(CNN Español) – Los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc cumplieron tres años este 19 de noviembre.
Tras el histórico apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de las Farc, Rodrigo Londoño alias ‘Timochenko’, el pasado 23 de septiembre con el anuncio de que la paz podría firmarse en marzo de 2016, todo parece indicar que el proceso está en su recta final.
Este viernes, el presidente Santos anunció que dio la instrucción de “acelerar al máximo la búsqueda de un acuerdo de paz”, según informó la Presidencia. Santos propuso que los negociadores “entren en un ‘cónclave’ y no salgan hasta que estén resueltos todos los puntos”.
“Todo esto es para acelerar el proceso. Es más, en el día de hoy está en La Habana reunido mi hermano Enrique (Santos Calderón) –lo envié como mi mensajero personal– con ‘Timochenko’. Y entre los puntos que están tratando, uno de ellos es una propuesta para que los negociadores entren en una especie de cónclave y no salgan de ahí hasta que tengan todos los puntos resueltos”, dijo el mandatario.
No ha sido un proceso exento de polémica o problemas. Los diálogos de paz no fueron bien recibidos por algunos sectores políticos en Colombia, quienes optan por una salida armada al conflicto o por la rendición sin condiciones de la guerrilla más antigua de América Latina.
Además, varios episodios violentos por parte de las Farc como secuestros y ataques a población civil amenazaron con desestabilizar el proceso que comenzó el 4 de septiembre de 2012 cuando Santos informó que se había acordado una hoja de ruta con las Farc para alcanzar la paz y que los diálogos se lanzarían formalmente en octubre en Oslo, capital de Noruega.
En noviembre de 2012 los equipos negociadores del gobierno –liderado por Humberto De la Calle– y de las Farc dieron inicio en La Habana a un proceso que a pesar de sus altibajos ha llevado esperanza a los colombianos que anhelan ver su país en paz tras más de 50 años de conflicto armado. Los diálogos han sido respaldados por Noruega y Cuba como países garantes y Venezuela y Chile, como acompañantes.
Tras 43 rondas de negociaciones, en la mesa se han alcanzado acuerdos definitivos en tres puntos: el de desarrollo rural integral, en el de participación en política de guerrilleros presos y en el de erradicación de cultivos ilícitos, además del histórico anuncio del marco para el acuerdo de justicia transicional, que incluye la creación de una jurisdicción especial para la paz así como de mecanismos para garantizar la no extradición a EE.UU.
Quizá el momento más crítico de las negociaciones fue en noviembre de 2014 cuando Santos suspendió los diálogos tras el secuestro de un general y otras dos personas, atribuido por el gobierno a ese grupo rebelde.
El mandatario tomó la decisión luego de conocerse el secuestro del general Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. El alto oficial fue raptado por hombres con fusiles, presumiblemente del frente 34 de las Farc, en el corregimiento Las Mercedes, zona rural de Quibdó, departamento de Chocó.
Junto al alto militar también fueron secuestrados el cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego, asesora de proyectos especiales del Ejército.
“A las Farc les exijo que demuestren su voluntad de paz con acciones”, dijo Santos en ese entonces.
Los diálogos se restablecieron días después después de que las Farc acordaron liberar al general.
Opiniones encontradas frente a los acuerdos
La senadora del Partido Verde, Claudia López, que integra la Comisión de Paz del Congreso, resaltó que el actual proceso de paz que adelanta el gobierno de Colombia con las Farc es el único en 30 años en el que los colombianos podrán decir si están o no de acuerdo con lo que se pacte en las negociaciones.
“Los presidentes pueden firmar un proceso sin preguntarle a nadie y es constitucional que lo hagan”, explica López. “Al ser una negociación compleja, la decisión será trascendental porque los colombianos tienen que decir sí o no a los 5 puntos de las negociaciones”.
Según López, la paz consiste en que los grupos ilegales se desmovilicen, renuncien a las armas y puedan participar en la política, pero aclara que antes de poder elegir y ser elegidos deben cumplir con la justicia.
“En todos los procesos se negocia la participación política. Pero estoy de acuerdo en que ellos pueden participar en política sólo después de que se sometan a la justicia y cumplan con las sentencias o medidas restaurativas que les imponga la justicia transicional”, explica López y aclara que no puede haber amnistías ni indultos para los crímenes de lesa humanidad como los que comete las Farc.
“Colombia lleva 70 años pidiendo paz. El gobierno y las Farc pusieron el límite (de que en marzo se firme el acuerdo). Espero que lo cumplan porque cada día que pasa es un día más de guerra sin paz”, finaliza la congresista.
Por su parte, el senador Alfredo Rangel del partido de oposición Centro Democrático —cuyo fundador es el expresidente Álvaro Uribe, férreo opositor de las negociaciones de paz— y quien hace parte de la Comisión de Paz del Senado, dijo que uno de los inconvenientes de raíz de los diálogos en Cuba es que el gobierno nacional “graduó” a las Farc como una contraparte legítima y las sentó a negociar en condiciones de igualdad.
Según él las Farc debieron parar sus acciones delincuenciales antes de sentarse con el gobierno a negociar.
