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(CNN Español) – La justicia venezolana le otorgó este fin de semana la medida de prisión domiciliara al excomisario Iván Simonovis, condenado por dos muertes durante el fallido golpe de Estado a Hugo Chávez, hasta que recupere su salud.

Pero la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002 exigió al gobierno venezolano y al Tribunal Supremo explicaciones por la medida humanitaria.

Simonovis ha estado preso desde 2004 y fue condenado a 30 años por dos muertes durante el fallido golpe de Estado de 48 horas contra Hugo Chávez en abril de 2002, cuando se desempeñaba como comisionado de la Policía Metropolitana de Caracas.

El excomisario tendrá que presentar informes sobre su estado de salud cada tres meses y tiene prohibido hacer declaraciones a la prensa o utilizar las redes sociales.

La eventual salida del comisario de prisión por razones humanitarias era desde hace tiempo un reclamo de políticos opositores y activistas de derechos humanos, además de ser un motivo de disputa entre la oposición y el ejecutivo venezolano.

En entrevista con Patricia Janiot, la esposa de Simonovis, Bony Pertiñez, explicó que la cárcel militar de Ramo Verde —donde se encontraba recluido— no cuenta con el equipamiento médico para tratarlo.

Según Pertiñez, Simonovis tiene 19 patologías, incluyendo osteoporosis y afecciones coronarias.

La esposa destacó la solidaridad “del pueblo venezolano”, así como de los médicos que tratan al excomisario, quienes no les han cobrado.

“El pueblo venezolano nunca olvidó a Iván Simonovis”.

“Para nosotros la interpretación es humanitaria”, dijo Pertiñez al referirse a la medida, que había sido solicitada por la familia cuatro veces.

“Siempre hemos respetado decisiones de la justicia venezolana, aunque no las compartamos”, dijo la esposa, reiterando que es la acusación en su contra es injusta.

“Nunca he pedido tratamiento preferencial para mi esposo; lo que pido es que le apliquen lo que está establecido en la ley”.

Pertiñez dijo que cree que se trata de “una señal de un intento de reconciliación” y manifestó que la familia no tiene rencor y que quiere “seguir adelante”.

En contratste, Gonzalo Gómez, coordinador nacional de Marea Socialista, criticó en Conclusiones la medida y dijo que el Gobierno y los medios públicos no está teniendo en cuenta a las víctimas.

Según Gómez, la sentencia contra Simonovis indica que no puede haber opción de impunidad porque se trató de un crimen de violación de derechos humanos.

Gómez calificó de “justo” el juicio en que fue condenado Simonovis.

El cofundador del portal Aporrea.org dijo que Simonovis “tiene detrás suyo a grupos de poder económico” y que los defensores de las víctimas han encontrado que “se maneja con criterio político la administración de justicia”.