(CNN Español) – La fiscal general de Venezuela Luisa Ortega acudió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia a presentar un recurso relacionado con la realización de la Asamblea Constituyente en ese país, propuesta por el presidente Nicolás Maduro.
Con constitución en mano, Ortega explicó que el proceso constituyente pretende vulnerar los derechos humanos. La fiscal dijo que la constitución establece que bajo ninguna circunstancia los derechos humanos pueden ser desmejorados y agregó que la constitución fue aprobada en un proceso de participación y consulta de todo el pueblo venezolano y no pueden ir hacia atrás.
Ademas, Ortega dice que con esta propuesta la participación popular ha sido reducida a su mínima expresión y eso es lo que vulnera la progresividad de los derechos humanos. Deben tener más o igual participación de la que tuvo en 1999 por que si no, sería un retroceso, dijo.
Ortega agregó que el único soberano en la tierra venezolana es el pueblo y el Tribunal debe aclarar si la democracia participativa perdió vigencia.
La fiscal de Venezuela terminó diciendo que, “la decisión emanada de un poder que actúa en representación del pueblo, está por encima del pueblo mismo.”
La Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Maduro tendría el poder de reorganizar el Estado y podría llevar a la redacción de una nueva constitución nacional.
Maduro dijo que el ministro de Educación Elías Jaua será el líder de esta Asamblea Nacional.
El mandatario dijo que la Asamblea Nacional Constituyente será “no una Constituyente de partidos ni élites, una Constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina, una Constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente indígenas, pero sobre todo hermanos una Constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal. Convoco a los comuneros, a los misiones”, afirmó el 1 de mayo cuando la propuso.
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La oposición advierte que no puede ser una asamblea constituyente comunal y dice que el Gobierno le está quitando al pueblo el derecho a votar, que según ellos es la vía adecuada para una solución a la crisis y constituye un verdadero diálogo nacional.
El estado de malestar generalizado en el país surgió el 29 de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) emitió una sentencia para asumir las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, lo que se ha sumado a los problemas sociales y de desabastecimiento de productos básicos. La oposición se indignó y calificó la medida como un golpe. Tres días después, el alto tribunal dio marcha atrás, pero el descontento de los venezolanos no se detuvo y han seguido saliendo de manera masiva a las calles.