La Corte Suprema de Estados Unidos dio su apoyo a la ley de Arizona que castiga a las empresas que contratan a inmigrantes ilegales, una ley criticada por considerar que se entromete en un asunto que tradicionalmente era competencia del gobierno federal.
El fallo, aprobado por 5 a 3, es una victoria para los que apoyan una reforma migratoria a nivel estatal.
Esta era la primera impugnación ante el alto tribunal de las varias que se han presentado a leyes que actúan con dureza contra los inmigrantes indocumentados.
El resultado podría ser el preámbulo para otra impugnación a una ley de reforma inmigratoria más polémica en Arizona que avanza en tribunales de menor jerarquía. Entre otras cosas, esa ley da a la policía una mayor autoridad para arrestar a personas sospechosas de ser inmigrantes ilegales.
The hiring case turned on whether state law tramples on federal authority.
Arizona aprobó la Ley de Trabajadores Legales de Arizona en 2007, que permite al estado suspender las licencias a los negocios o empresas que “intencionadamente o a sabiendas” infringen los requisitos que exigen verificar los documentos de los trabajadores. La ley exigía a los empleadores utilizar E-Verify, una base de datos federal, para verificar los documentos de los empleados, tanto los actuales como los que se pensara contratar. La base de datos fue creada por el Congreso como un recurso voluntario y discrecional.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado argumentando que la ley federal prohibe a Arizona y a otros estados hacer obligatorio el uso de E-Verify, una demanda que fue apoyada por grupos de derechos civiles y de defensa de los inmigrantes. El estado respondió que su autoridad le daba el derecho de vigilar a las empresas que operan bajo su jurisdicción.
La Casa Blanca recomendó una revisión judicial y se puso del lado de las empresas y de los grupos de derechos civiles.
Este caso podría ser un indicio de la postura de la Corte Suprema ante la polémica ley migratoria de Arizona, que fue desestimada en muchas de sus partes por un juez federal en agosto y actualmente está pendiente de una corte federal de apelaciones.