“El gobierno debió exigir una zona de concentración para los guerrilleros en una región del país. Ahora negocia un cese bilateral del fuego que paraliza a la fuerza pública, porque la guerrilla dice que no se concentra si no se acaba con el paramilitarismo”, explicó Rangel.
Para el senador opositor, una salida válida del conflicto armado en Colombia es una negociación donde no se ponga en juego la agenda nacional con un grupo terrorista, donde se garantice que haya un castigo ejemplar para quienes cometan delitos de lesa humanidad; donde las Farc entreguen las armas antes de dialogar y no puedan obtener curules en el congreso y finalmente, donde se repare integralmente a las víctimas.
¿Se acerca la firma del acuerdo?
Después del encuentro de Santos y Timochenko en La Habana —para muchos prueba de la buena fe de las partes de firmar el fin del conflicto– tanto Farc como gobierno han hecho anuncios que en ocasiones han reforzado el mensaje que la paz para Colombia podría estar cerca, pero que también han revelado que aún quedan algunas discrepancias entre las partes negociadoras.
En un emotivo y optimista discurso frente a la ONU, Santos afirmó que volvería a la ONU en 2016 como el presidente “de una Colombia reconciliada, en paz”.
“Me siento honrado de venir aquí para compartir una noticia histórica”, dijo Santos al inicio de su discurso. “Vengo a ratificar ante el mundo que el conflicto de Colombia está en camino final a una solución real”, dijo entonces el mandatario.
Por su parte, ‘Timochenko’ aseguró días después que la fecha de seis meses que puso el gobierno colombiano para firmar la paz podría retrasarse. Las declaraciones las dio al canal de televisión Telesur, en un diálogo en el que participó la exsenadora colombiana de izquierda Piedad Córdoba.
“Los seis meses pueden ser cortos, podemos hacerlo antes si hay voluntad, pero seis meses también pueden quedaron cortos, es decir, que no logremos el acuerdo final”, dijo ‘Timochenko en Telesur.
El líder guerrillero también comunicó a través de su cuenta de Twitter que los guerrilleros de las Farc ya no estarían tomando cursos militares y que desde el pasado 30 de septiembre había ordenado que se suspendiera la compra de armas:
Estos gestos de la guerrilla encienden la esperanza en muchos, pero también agitan el escepticismo en ciertos sectores de la política colombiana, que consideran que Santos ha sido laxo con las Farc.
“Luego de tres años lo que hemos visto es un proceso de paz confeccionado a la media de la Farc por el gobierno de Juan Manuel Santos”, afirma la senadora María del Rosario Guerra, del partido Centro Democrático.
“Es un gobierno que ha pisoteado la institucionalidad colombiana. Entre otras cosas, hizo una ley de reparación a las víctimas que no le ha sido suficiente, está tramitando un acto legislativo para promover la creación de una comisión especial que desarrolle los acuerdos por que el Congreso no le basta, y está planteando un consejo especial en justicia porque la justicia colombiana tampoco es suficiente”, dice Guerra.
El tema del tipo de justicia para las Farc es quizá uno de los puntos que más debate genera, pues mientras el Gobierno aboga por un acuerdo transicional, la oposición dice que eso significa que habría impunidad, y piden penas más severas.
“Nos preocupa mucho que se siga manejando la nulidad para los que han cometido delitos de lesa humanidad. No se ha hablado de cómo las Farc van a dejar los cultivos ni de cómo van a entregar los recursos. Esos deberían servir para resarcir a las víctimas”, finaliza Guerra.
Lo que falta del proceso de paz
Aún falta llegar a acuerdos sobre el tema de la reparación de ls víctimas —que se discute actualmente—, el eventual plebiscito de paz –que se ha convertido en la manzana de la discordia en esta fase final– y el referendo a través del cual los colombianos aprobarían lo acordado en La Habana.
Las Farc han dicho que el mecanismo del plebiscito para refrendar un eventual acuerdo de paz no cumpliría con el objetivo de que el pueblo acepte el acuerdo final que se firme en La Habana.
La guerrilla quiere que sea una Asamblea Constituyente la que le de bases jurídicas a los distintos acuerdos que eventualmente se firmen. El gobierno avanza con la reglamentación de la consulta popular para que sean los colombianos los que aprueben o rechacen lo que se negocia en La Habana.
“¿Qué objeto tiene gastarle tiempo a un proyecto de plebiscito que, por una parte, no ha sido consensuado en la mesa de La Habana, y que por otra, se sabe anticipadamente que la limitación de su alcance jurídico le impide aprobar disposiciones para la implementación de un acuerdo final?”, afirmó el jefe negociador de las Farc, Iván Márquez.
Las Farc piden escaños en el Congreso, una medida que varios referentes políticos en Colombia han cuestionado. Dicen que si las Farc quieren llegar al Congreso lo hagan mediante el voto popular tras comprometerse a la verdad, la justicia, la reparación.
Los meses venideros serán intensos tanto para los negociadores en La Habana como para el gobierno colombiano, que tiene la presión de finalizar lo más rápido posible el histórico acuerdo de paz para frenar más de 50 años de muerte y violencia en ese país.