(CNN) – Los doctores Scott Allen y Pamela McPherson estaban acostumbrados a trabajar tras bastidores, documentando en silencio las cosas devastadoras que habían visto.
Deditos de niños destrozados por puertas de celdas. Un niño que había perdido casi un tercio de su peso en cuestión de días. Dosis incorrectas de vacunas y diagnósticos erróneos.
Cada incidente, dicen los doctores, fue meticulosamente documentado en los reportes que entregaron al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, o DHS por sus siglas en inglés.
Allen es médico internista y McPherson es psiquiatra. Ambos están bajo contrato como expertos para la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del DHS.
Su misión: inspeccionar las instalaciones donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, mantiene detenidas a las familias inmigrantes.
Por años, las opiniones de estos médicos, así como las instalaciones que inspeccionaban, permanecieron en las sombras, sin ser vistas por los legisladores y fuera de la luz pública.
Eso cambió, según ellos, cuando las políticas del gobierno de Trump no les dejaron otra opción. Los médicos se convirtieron en informantes, alzando sus voces con una advertencia grave. La detención de familias no es segura, dijeron, y las vidas de los niños corren peligro.
“Les escribimos a ustedes, miembros del Congreso con responsabilidades de supervisión, porque tenemos la obligación de elevar nuestras preocupaciones sobre las amenazas presentes y futuras hacia los niños a raíz de las expansiones actuales y a futuro del programa de detención de familias”, dijeron los doctores en una carta a los líderes del Caucus de Protección a los Denunciantes del Senado.
Su nueva misión: mostrarle al mundo que la detención de familias debe ser suspendida.
“La detención de niños inocentes jamás debería ocurrir en una sociedad civilizada, especialmente cuando hay opciones que son menos restrictivas, porque el riesgo de maltratar a los niños simplemente no tiene justificación”, escribieron.
La carta fue enviada hace casi un año. Y escribirla cambió sus vidas.
Pero la detención de familias no ha parado desde que los doctores alzaron sus voces.
En numerosas ocasiones desde el día en que mandaron la carta en julio de 2018, el gobierno de Trump ha sentado las bases para políticas que incrementarían el número de familias inmigrantes detenidas. En una solicitud presupuestaria reciente, la Casa Blanca pidió fondos para financiar 960 camas adicionales en los centros de detención de familias, un aumento que casi duplicaría la cantidad de personas alojadas en uno de los centros de detención de familias en el sur de Texas.
Para Allen y McPherson, lo que empezó con una carta al Congreso se ha convertido en una búsqueda sin fin.
“Cada día que pasa en el que niños sigan detenidos, sin reconocimiento alguno de los riesgos que hemos reportado, me alarma aún más”, le dijo Allen a CNN en una entrevista reciente.
Lo que presenciaron
Cuando los dos médicos empezaron a inspeccionar los centros de detención de familias de ICE en 2014, no eran unos novatos en el sistema judicial. Allen, quien dirige una clínica para adultos con discapacidades en California, trabajó por años como director médico para el Departamento de Correccionales del estado de Rhode Island. McPherson, quien es psiquiatra infantil y forense en Shreveport, Luisiana, ha trabajado en centros de detención juvenil por tres décadas.
A pesar de esto, los médicos dicen que lo que vieron en las 10 inspecciones que condujeron juntos en los centros de detención de familias de ICE les sorprendió y les alarmó.
Allen y McPherson dicen que documentaron sus preocupaciones en numerosas ocasiones en reportes que entregaron al Departamento de Seguridad Nacional durante el gobierno de Barack Obama, y sintieron que quienes estaban a cargo en ese entonces los escucharon. Pero explican que dos cosas los llevaron a hablar más públicamente sobre el tema después de que Trump llegó a la presidencia: el aumento en la separación de familias en la frontera y los planes de ampliar la detención de familias en vez de disminuirla.
“Había rumores de que la detención de familias iba a ser incrementada”, dijo McPherson. “Solo la idea de que las cosas que habíamos visto serían magnificadas y multiplicadas nos llevó a tomar acción”.
