Nota del editor: Rafia Zakaria es autora de “The Upstairs Wife: An Intimate History of Pakistan” (Beacon 2015) y de “Veil” (Bloomsbury 2017). Es columnista del periódico Dawn en Pakistán y The Baffler. Las opiniones expresadas en este artículo son propias de la autora.
(CNN) – Un memorando presidencial anuncia el inminente fin del otorgamiento de asilo a los refugiados por parte de Estados Unidos. El lunes, el presidente Donald Trump le pidió al Departamento de Seguridad Nacional desarrollar propuestas que exijan a quienes pidan asilo el pago de una tarifa para tramitar sus solicitudes y que se limite severamente el acceso a los permisos de trabajo.
Estos cambios planteados no son las únicas formas en que el gobierno de Trump ha desgranado y modificado las leyes y reglamentos de asilo. El 17 de abril, el secretario de Justicia, William Barr, decidió que los solicitantes de asilo que están detenidos pero que han pasado sus entrevistas iniciales no serán elegibles para salir bajo fianza, lo que abre la posibilidad de su detención indefinida. La semana anterior, el Gobierno anunció planes de poner a cargo a los agentes de la patrulla fronteriza (en lugar de a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización) de las entrevistas iniciales a los solicitantes de asilo, con la intención de reducir el número total de los que resultan elegibles.
Estos cambios propuestos, junto a otros que los han precedido, prácticamente eliminarán el asilo como opción legal a quien sea que esté huyendo de la persecución. Quienes buscan asilo llegan a suelo estadounidense, probablemente desposeídos, han huido para salvar sus vidas. La razón por la que previamente no se exigía el pago de una cuota para las solicitudes de asilo era porque, con sentido común, se reconocía que sería una flagrante injusticia que alguien no pudiera presentar su solicitud, por no contar con ese dinero.
Aun cuando los solicitantes de asilo puedan pagar la tarifa que Trump ha pedido, los esperan muchos más obstáculos. Según un nuevo programa piloto, los solicitantes de asilo podrían luego enfrentarse a un interrogatorio de un guardia de la patrulla fronteriza que evaluará si existe un “miedo creíble de persecución”. El problema con esta nueva propuesta, que da el poder a los guardias a expensas de los funcionarios de inmigración, es que pone a los agentes policiales en la posición de interpretar y aplicar también la ley.
Su equivalente sería que un agente de policía que hace un arresto fuera el juez en la primera audiencia judicial. Sin embargo, para un gobierno que quiere restringir la inmigración a todo costo, esto suena como un plan perfecto.
El hecho de que el memo de Trump propone que las solicitudes de asilo deben ser adjudicadas en 180 días significa también que quienes han presentado la solicitud no tienen acceso a permisos de trabajo. Según la ley actual, los solicitantes de asilo pueden pedir un permiso de trabajo si han pasado 150 días desde que fue presentada su solicitud. Y son elegibles para recibir el permiso, en cualquier momento, después de 180 días.
Esto no será una opción por otra regla ya promulgada por Barr. Hasta hace unas semanas, los solicitantes de asilo que pasaran la entrevista inicial que determina “el miedo creíble de persecución” eran elegibles para pagar una fianza y ser liberados mientras se adjudicaba su solicitud. Como mencioné, según el anuncio más reciente de Barr, estas personas que buscan asilo ya no podrán pedir salir bajo fianza. Si no pueden pagar una fianza, seguirán detenidas, y de ser así, no podrán salir a buscar empleo.
Aun cuando la determinación tome más de 180 días, Trump ha propuesto que nada impide que estas personas sigan detenidas indefinidamente hasta que se haya decidido su caso.
Este retraso es muy posible, dada la carga actual de casos en los tribunales de inmigración en EE.UU. Según los informes TRAC, del programa de investigación y datos de la Universidad de Syracuse, los tribunales de inmigración de EE.UU. tienen un retraso de más de 800.000 casos y el tiempo promedio de adjudicación es de 736 días.
Estos cambios recientes, algunos de los cuales ya fueron implementados, llegan después del esfuerzo sistemático del gobierno de Trump por estrechar los criterios de lo que constituye el asilo (según el derecho de EE.UU., el asilo requiere que se demuestre una persecución anterior o que se establezca un miedo fundado a ser perseguido con base en “la raza, la religión, la nacionalidad, el ser miembro de un grupo social en particular, o la opinión política”). A mediados del año pasado, el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció que quienes huían de violencia doméstica o de violencia de las pandillas ya no iban a ser considerados elegibles para obtener asilo. Actualmente, Barr está considerando si el ser miembro de una familia se puede contar como “el ser miembro de un grupo social particular”. Dada su aparente antipatía para con los solicitantes de asilo, es muy probable que diga que no.
Todo esto implica la eliminación del asilo como un recurso legal para los muchos que huyen de la persecución cada año. Vale la pena notar que las estadísticas de negativa de asilo, entre 2012 y 2017, muestran que los primeros diez países de origen a los que más se han negado las solicitudes de asilo eran todos países de población mayoritariamente no blanca. Las nuevas reglas de asilo solo exacerbarán esta situación. Un Estados Unidos que desaira a los torturados del mundo es el tipo de país visualizado por los nacionalistas blancos y que el gobierno de Trump sistemáticamente está haciendo realidad.
Esconder astutamente la xenofobia detrás de elementos legales y galimatías reglamentarias son las herramientas que el gobierno de Trump ha desplegado para distraer del hecho de que la posibilidad de asilo, como ha existido en Estados Unidos, virtualmente está siendo eliminada para la mayoría de las personas perseguidas en el mundo. En vez de un refugio seguro, el Estados Unidos de Trump sumido en el miedo, solo ofrece centros de detención y rechazos a estas almas heroicas.
(Traducción de Mariana Campos)