(CNN) – Habitantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia, al nororiente de Colombia, denunciaron este fin de semana que supuestos paramilitares llegaron a este lugar con el fin de asesinar a líder y representante legal de la comunidad, Germán Graciano Posso, según un comunicado en su página web.
Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre en horas de la mañana cuando cinco “paramilitares”, según el comunicado, se hicieron pasar por comerciantes de cacao e incursionaron a la bodega donde la comunidad comercia este producto. Acto seguido, los hombres armados “amenazaron de muerte” a los integrantes de la comunidad, quienes a su vez “forcejearon con los criminales hasta lograr quitarle el arma a uno de ellos e inmovilizar a dos paramilitares quienes fueron atados”, agrega el comunicado. Los presuntos paramilitares tenían en su poder una pistola SIGSAUER calibre 9 mm, según la cuenta de Twitter de la comunidad de paz de Apartadó.
En el forcejeo, agrega el comunicado, varios miembros de la comunidad resultaron heridos y dos de los supuestos paramilitares fueron inmovilizados y entregados a las autoridades, que llegaron horas después para atender el llamado de alerta, según su página web.
La comunidad de paz de San José de Apartadó es reconocida por haberse declarado como territorio neutral en el conflicto armado colombiano hacia de la década de los 90, rechazando cualquier actor armado, incluso el Ejército, según reseña el Centro Nacional de Memoria Histórica. En 2011, la comunidad de San José de Apartadó fue nominada al Premio Sájarov a la libertad de conciencia reconociendo el “coraje, la resistencia y la dedicación a los valores de paz y justicia” que esta comunidad ha demostrado durante años “en un ambiente de brutalidad y destrucción”.
El atentado, “fue como un relámpago de muerte que tocó a nuestras puertas anunciando un retorno macabro a los años del comienzo en que los funerales se sucedían en cadena y con escasos intervalos”, dijo la comunidad en otro comunicado un día después de los hechos.
La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó “los hechos violentos” contra Germán Graciano Posso, y exigió una “investigación rápida y garantías de seguridad para la comunidad”.
Una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo de Colombia y el Viceministerio del Interior llegaron a San José de Apartadó para atender las denuncias de la comunidad y recibieron a los presuntos atacantes para ponerlos a disposición de la Fiscalía.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por los hechos e hizo un llamado a las autoridades competentes para que activen los mecanismos de prevención para la comunidad.
¿Qué pasa con la violencia contra líderes sociales en Colombia?
Un año después de haberse firmado el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, en presidente Juan Manuel Santos reportó un descenso en las cifras de homicidios en el país.
Según Santos, la tasa de homicidios bajó a 24 por cada 100 mil habitantes en 2017. La cifra que representa el menor nivel de homicidios desde 1985, según dijo el Ministerio de Defensa de Colombia el pasado 26 de diciembre.
Desde agosto de 2016, el acuerdo de paz previno al menos 2.796 muertes, según cifras del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).
Sin embargo, defensores de derechos humanos han denunciado constantemente la amenaza paramilitar en el país, asegurando que estos están retomando los territorios dejados por las FARC, y según un informe del Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz, Indepaz, estos grupos hacen presencia en 344 municipios de 31 departamentos del país.
La Defensoría del Pueblo dijo que había una situación de riesgo persistente para los líderes sociales y reportó que entre enero de 2016 y julio de 2017, había registrado 186 casos de homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos.
El gobierno nacional no reconoce el fenómeno del paramilitarismo. A principios de 2017 el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que reconocerlos como tal sería “otorgarles reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común y organizada”.
Sin embargo, el pasado 12 de diciembre, Villegas dio a conocer el Plan Orus, una estrategia militar que desplegó a 63.000 policías y militares en 67 municipios y 595 veredas para proteger a los líderes sociales que puedan sufrir amenazas.