En su carta al Congreso el año pasado, los médicos explicaron detalladamente los preocupantes casos que según ellos representan problemas en el sistema que empeorarían en caso de expandirse la detención familiar:
Pérdida de peso significativa en niños que pasó desapercibida por el personal médico del centro, incluyendo un bebé de 16 meses que perdió casi un tercio de su peso en 10 días durante una enfermedad que le ocasionó diarrea, pero que sin embargo nunca recibió fluidos intravenosos y nunca fue referido a una sala de emergencias.
Un bebé de 27 días que sufrió una convulsión a raíz de un sangramiento en el cerebro que no fue detectado por el personal del centro cuando llegó.
Múltiples niños que sufrieron heridas graves en sus dedos mientras estaban detenidos en un centro diseñado inicialmente como una prisión de seguridad mediana para adultos.
“Eso me inquietó mucho”, dijo Allen, quien describió cómo descubrieron lo que había pasado mientras revisaban los registros de los niños que habían sido llevados a la sala de emergencias.
“Son dedos destrozados, con laceraciones significativas, probablemente algunas desfiguraron los dedos de estos niños. Y tú empiezas a preguntarte, ¿cómo es que están pasando estas cosas? Y resulta que hay unas puertas pesadas con resortes en estas instalaciones construidas para detener a hombres adultos en un centro de seguridad mediana. Y se te prende el bombillo que esto es un desastre total”, dijo. “Porque están usando celdas, pero las pintan de colores bonitos y ahora las llaman dormitorios. Pero todavía tiene la misma puerta”.
Una vez que señalaron el problema, según dice Allen, los oficiales se demoraron en corregirlo, algo que él describe como “muy desalentador de ver”.
“En algún lugar hay niños caminando con dedos desfigurados por el resto de sus vidas”, dice Allen, “porque nadie se dio a la tarea de solucionar el problema”.
Este es solo un ejemplo, dicen los doctores, de cómo la detención de las familias pone a los niños en peligro. También dicen que no es que el personal dentro de los centros no esté tratando de hacer lo correcto.
“No es que a la gente en estos centros no les importe los niños… se trata de gente buena tratando de mantener a los niños seguros en un ambiente que es muy peligroso para ellos en la forma en que fue diseñado, tal vez a propósito. Y les han pedido que lleven a cabo políticas problemáticas, que yo diría son hasta malintencionadas, y que lo hagan en una forma que minimice el daño a los niños”, dice Allen. “Es una tarea imposible”.
Y no hay esfuerzo alguno que pueda realmente solucionar los problemas que existen, dice Allen, quien describe los intentos de mejorar las condiciones en los centros de detención familiar como “ponerle curitas” al asunto, un esfuerzo destinado a fracasar.
“Incluso si tuvieras dinero y recursos para contratar suficiente personal y darles programación a estos centros”, dice Allen, “el simple acto de detener y de detener de forma indefinida…es irreparablemente dañino para los niños”.
ICE defiende a sus centros de detención
McPherson y Allen no son los primeros expertos en salud en criticar las condiciones en los centros de detención de familias.
Pero ICE ha defendido sus centros repetidamente ante las críticas. Durante un intenso interrogatorio por parte de los legisladores el año pasado, un alto funcionario de ICE dijo que los centros de detención de familias se parecen más a campamentos de verano que a cárceles.
“Hay canchas de baloncesto, clases de ejercicio, instalamos campos de fútbol”, dijo.
“Tienen amplia atención médica, dental y de salud mental. De hecho, para muchos de estos individuos la primera vez que si quiera han visto un dentista es cuando vienen a uno de nuestros centros de detención familiar”.
Ese funcionario, Matthew Albence, fue luego promovido al cargo de director interino de la agencia.
Cuando CNN pidió a ICE una respuesta a las preocupaciones que Allen y McPherson han descripto en sus cartas, una representante de ICE citó un reporte escrito en junio de 2017 en el que el inspector general del DHS describe las instalaciones como “limpias, organizadas y eficientes”.
“Los centros residenciales familiares proveen un lugar seguro para las familias encontradas por la Patrulla Fronteriza mientras estas son procesadas y posteriormente liberadas dentro de Estados Unidos con una citación para aparecer en una corte de inmigración”, dijo Danielle Bennett, vocera de ICE, en un comunicado escrito.
