(CNN Español) – El gobierno de Colombia reforzará la seguridad para miles de excombatientes desmovilizados de las FARC, en medio de denuncias del partido FARC de aumento de amenazas y homicidios de exguerrilleros.
Según el Gobierno, serán 23 medidas para proteger los combatientes que dejaron las armas tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016.
Entre esas medidas está la implementación de un centro de información integrado para atender las denuncias de amenazas. Con esa información se busca establecer de dónde provienen las amenazas, según dijo la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez.
“Es allí donde se va a fortalecer la acción del Estado”, dijo Gutiérrez. “La importancia de fortalecer la investigación, no solo para esclarecer los crímenes o los homicidios, sino una investigación criminal que abarque la posibilidad de identificar a las personas que están generando la autoría intelectual de estos casos”.
Además se implementarán medidas preventivas con alertas tempranas específicas sobre los excombatientes de la Defensoría del Pueblo y se aumentarán las medidas de protección durante las elecciones locales de octubre (allí se elegirán alcaldes, concejos, gobernadores y asambleas departamentales) para garantizar la participación política, uno de los puntos convenidos en los acuerdos de paz de La Habana.
Según el Partido FARC, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados al menos 130 exguerrilleros, 20 de ellos hasta junio de 2019.
“Estamos exigiéndole al gobierno nacional que nos dé plenas garantías a quienes dejamos las armas para que podamos hacer nuestro proceso de reincorporación socioeconómica de reincorporación política”, dijo el senador del Partido FARC, Julián Gallo, a periodistas en Bogotá.
El Gobierno y la Fiscalía dicen que son 115 los excombatientes asesinados, pero no reconoce que haya sistematicidad en el asesinato de ellos y en cambio dice que la causa de esto es la pelea de grupos armados por economías ilegales.
“No se presenta una sistematicidad”, dijo Gutiérrez. “Definitivamente el origen y la causa de estos homicidios y amenazas es el narcotráfico y economías ilegales”.
Aunque el presidente Iván Duque ha reiterado que la violencia contra los excombatientes y líderes sociales es responsabilidad de grupos de delincuencia organizada como ELN, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pelusos’, ‘Los Caparrapos’, ‘Los Puntilleros’, entre otros, este jueves el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que son las mismas disidencias de las Farc las que están asesinando a los excombatientes.
“Hay absoluta claridad que quienes están afectando a los miembros [del partido] FARC son en su mayoría las propias disidencias”, dijo Ceballos en una rueda de prensa el 27 de junio.
El gobierno dice que de los casi 13.000 guerrilleros que se desmovilizaron, 12.000 están en proceso de reincorporación con la Agencia de Reincorporación Nacional. De ellos 3.200 están en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde hacen su transición a la vida civil, y 8.600 están en el resto del país. Estos últimos hacen parte de un “esquema de seguridad combinado” entre diferentes entidades del Estado, según la ministra del Interior.
De acuerdo con Guitérrez, los homicidios se han concentrado en menos del 20% de la totalidad de municipios del país, aunque un informe de Medicina Legal de mayo de 2019 reportó que los asesinatos a líderes sociales, exguerrilleros y defensores de derechos humanos ocurrieron en casi el 90% del territorio nacional.