Nota del editor: Alexis McGill Johnson es la presidenta interina y la presidenta ejecutiva de Planned Parenthood Federation y Planned Parenthood Action Fund. Las opiniones expresadas en esta columna son propias de la autora.
(CNN) – Esta semana en Los Ángeles, una estudiante del último año de secundaria caminaba por el pasillo. Quizás venía de su clase de matemáticas y se dirigía al Centro de Bienestar de Planned Parenthood de su escuela, donde una enfermera le ayudó a decidir qué método anticonceptivo era el más adecuado para ella cuando fuera a la universidad. Entretanto, en St. Louis, una mujer que tuvo que viajar unos 320 kilómetros para hacerse un aborto fue forzada a escuchar una información obligatoria del estado. Por ley estatal, tenía que regresar al menos tres días después para hacerse el procedimiento.
Estas mujeres hipotéticas representan los dos extremos de la atención médica en salud reproductiva en EE.UU. Cuarenta y siete años después del fallo de Roe vs. Wade en enero de 1973, nuestra nación sigue atrapada en una dicotomía entre el mundo que es posible y uno en el que se ataca, se estigmatiza y en algunos casos se penaliza la atención médica en salud reproductiva.
Esta historia de dos ciudades es la realidad de la salud sexual y reproductiva a lo largo de EE.UU. Mientras algunos estados han hecho avances significativos ampliando el acceso a la salud, garantizando que la información esté realmente disponible, e invirtiendo en el futuro de las personas, otros han hecho todo lo posible por restringir el acceso a la salud y a la libertad que eso conlleva.
EE.UU. reconoce el derecho al aborto desde que la Corte Suprema falló en Roe que la Constitución protege la libertad de las personas a poner fin a un embarazo, libre de restricciones gubernamentales gravosas, y lo reafirmó en la decisión de 1992 de Planned Parenthood vs. Casey.
Sin embargo, las protecciones de Roe han sufrido siempre el asedio, desde décadas de restricciones estatales hasta la discriminatoria Enmienda Hyde, que impide el uso de fondos gubernamentales para cubrir abortos y deja sin recursos a muchas personas de bajos ingresos. Estas restricciones produjeron lo que se conoce como “desiertos de abortos”: lugares donde el derecho de acceso al aborto existe solo de nombre, por las restricciones de ingresos, la falta de proveedores o las onerosas restricciones estatales.
Hoy continúa el asedio. Esta semana, el presidente Trump fue el primer mandatario en funciones que habla en persona en un evento contra el aborto, la llamada Marcha por la Vida. Hemos visto que este impulso por poner fin a la capacidad de los estadounidenses para acceder al aborto se materializa en nuestra política y nuestras medidas: el gobierno Trump-Pence ha llenado 1 de 4 plazas vitalicias en los tribunales federales de apelación con jueces que seguirán erosionando las protecciones de Roe.
En 2019, según la cuenta de Planned Parenthood, se presentaron más de 300 restricciones al aborto en 47 estados, incluidas algunas de las prohibiciones más extremas desde que se decidió el fallo de Roe. Y Roe en sí mismo podría estar en la línea de fuego esta primavera cuando la Corte Suprema revise una ley de aborto de Louisiana.
Al mismo tiempo, los políticos están desmantelando el acceso al aborto: la semana pasada, la Corte Suprema tomó un caso que podría dificultar el acceso a métodos anticonceptivos. Esto muestra que no sólo estamos siendo testigos de una guerra contra el aborto, sino a un ataque coordinado contra la atención reproductiva.
Para personas de todo el país, este tipo de ataques significa que el tipo de atención en salud a la que pueden acceder muchas veces depende de su código postal.
Sin ir más lejos, pensemos en la mujer de Missouri. Desde hace más de una década, los políticos del estado han ido acumulando restricciones para impedir el acceso de las mujeres al aborto. Esto incluye un período de espera de 72 horas, onerosos requisitos edilicios como pasillos extra anchos y, hasta el año pasado, exámenes pélvicos adicionales que son médicamente innecesarios.
Estos ataques dejaron a Missouri con un solo centro de salud que brinda abortos -un centro de salud de Planned Parenthood- para una población de 1,1 millón de mujeres en edad reproductiva en el estado.
El ya limitado acceso a este tipo de atención en el estado fue atacado nuevamente el año pasado cuando el gobernador Parson firmó una de las prohibiciones más extremas contra el aborto desde el fallo Roe. La norma convierte en ilegal el aborto a las ocho semanas, antes de que muchas mujeres se hayan enterado siquiera de que están embarazadas. Y antes de que esa prohibición entrara en vigencia, el estado intentó utilizar como arma el proceso de habilitación para cerrar el último de los centros de salud que realiza abortos, negándose a renovarle la licencia. (Un juez federal bloqueó esta prohibición desde entonces).
Comparemos esto con la experiencia de su homóloga que vive en Los Ángeles. En 2002, California codificó las protecciones de Roe en su Constitución estatal. Desde entonces, sigue allí el trabajo visionario en ese estado sobre cómo puede ser la atención médica de salud reproductiva de alta calidad. Esto permitió lanzar un programa insignia el mes pasado y abrir 50 centros de bienestar en escuelas secundarias y en todos los campus del condado de Los Ángeles. Allí se le brinda a los jóvenes información sobre su salud sexual y reproductiva.
Estos centros ofrecen servicios de salud preventiva y educación a los estudiantes en sus propias instituciones, de manera confidencial y gratuita. Visité uno de estos centros en la escuela Torres High en octubre y vi el empoderamiento desplegarse en tiempo real cuando una joven le hizo a la enfermera las preguntas que no podía hacerle a su mamá. Fui testigo del momento en el que esta joven se dio cuenta de que podía actuar y que podía tomar decisiones sobre su cuerpo sin ser regañada ni humillada.
Al igual que en California, estados de todo el país han tomado medidas para llevar a las mujeres más cerca al mundo prometido por Roe. El año pasado, Nueva York, Rhode Island, Illinois y Vermont promulgaron leyes para proteger el derecho al aborto. De hecho, de todas las medidas aprobadas desde el 2011 para proteger el acceso a la interrupción del embarazo, un cuarto fueron aprobadas el año pasado. Esto está alineado con la voluntad del pueblo estadounidense: casi 8 de 10 ciudadanos no quieren que se revierta Roe, según el sondeo de NPR/PBS News Hour/Marist.
Pero a pesar del apoyo histórico a la libertad reproductiva, ha quedado en claro que la lucha por protegerla se ha tornado cada vez más local. Mientras los tribunales funcionan desde hace tiempo como la línea principal de defensa de los protectores del derecho al aborto, con los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh en la Corte Suprema, no pueden ser nuestra única salvaguarda.
Cuando comiencen las sesiones legislativas estatales en todo el país este mes, cada uno de nosotros debe prestar atención a cómo nuestros representantes trabajan para fortalecer y expandir las protecciones de Roe. Y debemos defender y luchar conjuntamente por estos derechos cuando sean atacados.
En este aniversario 47 de Roe, debemos abrazar la simple visión de que la experiencia de una joven de Missouri no debería ser diferente que la de una joven en Los Ángeles. Debemos abogar por que las personas en los estados donde el acceso está fuertemente limitado puedan ver los avances en otros lugares y puedan pensar “esos podríamos ser nosotros”. Porque esto es lo que sabemos: cuando la gente reconoce cómo se ve la libertad, luchará por hacerla propia.
Traducción de Mariana Campos