(CNN) – Los decretos que ha firmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyen planes de construir un muro en la frontera, de deportar a más personas y de acabar con las ciudades santuario.
También está a la vista una prohibición temporal para refugiados y una suspensión de visas para los inmigrantes de ciertos países.
Las medidas anunciadas esta semana revelaron la información más detallada que hemos visto hasta ahora sobre el ajuste que Trump hará del sistema de inmigración en Estados Unidos. Pero aún así, quedan muchas preguntas sin respuesta sobre cómo será el desarrollo de lo que está sobre la mesa.
Estas son las siete preguntas claves que estamos planteando.
1. ¿Cuánto costará?
Esa es una pregunta que representa más de 10.000 millones de dólares. Trump ha usado ese margen para estimar a cuánto ascenderá el costo de construir un muro en la frontera con México. Y eso es sólo el principio.
Las numerosas iniciativas establecidas en sus decretos también incluyen planes para contratar al menos a 15.000 personas más (5.000 nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza y 10.000 funcionarios de inmigración adicionales). Eso podría costar otros miles de millones de dólares, si se tiene en cuenta que el presupuesto solicitado por el Departamento de Seguridad Interior para 2017 fue de 7.000 millones de dólares, con el objetivo de contratar 40.000 funcionarios.
Y no termina ahí: hay otro posible gran plan de construir más centros de detención.
2. ¿De dónde saldrá el dinero?
Como lo destacó el diario The New York Times en una historia este miércoles, no importa qué tema sea prioridad para Trump, el Congreso tiene la chequera.
El presidente tiene cierto margen de maniobra para cambiar fondos entre los departamentos, pero el dinero para las iniciativas más importantes tendrá que venir de los legisladores.
Incluso si el Congreso debe desembolsar el dinero por adelantado, Trump prometió obligar a México a pagar por el muro en algún momento, algo que los funcionarios del país latinoamericano han reiterado que nunca harán. La última posibilidad para cumplir este compromiso surgió de los funcionarios en el gobierno estadounidense: aplicar un impuesto del 20% sobre las importaciones mexicanas, a fin de financiar el famoso muro.
3. ¿Qué pasará con los beneficiados del alivio inmigratorio impulsado por Obama?
En la carrera electoral, Trump expuso sus planes para acabar con el mayor logro de su predecesor, Barack Obama, en términos de inmigración: el programa que impidió que unos 750.000 inmigrantes indocumentados, que llegaron a Estados Unidos siendo niños, fueran deportados. El programa de Acción Diferida para Llegadas de Niñez ayuda a los llamados “Dreamers” (beneficiados con esta política) a obtener licencias de conducir, matricularse en colegios y asegurar sus empleos.
Y quedan muy pocas dudas de que no terminará de tajo.
Pero hasta ahora, la administración de Trump sigue aceptando solicitudes para el programa.
4. ¿Cuál será el impacto en las “ciudades santuario”?
Uno de los decretos de Trump dispuso que el gobierno federal reducirá los recursos para las ciudades que se nieguen a cooperar con los funcionarios de inmigración.
Lo que significa que la financiación federal, que proporciona millones de dólares a los gobiernos locales, podría estar en juego.
Las llamadas “ciudades santuario” aseguran que están comprometidas a proteger a sus residentes indocumentados de una eventual deportación y se están uniendo para enfrentar lo que probablemente se convierta en una batalla legal.
Ya el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró que está listo para ir a la corte en este asunto y seguramente otros lo seguirán.
5. ¿Cuándo empezaremos a ver estos cambios?
Es probable que la mayoría de cambios significativos en la política inmigratoria de Estados Unidos no sucedan de la noche a la mañana.
Sin embargo, incluso un pequeño memorándum definiendo las prioridades puede representar un gran impacto en la manera de manejar los casos individuales. Ya lo vimos en 2014, cuando el gobierno de Obama emitió nuevas directrices para reemplazar los esfuerzos de fiscalización para poder centrarse en las personas que estaban cruzando las fronteras y en los criminales que implicaban una amenaza para la la seguridad pública. Ese cambio significó que algunos casos fueran abandonados por completo, mientras que otros fueron reprogramados en la agenda de la corte para llevarse a cabo varios años después.
Los decretos de Trump derivarán en una mano dura contra los inmigrantes acusados de delitos criminales y también podrían ser una señal de que los casos que habían sido olvidados se conviertan en una prioridad.
6. ¿Qué tanto se demorarán los decretos en ser realidad?
Solo porque algo aparezca en un decreto no quiere decir que vaya a ser una realidad.
El presidente Obama intentó un enfoque similar, en 2014, para expandir el programa de alivio inmigratorio para quienes fueron llevados a Estados Unidos siendo niños y para crear un nuevo plan que ayudara a sus padres.
Los dos proyectos enfrentaron retos legales y estuvieron estancados en la justicia durante años, antes de que la Corte Suprema zanjara la discusión de si eran o no constitucionales, acabando con las medidas que habrían ayudado a más de 4 millones de inmigrantes indocumentados a salir de las sombras.
7. ¿Estas medidas tendrán consecuencias para las personas que no son inmigrantes indocumentados o refugiados?
Lo más probable es que sí. Pero la manera en que se aplicará aún no es clara.
Los activistas rechazaron rápidamente una política que prohibiría a las personas de Iraq, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia o Yemen ingresar a Estados Unidos durante 30 días, definiéndolo como una medida islamofóbica y equivalente a una “prohibición musulmana”.
Los detalles de la política aún no han sido anunciados oficialmente y no está sobre la mesa cómo se aplicaría a los inmigrantes originarios de esos países que ya tienen visas para estar en el país, para estudiar o trabajar.
Tampoco está claro cómo las autoridades de inmigración abordarán el enfoque insistente de deportación planteado por Trump. Sin embargo, es posible que quienes tienen la ‘green card’ y otros residentes legales terminen enfrentando procesos de deportación si tienen cargos en sus registros.