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Colombia

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dice que hubo al menos 6.402 víctimas de “falsos positivos” en Colombia entre 2002 y 2008

Por Florencia Trucco

(CNN Español) -- En Colombia, al menos 6.402 personas fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas por el Estado como bajas en combate entre 2002 y 2008, informó este jueves la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En su primera fase de investigación del denominado “Caso 03”, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal se concentró en seis regiones del país: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.

En un comunicado, la JEP explicó que la decisión se tomó luego de un “exhaustivo” proceso de evaluación de información que, entre otros, incluyó cuatro bases de datos para determinar la dimensión del “fenómeno macrocriminal”.

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Diversas fuentes, oficiales y no gubernamentales, identificaron que este periodo tuvo el mayor número de víctimas de los llamados “falsos positivos”, como se conoce a los asesinatos extrajudiciales de civiles que luego fueron calificados falsamente como muertos en combate.

Según la información de la JEP, el 66% de las víctimas se registró en 10 departamentos del país y el fenómeno disminuyó “drásticamente” en 2009 cuando se registraron 122 casos comparados a los 792 reportados en 2008.

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En este periodo, el país estuvo bajo el mando de Álvaro Uribe Vélez quien, mediante un tuit publicado este jueves, cuestionó la credibilidad del tribunal.

En el pasado, el también exsenador ha negado que hubiera ordenado asesinatos y aseguró que durante su gobierno enfrentó y sancionó “toda violación de derechos humanos”.

La cifra de la JEP es aún mayor que la presentada por la Fiscalía General de la Nación, que en 2018 informó la identificación de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014.

La JEP fue creada en el marco del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado en septiembre de 2016. Su función es administrar justicia transicional y conocer presuntos delitos cometidos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016.