(CNN Español) – Después de anunciar el miércoles en Nueva York que el gobierno de Argentina no llegó a un acuerdo con los fondos especulativos —llamados ‘fondos buitres’— para ponerse al día con sus deudas, el ministro de Economía Axel Kicillof se pronunció en Buenos Aires acerca de la situación financiera del país.
Kicillof insiste en que Argentina no entró en ‘dafault’ o suspensión de pagos, puesto que el 26 de junio pagó sus obligaciones.
“No ha habido ningún evento que implique un default”, dijo Kicillof, y agregó que llamarlo así sería “ridículo” y “una pavada atómica”.
Según el ministro, el problema es “la interpretación estrambótica” del juez Thomas Griesa: que Argentina pagara 10 veces más al 1% de lo que le pagó al 92% de los bonistas.
Kicillof dijo los 526 millones de dólares que depositamos son de los bonistas.
El ministro además criticó de nuevo la actuación de Griesa y las declaraciones del mediador Daniel Pollack.
Kicillof dijo que “no puede haber sino mala voluntad” a quienes quieren comparar esta coyuntura con el default de 2001.
El miércoles, la agencia de calificación Standard & Poor’s declaró la “suspensión de pagos selectiva” de Argentina.
El jueves, Fitch rebajó la nota de la deuda soberana argentina para situarla en ‘RD’, situación restringida de suspensión de pagos. Se trata de un default parcial, bajo el concepto de la agencia.
Un cese de pagos o default paralizaría el crédito internacional, disminuiría la productividad y podría alargar la recesión que vive el país hasta 2016, según señalan algunos economistas.
Para Guillermo Nielsen, exsecretario de Finanzas del gobierno de Néstor Kirchner, desde el punto de vista estricto del default, éste “será peor” que el de 2001, pero que la sociedad no lo sentirá así porque no existe ahora una crisis bancaria.
Según Nielsen, no hay duda de que este cese de pagos “es negativo para el bolsillo de los argentinos”.
Por su parte, el economista y consultor financiero venezonolano Alexander Guerrero, cree que el impacto del default sobre la economía argentina “será terrible”.
Argentina judicialmente está obligada a cumplir el fallo del juez Griesa que estipula que el país le pague a esos fondos unos 1.500 millones de dólares.
El gobierno ha dicho que cumplir la sentencia echaría por tierra la reestructuración de la deuda pública que realizó en 2005 y 2010 y que incluyó al 92% de los acreedores.
Hasta el 31 de diciembre, una cláusula prohíbe a Buenos Aires ofrecer voluntariamente mejores condiciones a los acreedores que no aceptaron negociar. Pero si Argentina no llega a un acuerdo, su economía entraría en cese de pagos.
Si paga, tendría que desembolsar además otros 15.000 millones de dólares para saldar la deuda con el 7 por ciento de los acreedores que no entraron a los canjes y que no se hicieron parte de la demanda que impulsan los fondos. Las reservas del Banco Central Argentino la semana pasada alcanzaron a poco más de 29 mil millones de dólares.
El pago regular por 900 millones de dólares que Argentina intentó realizar a parte del 92% de los bonistas con los que negoció fue detenido el 29 de junio por Griesa y no pudo acreditarse en una cuenta en el Banco de Nueva York para que esos bonistas cobrasen. Por la razón que sea, si este pago no se realiza en las próximas horas, el país entraría en suspensión de pagos.
Con información de José Manuel Rodríguez