(CNN Español) – Tras meses de tensión política, un referendo constitucional rechazado y el comienzo de un juicio político, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó la “muerte cruzada”, con lo que se abre una nueva etapa de incertidumbre en el país en un contexto en el que sufre por el azote de la inseguridad y la violencia.
La situación de violencia en Ecuador
Desde el comienzo de su mandato, Lasso ha tenido que enfrentar el creciente problema de la inseguridad y la violencia en el país, con revueltas carcelarias y avance del narcotráfico. El presidente, quien tiene poco apoyo en el Congreso, y ha luchado para construir coaliciones, ha declarado varios estados de emergencia para, según el argumento oficial, frenar los crímenes violentos en el país y los disturbios en las cárceles entre bandas rivales.
La escalada mortal de violencia ha llevado a que Ecuador registre algunas de las tasas de homicidios más altas de la región, según grupos de derechos humanos.
El Gobierno ha tenido problemas para enfrentar esta crisis de seguridad pública y la popularidad de Lasso se ha hundido en medio del descontento generalizado.
En octubre de 2021, Lasso decretó el estado de excepción por “grave conmoción interna” en todo el territorio nacional para enfrentar la escalada de violencia y asesinatos en las calles, que han generado temor y zozobra de la población. El mandatario calificó entonces al narcotráfico como el “principal enemigo” de Ecuador.
En junio de 2022, durante un masivo paro nacional con protestas en las calles, Lasso declaró estado de excepción en las provincias de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana durante 30 días para recuperar el “orden público”. En febrero de 2023, el movimiento indígena de Ecuador pidió la renuncia del presidente y se declaró en movilización permanente.
Lasso dice que esa “paralización” fue el pretexto para un intento de juicio político en su contra en ese entonces, en lo que él describió que fue un plan de la Asamblea para “poner en jaque la democracia”
En abril, Lasso declaró a los grupos criminales organizados como terroristas, una medida que empoderó a los militares para perseguir a las pandillas, a pesar de las denuncias de corrupción que señalan a las fuerzas de seguridad.
La violencia y la inseguridad económica están llevando a más ecuatorianos a abandonar el país.
El dramático aumento de la delincuencia que ha alimentado la ira contra su Gobierno es una tendencia anterior a la presidencia de Lasso. Antes de que asumiera el cargo, Ecuador ya se había convertido en un centro de tránsito clave para la cocaína debido a su ubicación entre Perú y Colombia.
El contexto político: la oposición y los señalamientos contra Lasso
Lasso ha sido objeto de críticas de parte del movimiento político del expresidente Rafael Correa. Durante la campaña presidencial, su relación con la banca le generó ataques de sus adversarios, incluyendo críticas del correísta Andrés Arauz, contra quien compitió en la segunda vuelta presidencial.
Lasso se defendió diciendo que no tuvo nada que ver con “el feriado bancario” de 1999, cuando el Gobierno de Ecuador congeló los depósitos bancarios del país debido a la “peor crisis económica del siglo XX”, según el expresidente Jamil Mahuad. Tras una acelerada devaluación de la moneda local, el sucre, el país se dolarizó. Lasso dice que no tuvo nada que ver con el llamado “feriado bancario”.
El correísmo creó una comisión en 2012 para investigar el “feriado bancario” durante la crisis financiera del país y concluyó que Lasso no se benefició, ni tuvo implicaciones o responsabilidad alguna en esa decisión de hace más de 20 años. “Si yo hubiera tenido que ver en algo con esa decisión ya hubiera sido procesado en Ecuador”, dijo Lasso.
Durante su gobierno, Lasso ha lidiado con señalamientos a su entorno.
En 2022, Lasso sobrevivió a un intento de juicio político en medio de protestas que duraron semanas por el aumento de los precios del combustible y los alimentos.
Este año, medios de comunicación ecuatorianos acusaron al cuñado del presidente, Danilo Carrera, de corrupción, incluida su presunta participación en un esquema de dinero por puestos ejecutivos y contratos de energía falsos. Fiscales ecuatorianos abrieron una investigación por los contratos de energía falsos en enero.
Tras el informe, Lasso pidió a los fiscales que investigaran a Carrera por su relación comercial y personal con Rubén Cherres, a quien las autoridades intentaron arrestar, pero fue encontrado asesinado a fines de marzo. Lasso ha rechazado la existencia de una estructura o una red de corrupción en su Gobierno.
