dureza a las clases con ingresos más bajos ya los trabajadores informales. Y el rol impopular de hacer cumplir el confinamiento recayó en gran medida en la policía, que a menudo era la única institución estatal presente en los pueblos pequeños de la Colombia rural y los vastos barrios pobres que rodean a las principales áreas metropolitanas.
En momentos en que los servicios sociales y las instituciones cívicas tuvieron que cerrar y trabajar de manera remota, la policía se convirtió en la cara visible de las irritantes restricciones impuestas, incluidos los toques de queda, la prohibición de venta de alcohol y las multas a los transgresores. Las multas altas han exacerbado la antipatía hacia la policía, especialmente entre los ciudadanos con menos recursos.
Entre marzo de 2020 y abril de 2021, la policía colombiana emitió 2,5 millones de multas por violar las órdenes de cuarentena (alrededor de 6.400 por día). Eso equivale aproximadamente al número de casos de covid-19 reportados en Colombia durante ese período.
Un legado de guerra
Las tensiones de la pandemia también han chocado con un ajuste de cuentas existencial más amplio para la policía de Colombia.
El país estuvo en guerra durante la mayor parte de la última mitad del siglo XX, cuando el gobierno se enfrentó a insurgentes de izquierda en ciudades y áreas rurales, paramilitares de derecha y algunos de los carteles de drogas más poderosos del mundo, que a su vez hizo alianzas con la guerrilla o con los paramilitares.
El progreso hacia la paz en las áreas urbanas comenzó alrededor del cambio de siglo y culminó en 2016. Ese año, luego de un acuerdo histórico de paz con el Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se desmilitarizaron y en su mayoría se incorporaron a la vida civil, poniendo fin en su mayor parte a cinco largas décadas de insurrección armada continua en el campo colombiano. La guerrilla del Ejército Nacional de Liberación (ELN) sigue alterando la vida en partes del campo, pero la desmovilización de los elementos centrales de las FARC ha cambiado la dinámica de la insurgencia.
Esa era dio forma al rol de la policía en el país, donde el Gobierno priorizó llevar a los capos del narcotráfico ante la justicia y hacer cumplir el Estado de derecho en las zonas de conflicto. La policía colombiana, por ejemplo, fue incorporada al Ministerio de Defensa durante este período, y no en al de Interior o Justicia, como es habitual en la mayoría de países.
En Colombia, la policía no forma parte de las fuerzas armadas como el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, aunque sí trabajan en estrecha colaboración y se las conoce como “fuerza pública”.
Sin embargo, si este arreglo tenía sentido para un país en guerra, ahora es menos relevante.
“Lo que estamos viendo ahora es un reflejo del hecho de que no hemos tenido este momento de redefinir sobre cómo se ve tener fuerzas de seguridad en un país que ya no está en guerra”, dice Elizabeth Dickinson, analista colombiana del International Crisis Group, un grupo de expertos que se especializa en el legado de los acuerdos de paz.
Durante la guerra civil, las fuerzas de seguridad de Colombia se consideraban un elemento unificador para el país, lo que ayudó a protegerlas de tener que rendir más cuentas ante la sociedad civil.
Pero eso ya no es así. Según la Jurisdicción Especial para la Paz encargada de investigar los crímenes cometidos durante la guerra —parte de los términos de los acuerdos de paz de 2016— 6.402 colombianos murieron a manos de las fuerzas de seguridad con el fin de aumentar las cifras de muertes durante la guerra entre 2002 y 2008, un escándalo conocido colectivamente como “falsos positivos”, que se ha convertido en un grito de guerra para los desafectos.
La transición hacia la paz significó que estos crímenes ahora se pueden investigar, y las fuerzas de seguridad enfrentan un escrutinio sin precedentes.
Como dijo Dickson, “algo que la calle realmente está pidiendo es una señal de que las autoridades civiles pueden hacer responsables a la policía y al ejército por mala conducta”.