Por Mariano Castillo

(CNN) — Una década después de un punzante fracaso, Colombia parece lista una vez más para entablar conversaciones de paz en un esfuerzo por poner fin a la insurgencia más antigua de América Latina.

El panorama local es muy diferente al de la última vez que el gobierno buscó la paz con las guerrillas, contra las que han librado una guerra desde la década de 1960. Así que podrían estar dadas las circunstancias para actuar. Pero la traición en el desarrollo del proceso de paz dejó una cicatriz permanente.

El presidente Juan Manuel Santos dio a conocer el lunes que estaban en marcha “conversaciones exploratorias” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La opinión pública en contra de las FARC se ha generalizado, así como la desconfianza en un grupo rebelde que abusó de los esfuerzos del gobierno por negociar la paz entre 1998 y 2002.

En aquel entonces, el presidente Andrés Pastrana creó una zona desmilitarizada (más grande que el territorio de Suiza) para que los rebeldes la utilizaran como refugio. En lugar de eso, las FARC utilizaron la zona para recomponerse militarmente y perpetrar temibles ataques hasta que se rompieron las conversaciones.

“Hoy las condiciones son muy diferentes”, dijo Camilo Gómez, quien como exalto comisionado para la paz bajo el gobierno de Pastrana se sentó en la mesa de negociaciones. “Las FARC saben que ha llegado el momento de hacer la paz, y el gobierno no debe ser triunfalista, debe saber que ahora existe la oportunidad de que la gente acepte (las negociaciones)”, dijo.

Durante las fallidas conversaciones de hace una década, la realidad tanto del gobierno como de los rebeldes era completamente distinta, dijo. Colombia enfrentaba una economía tambaleante, su Ejército era tristemente poco cualificado, los ataques de los rebeldes cada vez eran más descarados y la propia legitimidad del gobierno era cuestionada en medio del escándalo.

En contraste con aquella época, el gobierno actual está en una posición mucho más fuerte y las FARC han sufrido una serie de derrotas militares durante los últimos años. Tarde o temprano, el momento de la negociación tenía que llegar, dijo Gómez.

En una declaración a la televisión nacional, Santos dijo que las operaciones militares continuarán en paralelo con las negociaciones con la guerrilla. “Los colombianos pueden estar seguros de que el gobierno está actuando con prudencia, seriedad y firmeza, siempre colocando en primer lugar el bienestar y la paz de todos los habitantes”, dijo el presidente.

Santos no ha explicado bajo qué formato se llevarán a cabo las posibles conversaciones, pero este martes dio a conocer que Luis Eduardo Garzón, un popular exalcalde de izquierda en Bogotá, jugará un papel clave. El presidente dijo en un programa de radio este martes que Garzón ostentará el rango de ministro, a pesar de que tendrá una tarea específica.

“Ahora que estamos ante la posibilidad de contar con un proceso de paz, necesitamos una persona clave que puede ayudarnos a armonizar a la gente, y enseñe y sostenga ese importante diálogo social”, dijo Santos.

Pero la insensatez con la que la guerrilla desperdició y sacó provecho de la última ocasión en que se sentaron a conversar todavía duele a muchos colombianos. “El gobierno parece no haber aprendido de la historia”, dijo Alfredo Rangel, director del Centro para la Seguridad y la Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá.

“Creo que es un problema que el gobierno empezara negociaciones con este grupo terrorista sin primero pedir que se detengan todos los ataques contra civiles”, dijo. Santos, que se prepara para la reelección en 2014, ha visto caer en picada su popularidad, y lo que más le inquieta es su futuro político, dijo Rangel. Entablar pláticas con la guerrilla es un intento desesperado de ganar apoyo de la gente para su gobierno, dijo.

Esto podría volverse en contra del presidente, advirtió: “Hay una enorme desconfianza en la guerrilla”. Rangel está de acuerdo con otros críticos que dicen que las conversaciones de paz solo son posibles si las FARC imponen un cese al fuego unilateral. Aunque el grupo se ha visto gravemente debilitado con el tiempo, sigue perpetrando secuestros y financiando sus operaciones por medio del narcotráfico. “Eso es fácil de decir, pero difícil de hacer”, dijo Gómez, excomisionado para la paz.

Cynthia Arnson, directora del Programa América Latina del Centro Internacional Woodrow Wilson, dijo que una tregua solo puede darse en las negociaciones. “Un cese al fuego es resultado de las negociaciones, no una condición previa”, dijo.

Santos ha convertido en un objetivo de su gobierno poner fin al conflicto, y el desafío ha sido operar operar bajo condiciones que favorezcan las pláticas constructivas y no se presten a una farsa, dijo Arnson.

En los últimos años, el asunto parece haberse puesto en contra de las FARC, a las que Estados Unidos y la Unión Europea consideran un grupo terrorista. En noviembre del año pasado, el principal líder de las FARC, Alfonso Cano, fue asesinado en una operación militar en el suroeste del país. Había ostentado la dirigencia del grupo guerrillero desde 2008, después de que el anterior líder muriera por un aparente paro cardiorrespiratorio. Ese mismo año, las fuerzas de seguridad colombianas mataron al entonces segundo al mando, Raúl Reyes, durante una incursión transfronteriza en Ecuador.

A pesar de todos estos golpes, las FARC no han sido derrotadas. En agosto del año pasado, el ministro de defensa renunció en medio de una creciente inquietud por el aumento de la actividad guerrillera.

“Esto parece un intento de sacar ventaja de todos los éxitos militares, los cuales no han derrotado totalmente a la guerrilla, y utilizar esos éxitos como base para poner fin al conflicto que ha asolado Colombia desde hace más de medio siglo”, dijo Arnson.

Entre los principales críticos de Santos está el expresidente Álvaro Uribe, un hombre al que Santos sirvió como secretario de Defensa y de quien alguna vez fue un colaborador cercano. Ahora los dos son rivales. Uribe acusó el martes a Santos de dejar de lado la seguridad del país en favor de negociar con los terroristas.

En una entrevista con un diario, Uribe dijo que todos los colombianos quieren la paz, pero, “este diálogo se alcanzó en una posición de resurgimiento del terrorismo y no por los logros de seguridad estatales”.

Las noticias de las conversaciones preliminares se dan dos meses después de que el Senado de Colombia aprobara por una gran mayoría una enmienda constitucional conocida como Marco legal para la paz, la cual sentó las bases para las negociaciones de paz.

La enmienda no estuvo exenta de controversia, ya que limita los juicios por crímenes de guerra o violaciones del derecho humanitario para un pequeño grupo. Activistas en el ámbito de los derechos humanos temieron que esta enmienda permitiera que los abusos cometidos por el Ejército y la Policía quedaran impunes, mientras que los de la derecha dijeron que la ley concedería una amnistía a los rebeldes.

Rangel sostiene que todas las conversaciones deben incluir una medida de justicia para las FARC. Gómez dijo que en otros países ya existen modelos de procesos de justicia transicional, que demuestran que los violadores de los derechos humanos no quedan impunes.

De cualquier manera, dijo Arnson, para que el proceso de paz tenga credibilidad, tendrá que haber cambios visibles sobre el terreno por ambas partes. “Creo que este es un momento indicado, pero las dificultades siguen siendo enormes”, dijo.

Gómez no está involucrado en las actuales conversaciones, a diferencia de hace una década, y como observador, dijo que lo más importante es comprender que la tarea es complicada.

¿Qué diría a los hombres que hoy están sentados en la mesa de negociación? “El mejor consejo es no dar consejos y dejar que el presidente actúe”, dijo.