Washington (CNN) – La Corte Suprema de Estados Unidos dijo el miércoles que la controvertida política de asilo de la administración Trump conocida como “Permanecer en México” puede mantenerse vigente mientras se desarrollan las impugnaciones legales.
La orden del tribunal es una victoria para la administración, que advirtió que habría un “apuro hacia la frontera” si los tribunales bloqueaban la política que había estado vigente durante un año. Es una pérdida devastadora para los grupos de derechos de los inmigrantes que dicen que los solicitantes de asilo enviados de regreso a México viven en condiciones peligrosas.
La jueza Sonia Sotomayor negó la solicitud del Gobierno, dijo el tribunal.
La política, oficialmente conocida como Protocolos de Protección de Migrantes, exige que los asilados no mexicanos regresen a México mientras esperan audiencias en Estados Unidos. Esto ha resultado en la creación de campamentos improvisados donde cientos de migrantes han esperado durante semanas, si no meses, en condiciones miserables e inseguras. En algunos casos, las familias migrantes han optado por enviar niños solos a través de la frontera entre México y Estados Unidos.
Los abogados de los solicitantes de asilo calificaron la política del Gobierno de ilegal y dijeron que en los meses que ha estado vigente “han aumentado los informes de asesinatos, violaciones, secuestros con torturas y otros asaltos violentos contra solicitantes de asilo que regresaron”.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. bloqueó la política, el mes pasado, pero permitió que siguiera en vigencia el tiempo suficiente para que la Corte Suprema considerase si intervenir.
“La evidencia incontestada en el registro establece que los no mexicanos que regresaron a México”, con el programa, según sostuvo el tribunal de apelaciones, “correrán el riesgo de sufrir daños sustanciales, incluso la muerte, mientras esperan la adjudicación de sus solicitudes de asilo”.
En documentos judiciales, el procurador general Noel Francisco argumentó a favor de la administración Trump que la política “ha reducido drásticamente la cantidad de extranjeros que se acercan o intentan cruzar la frontera” y señaló que “ha permitido el retorno temporal de más de 60.000”.
Después de que el tribunal de apelaciones bloqueó la política la semana pasada, pero antes de emitir una suspensión temporal de su propia orden, la administración argumentó que el fallo había creado un “caos” en la frontera entre Estados Unidos y México.
“Grandes grupos de migrantes en México comenzaron a llegar a múltiples puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste buscando la entrada inmediata al país”, escribió Francisco.
Sin el programa, dijo Francisco, “es probable que decenas de miles de migrantes reanuden el intento de ingresar a Estados Unidos y busquen asilo (u otro alivio de la expulsión), a menudo sin mérito, lo que obliga al Departamento de Seguridad Nacional a asumir la abrumadora carga de detener a muchos de esos extranjeros en Estados Unidos a lo largo de los procedimientos de expulsión (o de lo contrario ponerlos en libertad condicional en el interior, donde muchos simplemente desaparecerán)”.
La administración incluyó dos declaraciones juradas de Robert E. Pérez, comisionado adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza. Pérez le dijo a la Corte, a fines de febrero, que si la política fuera bloqueada, “un número significativo de personas que ingresen al país” podría exceder la capacidad del Gobierno para evaluar a las personas por problemas médicos graves. “Esto es particularmente preocupante dado el brote actual del coronavirus”.
En una segunda declaración jurada, emitida el 3 de marzo, Pérez no mencionó el coronavirus, pero dedicó su declaración a cuántas personas habían tratado de cruzar el Puente Internacional Gateway en Texas, cerca de los campamentos antes de que el programa volviera a entrar en vigencia.
Judy Rabinovitz, asesora especial del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo que los solicitantes de asilo siguen en “grave peligro” debido a la política.
“La Corte de Apelaciones declaró inequívocamente que esta política era ilegal. La Corte Suprema también debería hacerlo”, dijo Rabinovitz. “Los solicitantes de asilo enfrentan graves peligros y daños irreversibles todos los días, esta política depravada sigue vigente”.
El Departamento de Justicia dijo que estaba “satisfecho” con la acción del tribunal.
“Los Protocolos de Protección al Migrante, implementados de conformidad con la autoridad expresa otorgada por el Congreso hace décadas, han sido fundamentales para restaurar la capacidad del Gobierno de administrar la frontera suroeste y trabajar en cooperación con el Gobierno mexicano para abordar la inmigración ilegal”, dijo un portavoz del Departamento de Justicia.
Sotomayor y las peticiones de emergencia
La orden del miércoles es otro ejemplo de los jueces del lado de la solicitud de la administración Trump de anular el mandato de un tribunal inferior contra una de sus políticas, y se produce después de que Sotomayor criticara la práctica el mes pasado.
En otro caso, Sotomayor criticó a la administración por acudir a la Corte con solicitudes de emergencia, “reclamando una emergencia tras otra” en un número de casos sin precedentes. También criticó a sus colegas conservadores por tan a menudo otorgar esos casos.
“Es difícil decir qué es más preocupante: que el Gobierno busque este alivio extraordinario aparentemente como algo normal, o que el Tribunal lo otorgue”, escribió en ese momento.
“Lo más preocupante, el comportamiento reciente de la Corte” ha beneficiado a “un litigante sobre todos los demás”, agregó.
Su opinión provocó que el presidente tuiteara “decir esto es algo terrible. ¿Intentar ‘avergonzar’ a algunos para que voten a su manera?” y sugerir que Sotomayor se recuse de los casos “relacionados con Trump”.