CNN se comunicó con Carrera para obtener comentarios al respecto. En una carta enviada a un medio local en enero, los abogados de Carrera rechazaron los señalamientos de que era el líder de un esquema de corrupción en empresas públicas. También negó las afirmaciones de que obtuvo beneficios ilícitos para él o terceros.
En febrero de 2023, el presidente no logró el resultado que esperaba en las elecciones seccionales y el referendo celebrado en Ecuador. No solo la mayoría de los ciudadanos rechazaron ampliamente los cambios a la Constitución propuestos por el Gobierno —entre ellos la reducción del número de asambleístas, replantear la designación de autoridades de control del Estado y la extradición de delincuentes— sino que Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, obtuvo la victoria en varias capitales y en ciudades pequeñas. Los partidos de oposición ganaron cargos clave en las alcaldías de Quito y Guayaquil.
El 9 de mayo, con 88 votos a favor, la Asamblea Nacional de Ecuador resolvió proceder al enjuiciamiento político en contra del presidente Guillermo Lasso, por presunta participación en el delito de peculado. Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales.
Lasso dice que es inocente y que quienes buscan destituirlo quieren desestabilizar al país y atentar contra la democracia. El presidente niega la existencia de una estructura de corrupción en su Gobierno y ha insistido en que hay instituciones del Estado “preocupadas por tumbar al Gobierno”.
“Se trata de un contrato de 2018, tres años antes de que yo asumiera la presidencia. Un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo. Es el mecanismo para destruir al presidente”, dijo Lasso al decretar la “muerte cruzada”.
Antes del comienzo del juicio político, el presidente presentó un documento ante la Corte Constitucional en el que sostiene que el proceso adoptado para el enjuiciamiento político es contrario a la Constitución, con el argumento de que la Asamblea Legislativa incumplió las reglas de procedimiento. CNN se puso en contacto con la Corte para obtener su reacción a las alegaciones del mandatario, pero no ha recibido respuesta.
Tras el anuncio de la llamada “muerte cruzada”, el expresidente Correa rechazó que haya “conmoción interna” en Ecuador, el argumento por el cual el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto con el que disolvió al Congreso. “Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse [de la destitución]. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria”, dijo Correa en Twitter.
En entrevista con CNN, Correa dijo que las elecciones ahora son “la solución más integral”. Correa insiste en que la “conmoción interna” que citó Lasso al decretar la disolución de la Asamblea Nacional “no existe”. También dice que su movimiento no tiene la capacidad de organizar movilizaciones y descarta violencia en las calles debido a la impopularidad de Lasso y a que los ecuatorianos “saben que está la salida del voto popular”.
¿Qué pasa con la “muerte cruzada”?
La llamada “muerte cruzada”, amparada por la Constitución ecuatoriana, permite que los poderes Ejecutivo y Legislativo tengan la potestad de disolverse por una sola vez en los primeros tres años de gestión presidencial.
Eso quiere decir que Lasso puede gobernar por decretos-leyes de urgencia económica mientras se llevan a cabo elecciones para presidente y legisladores. “He solicitado al CNE la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos”, dijo Lasso.
El Consejo Nacional Electoral del Ecuador tendría que emitir la convocatoria en un periodo de siete días y los comicios se llevarían a cabo en no más de 90 días.
Tras el decreto de Lasso, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, Enrique Pinta, dijo que el organismo “deberá aplicar toda su experiencia para ejecutar el proceso en los tiempos planteados, al igual que las organizaciones políticas”. Pinta confirmó que en los comicios se elegirán asambleístas y presidente de la república.
Ante una perspectiva electoral, el analista político Jorge Ortiz dijo a CNN que Lasso sabe que sus posibilidades son muy pocas. “El problema es que sus índices de popularidad son muy bajos y decayendo, por lo que la posibilidad de que lograra la reelección es prácticamente nula”, dijo el analista.
Tras la “muerte cruzada”, Lasso firmó un primer decreto presidencial para fortalecer la economía de las familias, con el cual bajará impuestos a las familias, a negocios populares, taxistas y artesanos.
Más temprano, en cadena nacional, Lasso dijo que este primer decreto de urgencia económica beneficiará al menos a 460.000 familias. Se espera que cerca de US$ 200 millones “retornen a sus hogares”, según el mandatario.
La medida entrará en vigencia si la Corte Constitucional de Ecuador lo aprueba, dijo Lasso.
Con información de Ana María Cañizares, Sebastián Jiménez, Fernando del Rincón, Gabriela Frías, Tara John, Karol Suárez, Abel Alvarado, Andrés Oppenheimer y Valentina González Galvis