Por Heather Barr, especial para CNN
Nota del editor: Heather Barr es investigadora en Afganistán para Human Rights Watch. Ha vivido en Kabul desde 2007.
(CNN) — Luego de que las fuerzas de Estados Unidos derrocaron al gobierno talibán tras los ataques del 11 de septiembre, se generó un movimiento internacional contra el drama de las mujeres de Afganistán. El régimen talibán les negaba el acceso a la educación y a la atención médica con varones, y las ejecutaban públicamente bajo cargos de “inmoralidad”.
La caída de los talibanes trajo a las afganas la promesa de algunas libertades y derechos básicos. De hecho, en la última década ha habido mejoras importantes para las mujeres y niñas del país de Medio Oriente.
Las restricciones oficiales a la educación, al trabajo y a la salud fueron eliminadas. Millones de niñas acudieron a la escuela por primera vez. Las mujeres se incorporaron al gobierno, fueron elegidas para cargos públicos y se convirtieron en policías e incluso en soldados.
La nueva Constitución de 2004 garantiza a las mujeres la igualdad de derechos y una ley promulgada en 2009 califica como delito la violencia de género. Bajo la superficie de estos cambios, persisten problemas muy arraigados. Las mujeres en cargos públicos han sido víctimas de acoso, amenazas e incluso de asesinato. Los matrimonios forzados y aquellos entre menores de edad, y la violencia doméstica aún son muy comunes y ampliamente aceptados.
Alrededor de 400 mujeres y niñas han sido encarceladas en la última década. Las acusan de “crímenes morales” como sexo extramarital o por haber simplemente huido de su casa para escapar del abuso. Aunque el acceso a la educación es mayor, más de la mitad de las niñas aún no va a la escuela. Cada dos horas muere una mujer afgana por complicaciones del embarazo.
Al acercarse el anuncio de la retirada de las fuerzas internacionales en 2014, muchas afganas miran el futuro con miedo. Temen que la salida de las tropas signifique el final del interés por su país y el compromiso internacional para presionar al gobierno afgano a promover y proteger los derechos de las mujeres.
También es probable que termine la ayuda internacional que ha financiado a las escuelas y clínicas que han cambiado tantas vidas. Temen que el mundo las abandone de nuevo, como en la época del Talibán.
Los planes de negociaciones de paz entre los talibanes y el gobierno afgano reviven el temor de que se esté negociando con los derechos de las mujeres. Esto será más probable si nadie las representa en la mesa de negociación.
Esta semana se ha visto en plenitud la fragilidad de los derechos de las mujeres en Afganistán. El Concilio de Ulema, un grupo de líderes religiosos apoyados por el gobierno, emitió una declaración en varios temas, entre los que está la reciente quema de unas copias del Corán dentro de una base militar estadounidense. Sin embargo, la parte más extensa de la declaración estuvo dedicada a sentar las directrices para el comportamiento de las afganas y el trato que debe dárseles.
La declaración tenía algunas partes buenas. Se prohibió la práctica tradicional (baad) de resolver las disputas entre familias con la entrega de una hija. Se pronunció en contra de los matrimonios forzados. Se ratificaron los derechos de las mujeres a heredar y poseer propiedades.
Sin embargo, en lo relativo a los deberes femeninos, la declaración fue perjudicial, ya que por ejemplo, no deberán viajar sin un acompañante masculino. Las mujeres no deben mezclarse con los hombres al estudiar o trabajar en público, y deberán llevar la hijab islámica.
Esto no es sólo el punto de vista de los líderes religiosos conservadores, sino una más dentro de una larga lista de declaraciones discriminatorias contra las mujeres emitidas por las instituciones afganas dominadas por hombres.
Lo que causa mayor indignación es la sensación de que el presidente Hamid Karzai ha adoptado ese punto de vista. Apartándose de la costumbre, el comunicado se publicó en el sitio de internet del Palacio Presidencial, fue distribuido a los medios por el Palacio y defendido en una conferencia de prensa por el presidente Karzai.
El presidente tiene una trayectoria contradictoria en relación con los derechos de las mujeres. En una convención internacional, prometió igualdad de derechos para las mujeres y decretó en 2009 una ley que califica como delito la violencia contra la mujer.
Durante la elección presidencial de 2009 buscó el apoyo de las facciones duras al firmar la Ley Chiíta de Estatus Personal, que da a los esposos de esta minoría el derecho a cesar la manutención de sus esposas, incluyendo los alimentos, si estas se rehusaban a acatar sus exigencias sexuales; otorga la custodia exclusiva de los hijos a los hombres y exige que las mujeres que deseen trabajar cuenten con la autorización de sus maridos. Algunas mujeres temen que Karzai esté manipulando el Concilio de Ulema para demostrar qué compromisos está dispuesto a hacer con los talibanes.
Al disiparse el interés internacional por Afganistán, las mujeres son más vulnerables de lo que lo fueron en los pasados 10 años a la sombra de las inminentes negociaciones con los talibanes y el apoyo de Kazai a las declaraciones del Concilio de Ulema. El presidente Obama y los demás defensores del gobierno afgano deben dejar en claro que no tolerarán tratos que sacrifiquen los derechos de las mujeres; deben presionar a Karzai para que tome una postura clara. Los riesgos a los que se ven expuestas las afganas no son para menos.