(CNN Español) – La Fiscalía General de Ecuador pidió este jueves, en sus alegatos finales, la pena máxima prevista por el delito de cohecho —7 años—, para el expresidente Rafael Correa dentro del caso “Sobornos
2012-2016” por supuestamente haber recibido de forma irregular fondos de Odebrecht y otras empresas para su movimiento político, a cambio de la entrega de contratos durante su gobierno.
A través de su cuenta oficial de Twitter, la Fiscalía indicó que “sobre la base de las pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas, se determinó que existió una estructura con niveles jerárquicos: líderes, coordinadores y beneficiarios, que utilizaba codificaciones y jerga criminal para el cometimiento del delito”, precisó la fiscal general del Estado Diana Salazar.
El expresidente Correa, también en su cuenta de Twitter dijo que le parece “increíble” a lo que se atreve la Fiscal del Estado e insistió en que no existen pruebas en su contra. Agregó que “felizmente lo único que supera su mala fe es su ineptitud”, refiriéndose a Salazar. Correa vive en Bélgica desde el 2017 tras haber finalizado su mandato.
Además de Correa, el caso denominado “Sobornos 2012-2016” implica a otros 20 exfuncionarios y empresarios dentro de la trama de sobornos de Odebrecht en el país.
En enero, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, acogió el pedido de la fiscal Diana Salazar, quien acusó al expresidente Correa de liderar una estructura criminal para recibir dinero por parte de Odebrecht y otras empresas para su movimiento político a cambio de futuros contratos con el Estado.
El delito de cohecho, según el Código Penal de Ecuador, establece una pena privativa de la libertad que va de uno a siete años. Se refiere al funcionario o funcionarios de Estado que reciban o acepten beneficios económicos indebidos para sí mismos o para terceros con el fin de omitir, agilizar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones.
Durante trece días de juicio, según reportó la Fiscalía, los abogados de los implicados presentaron su defensa.
Ana María Cañizares contribuyó a este informe.