Una jueza federal de Estados Unidos negó el pedido del Departamento de Justicia para impedir la implementación de la ley HB56 de Alabama contra la inmigración ilegal, aunque bloqueó temporalmente la aplicación de partes de la dura ley.
La jueza desestimó un demanda presentada por iglesias de Alabama por considerar que no tenía el sustento jurídico necesario y respondió a otra presentada por grupos defensores de los derechos civiles a los que negó la mayoría de sus pedidos, aunque sí frenó una cláusula de la ley que prohibía a indocumentados, asilados y refugiados ingresar a las universidades publicas de Alabama.
La jueza Sharon Blackburn impidió que entraran en vigencia cuatro medidas más, la que prohíbe a los indocumentados buscar empleo en el estado, la que criminaliza transportar o albergar a indocumentados, la que prohíbe que los empleadores tramiten descuentos impositivos de nómina por trabajadores indocumentados y la cláusula que permite procesar por discriminación a quienes contraten a indocumentados en vez de dar esos empleos a ciudadanos o residentes legales.
El gobernador republicano Robert Bentley y los legisladores que aprobaron la ley afirman que su único propósito es fortalecer la seguridad del estado.
Aún no está claro cuando entrará en vigencia, pues la misma jueza Blackburn emitió una orden el primero de septiembre que suspendió la implementación de la ley por un mes. Esa orden vence este jueves.
Los demandantes anunciaron que acudirán de inmediato a la corte de apelaciones que podría frenar la implementación de la ley mientras estudia el caso o permitir que entre en vigencia.
La población hispana de Alabama representa sólo el 3,9% del total del estado, pero creció en 144,8% entre el 2000 y el 2010, según la Oficina del Censo, un aumento atribuido a la llegada de más migrantes indocumentados.
Además de Alabama, al menos otros ocho estados promueven leyes contra la inmigración ilegal.
(Con información de Juan Carlos López)