Madrid (CNNMéxico) — En los próximos días, el juez que investiga al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, por falsedad, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública, decidirá si imputa a la propia infanta.
La hija mediana del rey de España es copropietaria de Aizoon, una de las empresas donde presuntamente Iñaki desvió parte de los seis millones de euros que recibió de las arcas públicas a través de la Fundación Nóos, la entidad sin ánimo de lucro que el duque de Palma presidió entre 2004 y 2007.
La petición fue solicitada por Manos Limpias, una asociación calificada de ultraderechista y la única acusación popular en la causa. La misma que ha sentado en el banquillo al juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes cometidos durante la dictadura.
En su escrito al juez, Manos Limpias acusa a la infanta de ser “actriz directa —por encubrimiento, complicidad o cooperación necesaria— y, por ende, beneficiaria de las presuntas actividades delictivas de Urdangarin”.
La petición de Manos Limpias responde a un “clamor popular”, según dijo en entrevista a CNNMéxico el secretario de la organización, Miguel Bernard. “No somos antimonárquicos. Opinamos que la monarquía proporciona más estabilidad a España que una república, pero, si un miembro real transgrede las normas, todos hemos de ser iguales ante la ley”.
Si bien la decisión final la tomará el juez José Castro, la Fiscalía y la Abogacía de Baleares (donde se instruye la causa por ser una pieza independiente del caso de corrupción balear Palma Arena) se han pronunciado en contra.
Consideran que no hay indicios que incriminen a Cristina de Borbón, pues no tenía ningún cargo ejecutivo en Aizoon y no hay constancia de que, como vocal que fue de Nóos, aprobase las líneas de actuación o incluso acudiera a las juntas, si bien sí firmaba las actas.
La opinión no es unánime. Varios juristas españoles han declarado a los medios nacionales que la infanta debería estar imputada por el simple hecho de participar en Aizoon.
A la espera de la decisión final, el escándalo ya ha afectado a la imagen de la infanta. “Doña Cristina gozaba de reputación por su autonomía financiera y personal, trabaja en la fundación social de la entidad financiera La Caixa, pero, al final, una interpretación especial de esa opción es la que le está causando un daño irreparable”, explica Antoni Gutiérrez-Rubí, un prestigioso asesor de comunicación español.
Un golpe histórico
La monarquía también sufre las consecuencias. “Es el daño más importante a la institución desde la Transición. Hablamos de utilizar el nombre de la Corona para lucrarse. Su credibilidad está tocada”, dijo Gaspar Llamazares, histórica figura del partido Izquierda Unida.
Se trata de un hecho que también ha afectado al entorno familiar. Los periodistas con contactos en Zarzuela aseguran que las relaciones de la infanta y su marido con el Rey y el príncipe heredero se han deteriorado. La periodista Pilar Eyre, que acaba de publicar el libro La Soledad de la Reina con material inédito de la Familia Real, ha dicho estos días que Cristina ha caído incluso en un estado “depresivo”.
Como recuerda Gutiérrez-Rubí, “más allá del proceso judicial, es un tema que seguro que será recurrente en los ataques y críticas a la monarquía” en el futuro.
La investigación llega en el momento más bajo de popularidad de la Corona. Si en 1995 los ciudadanos la puntuaban con un 7,48 en la encuesta gubernamental del Centro de Investigaciones Sociológicas, el pasado octubre suspendía por primera vez desde su restauración en 1975: un 4,89 de nota. La encuesta se elaboró antes de que la encuesta saliera a la luz.
La Casa del Rey apartó a Ikañi de las actividades oficiales en diciembre y tildó su comportamiento de “no ejemplar”. Días más tarde, durante el discurso navideño, Don Juan Carlos, sin referirse a nadie en concreto, dijo que la justicia “es igual para todos”.
Los problemas del yerno real han llevado a ceder a una de las peticiones más demandas por los ciudadanos: hacer públicas sus cuentas. Urdangarin se ha limitado a “lamentar” en un comunicado “el perjuicio que las informaciones están causando a la imagen de la Casa del Rey”, así como desvincular a su esposa en el interrogatorio de la semana pasada.
Gutiérrez-Rubí opina que la respuesta de palacio ha sido “desigual, contradictoria o tímida. Siempre a remolque. Aunque hay que destacar que es una situación nueva, sometida al desgaste provocado por el goteo de datos de la causa judicial que son bochornosos”.
Matrimonio o derechos reales
El único modo de contrarrestar una opinión pública tan desfavorable, dice el asesor, “sería con una demostración contundente que restituyera su honorabilidad”. A la infanta, en concreto, “sólo le sirve un golpe de efecto. Una declaración voluntaria ante el Juez, o pública, defendiendo a su marido y aceptando las consecuencias del proceso judicial”.
“No podrá seguir escondiéndose ni de su padre, ni de los medios, ni de la sociedad”, añade el experto en comunicación. “Y si la sentencia es condenatoria, deberá asumir las consecuencias: o su matrimonio, o sus derechos reales”.
El secretario de Manos Limpias considera que su imputación podría incluso fortalecer a la monarquía. “Sería una manera de decir ‘mirad, no tenemos privilegios’”.
El escándalo implicará cambios en la Zarzuela, según Gutiérrez-Rubí. Deberá “delimitar quiénes son sus miembros, qué derechos tienen, qué presupuesto a cargo del erario público pueden tener y su nivel de incompatibilidad con cualquier otra actividad remunerada”.
El experto cree que la institución debe replantearse su función de servicio público. “La monarquía española debe de asumir que necesita abrir un nuevo proceso de relegitimación social. El agradecimiento histórico por su comportamiento en el Golpe de Estado de 1981 es ya casi un recuerdo”.
“Los servicios prestados… son el pasado. La pregunta es: ¿qué nuevos e insubstituibles servicios futuros puede prestar la Monarquía a la sociedad española?”, concluye el asesor.