Por Bill Mears y Tom Cohen, CNN
(CNN) — La Corte Suprema de Estados Unidos falló este lunes que no se puede exigir a las sociedades de participación limitada que paguen ciertas clases de métodos anticonceptivos para sus empleados, con lo que se da un revés legal y político a una parte controvertida de la ley de reforma a los servicios de salud del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Por cinco votos a favor y cuatro en contra, los conservadores del tribunal supremo determinaron que algunas corporaciones lucrativas tienen derechos religiosos.
Los propietarios de Hobby Lobby, la empresa mueblera Conestoga Wood Specialties y la librería cristiana Mardel argumentaron que la Ley de Servicios de Salud Asequibles viola la Primera Enmienda y otras leyes federales que protegen la libertad religiosa porque les exige que paguen por métodos anticonceptivos como la píldora del día después, a la que las empresas equiparan con el aborto.
La decisión podría ser el detonador de otros desafíos pendientes para la nueva ley de salud, conocida como Obamacare.
“Este caso no es tan importante en términos prácticos, excepto por los empleados y las empresas involucradas. Simplemente no hay tantas”, dijo Thomas Goldstein, editor del sitio SCOTUSblog.com y abogado de apelaciones en Washington.
“Pero todo el mundo puede coincidir en que los asuntos sociales en cuestión —cuándo se permite que la gente se apegue a sus convicciones religiosas y cuándo tienen derecho a los cuidados relativos a la anticoncepción— son realmente importantes”, señaló.
Anticoncepción obligatoria
La sección de la ley que está en disputa exige que los patrones de empresas lucrativas de cierto tamaño ofrezcan seguros que brinden beneficios relativos al control de la reproducción y otros servicios de salud reproductiva sin cubrir el copago.
Varias empresas equiparan con el aborto a algunos de los fármacos que se cubren, tales como la llamada píldora del día después.
La cuestión específica que se sujetó a debate es si estas empresas pueden rehusarse con base en la afirmación sincera de que violaría las convicciones morales de sus propietarios.
La Primera Enmienda establece que “el Congreso no puede diseñar una ley en la que se implemente una religión oficial ni que restrinja la libertad de cultos”.
“¿Cómo es que una empresa profesa una religión?”, preguntó la ministra Sonia Sotomayor en los argumentos orales de marzo, con lo que resumió la cuestión constitucional esencial que se discutió.
“Esta es una cuestión religiosa y una cuestión moral”, agregó el ministro Samuel Alito, quien insinuó que las empresas tienen ese derecho. “Usted quiere que demos una respuesta laica definitiva”.
El impacto de la ley de salud
Políticamente hay mucho en juego, especialmente respecto a la efectividad futura de la ley de salud que cumple cuatro años este año.
El fallido arranque de HealthCare.gov —el sitio web federal deObamacare—a finales de 2013, se ha vuelto otro punto álgido junto con otros problemas que, para los republicanos, demuestran que la ley no es viable.
Han recurrido a Obamacare como tema principal de su campaña para apoderarse del Senado y conservar el control de la Asamblea de Representantes.
Los partidarios de la ley temen que un revés a la obligatoriedad de la anticoncepción en la Corte Suprema propicie otros desafíos para la ley de salud que tengan bases religiosas, tales como las órdenes de no resucitar o la cobertura de vacunas. En un sentido más amplio, a muchos les preocupa que el reconocer que las empresas tienen derechos religiosos podría afectar las leyes sobre trabajo, seguridad y derechos civiles.