Abogados del gobierno federal de Estados Unidos y de Alabama protagonizan una batalla legal sobre información estadistica de las escuelas de ese estado para determinar si se han violado los derechos de los estudiantes en el marco de la nueva ley contra la inmigración ilegal.
Entre otras medidas, la legislación obliga a las autoridades escolares preguntar el estado migratorio de alumnos nuevos y también el de sus padres.
La ley HB 56 que entró en vigencia el 29 de septiembre.
Esta semana el Departamento de Justicia advirtió al estado de Alabama que sus distritos escolares están obligados a cumplir con la ley federal, por lo que no pueden negar a los niños el acceso a la educación pública basándose en su estatus migratorio.
Según datos de la oficina del Censo, en Alabama viven poco más de 187 mil latinos.