“Inmigración y Control de Aduana en los Estados Unidos (ICE) se asegura de que estos centros residenciales operen en un ambiente abierto, el cual incluye cuidados médicos, salas de juegos, trabajadores sociales, servicios educativos y acceso a un consejero legal”, indicó.
Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional también defendió las instalaciones cuando CNN le preguntó sobre las preocupaciones de los médicos.
“DHS se toma muy seriamente la responsabilidad de cuidar a aquellos en nuestra custodia”, dijo el portavoz. “Hacemos todo lo que está en nuestro poder para asegurar la seguridad de cada niño en nuestros centros de detención”.
La decisión de alzar la voz
Cuando Allen y McPherson decidieron alzar su voz, contactaron al Government Accountability Project -algo así como Proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno- una organización conocida por proteger a informantes, y pidieron ayuda.
Hablaron también con sus familias, avisándoles del largo camino en el que estaban por embarcarse.
McPherson les dijo a sus vecinos que cámaras de televisión podían aparecer en su calle.
Después se prepararon.
Dana Gold, una de las abogadas del Government Accountability Project y representante legal de los doctores, explica que informantes como Allen y McPherson con frecuencia enfrentan repercusiones serias por alzar su voz.
“Podrían ser denigrados. Podrían enfrentar una cantidad enorme de hostilidad. Podrían encontrarse en la lista negra dentro de su campo”, explicó Gold.
Hasta ahora, los doctores dicen que no han experimentado rechazo profesional alguno. Por el contrario, han sido honrados con premios de grupos como Physicians for Human Rights (Médicos por los Derechos Humanos) y Ridenhour Prize for Truth-Telling (Premios Ridenhour por Contar la Verdad).
Pero son conscientes de que cada vez que comparten su historia, vuelven a exponerse a ciertos riesgos.
“Hasta cierto punto todavía estoy nervioso. Creo que vivimos en tiempos en los que la decencia y las reglas normales no parecen aplicarse, y en los que la gente puede ser particularmente cruel”, dice Allen. “Así que no me tomo nuestra situación a la ligera…A cada paso tratamos de proceder con cautela, mientras al mismo tiempo hacemos lo que tenemos que hacer”.
Y mientras han sido elogiados por colegas y amigos, McPherson y Allen dicen que hay dos cosas que no han ocurrido desde que escribieron su primera carta al Congreso.
Primero, no les han pedido que inspeccionen los centros de detención de familias otra vez.
Y las políticas del gobierno en cuanto a la detención de familias no han cambiado.
Planes de incrementar las detenciones
Tres centros de detención de ICE hospedan actualmente a familias inmigrantes: el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley; el Centro Residencial del condado Karnes, en Texas; y el Centro Residencial Familiar de Berks en Leesport, Pensilvania.
Según las últimas cifras de ICE, más de 1.200 miembros de familias se encontraban en centros de detención: 1.223 en Dilley y 13 en Berks. Karnes hospeda por el momento sólo a mujeres adultas, según explicó ICE. Oficiales de la agencia han dicho que Karnes volverá a hospedar familias otra vez este año.
El gobierno de Trump ha tomado varios pasos hacia la expansión de las detenciones familiares:
• En su orden ejecutiva que anuncia el fin a la separación de familias, el presidente Trump escribió que su gobierno mantendría a las familias juntas “incluso a través de la detención de familias juntas cuando sea apropiado”.
• Funcionarios del gobierno también han propuesto nuevas regulaciones que eludirían un mandato federal que limita a 20 días el período que los niños pueden estar en detención. De ser implementado, el plan del gobierno Trump permitiría la detención indefinida de familias.
• En solicitudes de presupuesto, funcionarios del gobierno han delineado repetidamente planes para aumentar la capacidad de los centros de detención de familias. El proyecto de presupuesto de la Casa Blanca para 2020 incluye un plan para expandir la capacidad a 10.000 camas en los centros de detención de familias, lo cual aumentaría cuatro veces el número de camas que son financiadas en el presupuesto actual. Y en una reciente solicitud de presupuesto de emergencia, la Casa Blanca le pidió al Congreso que aprobara el presupuesto para añadir 960 camas al centro de Dilley.
