(CNN) – La administración de Donald Trump propuso una regla el año pasado para cambiar la forma en que los funcionarios de inmigración determinan si un inmigrante es un “carga pública” —un estatus que significa que la persona es “principalmente dependiente” de la asistencia del Gobierno—, lo que podría contribuir a que algunos solicitantes de tarjeta de residencia o visa sean rechazados si tienen bajos ingresos o poca educación.
Según un nuevo estudio, el temor al cambio propuesto en la definición de “carga pública” también podría poner en riesgo las necesidades médicas y nutricionales de millones de niños.
La norma propuesta, anunciada en septiembre, ampliaría el concepto de carga pública para incluir beneficios más utilizados, como Medicaid, cupones de alimentos, asistencia para vivienda y el subsidio de medicamentos de Medicare para personas mayores de bajos ingresos.
La propuesta se aplica a aquellos que buscan ir a Estados Unidos y a los que ya están ahí y que desean extender su estadía. Incluso si los inmigrantes deciden no utilizar los beneficios públicos para los que pueden ser elegibles, el Gobierno podría, según la norma propuesta, decidir que es probable que lo hagan “en cualquier momento en el futuro” y así rechazarlos de Estados Unidos.
La administración dice que la renovación propuesta de la regla de carga pública está diseñada para garantizar que los inmigrantes puedan mantenerse financieramente.
Ahora, el nuevo estudio, publicado en la revista médica JAMA Pediatrics el lunes, sugiere que, si se implementa, el cambio de la regla provocará la cancelación de la inscripción de aproximadamente 1,4 millones de niños en Medicaid, el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP) o asistencia alimentaria; específicamente, el estudio estimó entre 800.000 y 1,9 millones de niños.
Las familias podrían cancelar la inscripción de sus hijos por temor que su estatus migratorio pueda ser cuestionado debido al uso de ciertos beneficios.
“Lo que sabemos por otros estudios es que debido a que existe tanto temor y confusión acerca de esta regla en particular, muchas personas se están dando de baja de estos beneficios incluso cuando la regla no se aplica a ellos”, dijo la Dra. Leah Zallman, profesora asistente de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard y directora de investigación en el Instituto para la Salud Comunitaria, quien fue la primera autor del estudio.
“Así que nosotros, al igual que otros considerados no somos ciudadanos —aunque los no ciudadanos no están sujetos a la regla— corremos el riesgo de que se nos cancele nuestra inscripción o la de nuestros familiares”, dijo Zallman, quien también es internista y practica atención primaria en Cambridge Health Alliance en Massachusetts.
El cambio de regla propuesto en sí mismo “solo se aplica en el punto de entrada o cuando se obtiene el estado de la tarjeta verde e incluso entonces hay alguna exclusión”, dijo. “Así que creo que es realmente importante resaltar que solo se aplica técnicamente a una pequeña parte, y que ni está finalizado ni está en vigor ni será retroactivo”.
El Centro Nacional de Leyes de Inmigración recomienda que las familias que planean solicitar una tarjeta verde o una visa continúen utilizando programas de salud, vivienda y nutrición cuando sea necesario.
Al analizar los datos de la Encuesta del Panel de Gastos Médicos 2015, Zallman y sus colegas estimaron cuántos niños en Estados Unidos actualmente inscritos en Medicaid, CHIP o el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) pueden estar en riesgo de que se cancele su inscripción a los beneficios debido a que viven con un adulto que es un no ciudadano. Se encontró que eran aproximadamente 8,3 millones de niños.
Luego, los investigadores determinaron que 5,5 millones de estos niños tienen una necesidad médica específica, incluidos 615.842 con asma, 53.728 con epilepsia, 3.658 con cáncer y 583.700 con discapacidades.
Los investigadores también asumieron una tasa de cancelación de inscripción del 25% entre los niños en riesgo. Esa tasa fue modelada después de estudios previos que midieron las tasas de cancelación de la inscripción entre inmigrantes elegibles en el momento de la reforma de la asistencia social de 1996.
El estudio tenía algunas limitaciones, entre ellas el hecho de que los investigadores no pudieron estimar la cantidad de niños en hogares que reciben asistencia para la vivienda o los subsidios de Medicare Parte D para bajos ingresos. Además, la estimación de la tasa de cancelación de la inscripción del 25% provino de investigaciones anteriores sobre la reforma de la asistencia social, un escenario diferente al cambio de la regla de “carga pública” propuesta.
Los investigadores escribieron en su estudio que, si se finaliza la regla de carga pública, las tasas de desafiliación podrían ser incluso más altas de lo que estiman.
Kelly Whitener, profesora asociada del Centro para Niños y Familias de la Escuela de Políticas Públicas McCourt de la Universidad de Georgetown en Washington DC, dijo que no estaba sorprendida de ver que una cantidad tan grande de niños pudiera correr el riesgo de perder sus beneficios.
“El número de 8,3 millones debe estar en contexto con los 1,4 millones que se espera que cancelen su inscripción usando la tasa de cancelación de inscripción del 25%”, dijo Whitener, quien no participó en el estudio.
“Uno de cada cuatro niños en EE.UU. tiene un padre inmigrante, por lo que es un número enorme. Luego, una vez que intenta reducir a cuántos niños tiene un padre no ciudadano, cuántos de esos niños usan Medicaid y CHIP, no me sorprende que el número todavía sea bastante grande”, dijo.
El cambio en las reglas de inmigración de la carga pública probablemente tendrá un “efecto dramático” en los niños que residen en Estados Unidos con adultos no ciudadanos, explicó el Dr. Paul Spiegel en un correo electrónico. Spiegel es profesor y director del Centro de Salud Humanitaria en la Escuela de Salud Pública Bloomberg Johns Hopkins en Baltimore.
“Los efectos en la salud pública podrían tener mayores repercusiones más allá de esos niños y sus familias”, dijo Spiegel, quien no participó en el estudio.
“Las limitaciones del estudio apuntan hacia una probable subestimación de los niños que se verán afectados por el cambio de la administración en las reglas de inmigración de carga pública”, dijo. “Los hallazgos de que aproximadamente 8,3 millones de niños que están actualmente inscritos en Medicaid y CHIP o que reciben beneficios de SNAP están potencialmente en riesgo de que se cancele su inscripción, de los cuales 5,5 millones tienen necesidades médicas específicas es sorprendente en cuanto a su magnitud e implicaciones”.
Maegan Vázquez, Tami Luhby y Tal Kopan de CNN contribuyeron a esta noticia