(CNN Español) – Un informe elaborado por peritos del Senado brasileño confirmó que la presidenta suspendida Dilma Rousseff sí cometió el delito de responsabilidad fiscal, aunque advierte que no está demostrada su contribución en el retraso de los pagos a los bancos públicos, lo que en Brasil se conoce como patadas fiscales.
Los tres peritos designados por la comisión que adelanta el juicio político contra Rousseff concluyeron que tres de los cuatro decretos de crédito adicional firmados por la presidenta suspendida fueron irregulares, porque se implementaron sin el aval del Congreso y tuvieron un impacto negativo en el cumplimiento de la meta fiscal.
Tras conocer los resultados del informe, Rousseff aseguró que se demuestra así que el proceso de juicio político constituye un golpe de Estado, pues no hay ni base jurídica ni pruebas en su contra.
Rousseff fue suspendida del cargo por 180 días en mayo tras una votación en el Senado. Es acusada de violar las leyes presupuestarias con préstamos de bancos estatales para cubrir el déficit en el país y pagar los programas sociales en el período previo a su reelección en 2014.
Las acusaciones de corrupción han estado merodeando su administración desde 2011. Una investigación sobre un esquema de sobornos de millones de dólares a la petrolera estatal Petrobras envuelve a docenas de empresarios y líderes políticos del país, aunque Rousseff no fue acusada directamente. La mandataria dirigió Petrobras durante muchos de los años que tuvo lugar la supuesta corrupción.