Y los funcionarios dicen que el gobierno considera la posibilidad de deportar a más familias para así disuadir a otros migrantes de emprendan su viaje al norte. No han dicho si esos planes significarían la detención de familias, pero dadas las dificultades en la planificación de vuelos de deportación, es probable que cualquier esfuerzo para deportar a una gran cantidad de familias también signifique más detenciones de inmigrantes.
Allen y McPherson dicen que están preocupados por todo esto y perturbados por otro hecho: la última vez que les pidieron que inspeccionaran las instalaciones de ICE fue en septiembre del 2017.
“La falta de supervisión es alarmante”, escribieron los doctores en una segunda carta al Congreso en marzo, pidiéndoles a los legisladores que aprueben una ley que prohibiría cualquier detención de niños debido a lo que ellos dicen es “una incapacidad comprobada por parte del DHS de brindar atención médica y de salud mental necesaria a la población inmigrante que cruza la frontera sur”.
Allen y McPherson permanecen bajo contrato como expertos en su área, trabajando para la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, lo cual incluye inspeccionar los registros médicos y llevar a cabo investigaciones de las instalaciones, le dijo a CNN un funcionario del DHS.
La Oficina de Derechos y Libertades Civiles ha recibido 36 alegatos relacionadas con los centros de detención de familias de ICE desde ese entonces, según dijo el funcionario, pero no ha llevado a cabo ninguna nueva inspección de las instalaciones porque el personal ha estado trabajando con ICE para implementar las recomendaciones que surgieron de la inspección del 2017.
“Planeamos conducir una investigación en el año fiscal 2020 para hacer seguimiento y evaluar la implementación de las recomendaciones del 2017 e investigar cualquier otra queja que recibamos”, dijo el funcionario.
“Hemos puesto sobre aviso a todos los que podemos”
Para Allen y McPherson, la expansión de la detención de familias es el peor de los escenarios.
“La práctica de detener a niños y familias ya no es un problema de una política a debatir”, escribieron en la carta que enviaron al Congreso en marzo. “Es una política premeditada que le infringe daño a los niños a sabiendas, incluyendo el riesgo de muerte”.
Los doctores dicen que los problemas que detallaron en sus cartas muestran lo difícil que es brindarles cuidados a niños vulnerables en centros de detención de familias que son relativamente pequeños.
“Ahora tomas eso y lo tratas de aumentar rápidamente. Va a ser un desastre”, dice Allen, quien explica también que esto no tiene que ser así.
A raíz de las decisiones de política, dice Allen, los niños y las familias son detenidos primero, y los exámenes y cuidados médicos apropiados ocurren después.
“Esa es exactamente la forma incorrecta de hacerlo”, dice Allen. “Como médicos, decimos, examínenlos primero, asegúrense de que estén seguros, asegúrense de estén saludables, y después pónganlos en el proceso de asilo”.
Abordarlo de esta forma, según Allen y McPherson, debería hacerse en la comunidad, no tras las rejas.
“Cuando tú pasas el detector de metales y una tras otra puerta bajo candado, y después ves niños jugando y mujeres caminando cargando a sus niños pequeños, es una experiencia surreal”, dijo McPherson. “No creo que se puede vivir eso sin preguntarse ‘¿por qué están estos niños en una instalación con tanta seguridad? ¿Por qué están estos niños en lo que solía ser una prisión para adultos?’. Es desconcertante”.
Mientras las políticas cuyo propósito sea aumentar la detención de familias continúen, los médicos han jurado seguir alzando sus voces para exponer los peligros.
“No nos vamos a ir, y vamos a dejar un registro claro y por escrito que hemos puesto sobre aviso a todos los que podemos”, dijo Allen. “Nuestra meta es proteger a los niños. Pero si les fallamos, queremos dejar un registro para la historia que documente quien fue notificado del daño inminente a los niños y no hizo nada al respecto”.