(CNN Español) –– Nayib Bukele, presidente de El Salvador, actualmente con permiso de la Asamblea para realizar campaña en busca de la reelección, quiere ser el primero en repetir en el cargo en la democracia reciente del país centroamericano. Su decisión de buscar un segundo mandato es una de varias que ha causado controversia.
La candidatura a la reelección
La candidatura de Bukele se basa en el controvertido fallo que emitió Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2021, bajo el argumento de que competir no implica que será elegido, sino que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que ejerce la presidencia. En el fallo, los magistrados dicen que son los salvadoreños, a través de su voto, los que decidirán si Bukele obtiene un segundo mandato consecutivo como presidente.
Los magistrados que emitieron ese fallo fueron designados el primero de mayo de 2021, en el primer día de labores de la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, el partido de Bukele.
El mandatario anunció el 15 de septiembre de 2022 que competiría por la reelección, aunque la Constitución de El Salvador prohíbe en al menos seis artículos la reelección inmediata.
Los magistrados establecieron en el fallo que para evitar que un presidente que opte a la reelección no se valga del cargo debe dejarlo seis meses antes de que comience el nuevo periodo. Por eso Bukele obtuvo un permiso especial de la Asamblea Legislativa para dedicarse a la campaña electoral y designó a Claudia Juana Rodríguez de Guevara, su secretaria privada, como encargada del despacho presidencial.
El fallo sigue causando revuelo y generado diversas opiniones. Funcionarios y aliados de Bukele aplauden la decisión de los magistrados. Varios académicos y juristas la califican de inconstitucional porque la Constitución de El Salvador lo prohíbe en al menos seis artículos. Por ejemplo, en el artículo 88 establece que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y el sistema político.
Los críticos recuerdan que en 2013 Bukele dijo en una entrevista que no buscaría la reelección porque la Constitución no permitía que alguien fuera presidente en periodos consecutivos.
Choque entre Bukele y Petro por megacárcel
Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de El Salvador, Nayib Bukele, chocaron en marzo de 2023 en la red social X por sus diferencias respecto de la política carcelaria y los logros obtenidos en materia de seguridad en cada país.
Petro hizo duras críticas al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel que el Gobierno de El Salvador construyó con capacidad para 40.000 reos y Bukele defendió la obra que considera pieza fundamental en su guerra contra las pandillas.
“De más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito”, justificó Bukele.
Petro, por su parte, sugirió a Bukele realizar un foro internacional para comparar las experiencias. “Pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993, en Bogotá, a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades”, afirmó el mandatario.
La gigantesca cárcel salvadoreña cuenta con ocho módulos. Cada uno tiene capacidad para 5.000 reclusos y, en cada celda, poco más de 100, según las autoridades.
El régimen de excepción
El régimen de excepción es una herramienta legal que el Gobierno de El Salvador ha utilizado para detener a más de 75.000 personas, hasta inicios de enero, por supuestos vínculos con pandillas.
El régimen suspendió garantías constitucionales para ampliar de 72 horas a 15 días el plazo de la detención provisional o la intervención de las telecomunicaciones sin el aval de un juez, entre otras medidas.
La decisión fue aprobada por la Asamblea Legislativa, a petición del Ejecutivo, en marzo de 2022 como respuesta a un repunte de violencia que en un solo día dejó 62 homicidios, el día más violento en la gestión de Bukele.
Ese repunte de violencia se produjo mientras funcionarios del Gobierno negociaban una tregua con las pandillas, según una acusación desclasificada y presentada, a inicios de 2023, en una Corte federal del distrito este de Nueva York contra 13 pandilleros de alto rango de la Mara Salvatrucha.
El gobierno salvadoreño, que no ha aceptado haber tratado de negociar con las pandillas, atribuye al régimen de excepción la reducción de los niveles de violencia, al grado de alcanzar en 2023 el año más seguro en la historia, asegura. Las autoridades reportan que el año pasado la tasa de homicidios se redujo a 2,4 por cada 100.000 habitantes. En 2022, había sido de 7,8 y en 2021 de 18,1 por cada 100.000 habitantes.
Sin embargo, varias organizaciones no gubernamentales locales y extranjeras criticado el gobierno y pedido, sin éxito, la derogación del estado de excepción porque consideran que viola los derechos humanos.
Bukele irrumpe en la Asamblea Legislativa
En febrero de 2020, Nayib Bukele irrumpió en la sede del Poder Legislativo con policías y militares armados con fusiles de asalto con el fin de presionar a los diputados para que celebraran una sesión extraordinaria en la que aprobaran un préstamo para financiar la modernización de las fuerzas de seguridad.
Los diputados calificaron aquella acción del mandatario de intento de golpe de Estado. El gobierno de El Salvado había pedido en noviembre de 2019 la autorización a la Asamblea Legislativa para contratar un préstamo por US$ 109 millones para financiar la tercera del Plan Control Territorial.
Varios diputados opositores se negaban a votar a favor porque decían tener dudas sobre el destino de los fondos y querían más explicaciones del Gobierno.
Medidas por covid-19
En 2020, a raíz de la pandemia de covid-19, el gobierno de Bukele aprobó una serie de decretos que restringieron la movilidad de la población y ordenaban una cuarentena obligatoria domiciliaria, con el fin de contener la propagación del virus. La Policía y el Ejército fueron facultados para detener a quien saliera a la calle sin justificación.
La cuarentena también facultaba a la Dirección General de Migración y Extranjería a prohibir la entrada de extranjeros al país, “a excepción de diplomáticos y residentes”, quienes debían cumplir 30 días de aislamiento para descartar que fueran portadores de coronavirus.
Sin embargo, los decretos presidenciales fueron suspendidos por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada que dejaran de detener en centros de contención sanitarios a las personas acusadas de violar la cuarentena nacional obligatoria.
Los magistrados establecieron que las medidas debían estar reguladas en una ley y no en un decreto ejecutivo. A partir de ese momento, comenzó una batalla política entre el Gobierno, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia por emergencia sanitaria.
En las elecciones legislativas y municipales de 2021, el partido de Bukele obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea y al tomar posesión el primero de mayo, los nuevos diputados destituyeron a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.