(CNN Español) – La oposición en Venezuela asegura estar siendo sometida a una persecución desde que Henrique Capriles solicitó el recuento de cada uno de los votos emitidos en las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril.
Tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral de que esas exigencias no serán tenidas en cuenta en la auditoría de los votos, uno de los primeros en reaccionar fue Capriles, gobernador del estado Miranda, quien dijo vía Twitter que Tibisay Lucena, presidenta del CNE, recibe órdenes del Partido Socialista Unido de Venezuela.
De igual manera, Ismael García, diputado de la Mesa de Unidad Democrática, aseguró que existe una persecución política contra la bancada opositora, que al menos 23 dirigentes de oposición que tendrían prohibida la salida del país y que podrían ser víctimas de algún tipo de medida estatal en su contra.
“Estamos pidiendo los cuadernos de votación porque hay más de 600.000 personas muertas que están activas y no sabemos si votaron y porque hay más de 250.000 personas hasta ahora detectadas como doble ceduladas que votan en distintos centros de votación”, dijo el diputado.
De parte del PSUV, el diputado Freddy Bernal dijo que Capriles busca “deslegitimar al Estado”.