(CNN) — El gobierno de Estados Unidos puede usar la fuerza letal en contra de un ciudadano estadounidense que se encuentre en el extranjero si esa persona es un líder operativo de alto rango de al Qaeda o de alguna de sus filiales, según un memorando del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En el documento, que se entregó el año pasado a algunos miembros selectos del Congreso, se arroja luz sobre la política del gobierno de Obama relativa a los asesinatos de sospechosos de terrorismo mediante ataques con naves no tripuladas.
En varios de esos ataques, murieron ciudadanos estadounidenses, entre los que destacó Anwar Al Awlaki, un yemení-estadounidense relacionado con conspiraciones en contra de Estados Unidos que nunca fue condenado por delito alguno. Awlaki murió en septiembre de 2011 durante un ataque con naves robot en Yemen.
El documento de 16 páginas, titulado Legalidad de una operación letal dirigida contra un ciudadano estadounidense que sea líder operativo de alto rango de al Qaeda o de una fuerza asociada, es un resumen de políticas más que un documento oficial legal.
El gobierno entregó confidencialmente el memorando a los miembros de los comités de Inteligencia y Judicial del Senado en junio pasado, declaró la senadora Dianne Feinstein, miembro de la directiva del comité de inteligencia.
El martes, la cadena estadounidense NBC News fue la primera en reportar el contenido del documento. Una fuente del Congreso confirmó a CNN que el documento es legítimo.
Los detalles salieron a la luz tan solo días antes de la audiencia de ratificación de John Brennan, quien fue designado como director de la CIA.
Brennan se ha desempeñado como el principal consejero para el contraterrorismo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y se le considera la mente detrás del drástico aumento del uso por parte del gobierno de ataques específicos en contra de sospechosos de terrorismo.
Se espera que durante su audiencia, el jueves, los miembros del Comité de Inteligencia del Senado lo interroguen exhaustivamente acerca de la política.
En el memorando se estableció que los estadounidenses que se encuentren en el extranjero conservan su derecho a un proceso justo, pero que el gobierno puede recurrir a la fuerza letal en contra de un ciudadano bajo ciertas circunstancias, como:
- “Cuando un funcionario de alto nivel del gobierno de Estados Unidos tenga información que determine que el individuo representa la amenaza inminente de un ataque violento contra Estados Unidos”.
- “Cuando no sea viable efectuar una operación para su captura y cuando quienes dirijan la operación sigan evaluando si la captura puede ser viable”.
- “Cuando una operación de esa clase se lleve a cabo de conformidad con las leyes aplicables relativas a los códigos de guerra”.
El documento indica que el gobierno “no tendrá que contar con pruebas claras” de que “ocurrirá un ataque en contra de Estados Unidos en el futuro inmediato para determinar que un ciudadano estadounidense representa una amenaza inminente”.
En el memorando se hace referencia tanto a la autorización del Congreso como a la aprobación judicial del uso de la fuerza militar para contrarrestar la amenaza de un ataque terrorista de parte de todo individuo.
La Suprema Corte ratificó que las fuerzas armadas pueden usar constitucionalmente la fuerza en contra de un estadounidense que forme parte de las fuerzas enemigas.
En el documento se desecharon los argumentos de algunas personas que comentaban que la guerra contra al Qaeda no puede extenderse fuera de Afganistán.
En el documento se afirmó que “Estados Unidos conserva la facultad de usar la fuerza contra al Qaeda y sus fuerzas asociadas que se encuentren fuera del área de hostilidades activas cuando el objetivo sea un líder operativo de alto rango de la fuerza enemiga que esté activamente relacionado con la planeación de operaciones cuyo objetivo sea matar estadounidenses”.
La Casa Blanca señaló que las interrogantes que rodean el tema son importantes y que se han tomado en consideración las implicaciones legales y se han discutido públicamente.
“El secretario de Justicia dejó claro que al tomar tal medida, el gobierno debe tomar en cuenta todas las consideraciones constitucionales relevantes. Sin embargo, bajo los principios legales ancestrales y los fallos de la Suprema Corte, la sola ciudadanía estadounidense no hace que un líder de una fuerza enemiga sea inmune a ser un blanco”, dijo el martes el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, haciendo referencia a un discurso que pronunció el año pasado el secretario de Justicia, Eric Holder.
La Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) señaló que el documento del Departamento de Justicia era “profundamente perturbador”.
Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, dijo: “Se resume en fríos términos legales el asombroso exceso de las facultades del ejecutivo, el poder reclamado para declarar que los estadounidenses son una amenaza y matarlos lejos de un campo de batalla reconocido, sin intervención judicial previa o posterior al hecho”.
Shamsi exhortó al gobierno de Obama a dar a conocer el memorando legal de 50 páginas en el que se basa el reporte gubernamental. Un grupo de senadores solicitó al gobierno la publicación de su criterio legal acerca de las facultades del presidente.
“Sin embargo, es de vital importancia que el Congreso y el pueblo estadounidense entiendan completamente el criterio de interpretación del poder ejecutivo acerca de los límites de su autoridad para que el Congreso y el público puedan decidir si se ha definido adecuadamente su autoridad y si las facultades que el presidente tiene para matar deliberadamente a ciudadanos estadounidenses se deben sujetar a medidas de seguridad y límites adecuados”, según se lee en una carta que los legisladores enviaron el lunes a Obama.
Firmaron la carta los senadores del Comité de Inteligencia Ron Wyden, Mark Udall y Susan Collins, así como Mike Lee, Chuck Grassley, Jeff Merkley, Dick Durbin, Patrick Leahy, Tom Udall, Mark Begich y Al Franken.
Dianne Feinstein declaró que el memorando del Departamento de Justicia y otros documentos han permitido que el Comité de Inteligencia supervise “apropiada y minuciosamente” el uso de la fuerza letal.
“La supervisión continua y el comité sigue buscando los criterios legales del Departamento de Justicia que provean los detalles que no contiene este reporte en particular”, dijo Feinstein.