(CNN) – A la expresidenta de Filipinas Gloria Arroyo le impidieron tomar un avión en el aeropuerto internacional de Manila, horas después de que la Suprema Corte del país dejara sin mérito las restricciones impuestas por el gobierno a sus viajes.
El gobierno filipino teme que Arroyo, quien enfrenta cargos de posible corrupción y fraude electoral, se escape del país si se le autoriza a salir de éste.
La Corte Suprema votó 8-5 en favor de una orden temporal judicial respecto a la prohibición de viajar, declarándola inconstitucional ya que Arroyo aún tiene que ser formalmente acusada de un crimen. Midas Marquez, portavoz de la Suprema Corte, dijo a los reporteros que la decisión de la corte “se correspondía con la presunción de inocencia establecida en la Constitución”.
Arroyo se encontraba abordando un avión para recibir tratamiento médico fuera del país por su enfermedad en los huesos, diagnosticada este año, luego de tres infructuosas operaciones en la columna realizadas en Filipinas. La exmandataria llegó al aeropuerto en ambulancia y fue trasladada en una silla de ruedas hasta la puerta de embarque; además usaba un cuello ortopédico.
Raúl Lambino, abogado de Arroyo, dijo a CNN, que el tratamiento dado al exmatrimonio presidencial “en el aeropuerto fue indignante y vergonzoso” y se refirió la actitud desafiante del gobierno contra la orden de la Corte Suprema como “horrenda y en violación de los derechos individuales garantizados por la Constitución de Filipinas y por la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.
Pero Edwin Lacierda, vocero presidencial, describió la situación como “un gran drama” según reportes de prensa y agregó “ellos (por los Arroyo) quieren que el público esté de su lado”.
También indicó que mientras que el matrimonio Arroyo sería tratado con dignidad, el gobierno sería “firme en la decisión de no dejarlos salir del país”. El marido de Gloria Marcapagal Arroyo, José Miguel Arroyo, es también acusado de corrupción.
La Corte Suprema, que tiene la mayoría de sus jueces elegidos durante la presidencia de Arroyo, desobedeció el mandato del actual presidente Benigno Aquino, de investigar acusaciones de corrupción durante el período presidencial de Arroyo (2001-2010)
La Secretaria de Justicia Leila de Lima, dijo que el gobierno apelará la decisión judicial.
Lambino, por su parte, dijo a CNN que aunque los planes del gobierno sean de presentar una moción de reconsideración, el desacato a la orden de la Corte Suprema fue, no obstante, “ilegal”.