Por Rodrigo Aguiar
(CNNMéxico) — A pesar de que Estados Unidos registró un descenso en el número de estados que aplican la pena de muerte en 2012, los hispanos continúan siendo parte del grupo que más se enfrenta a la pena capital, y a muchos mexicanos no se les han revisado sus casos aunque existe un fallo internacional, denunció la organización Amnistía Internacional (AI).
“La aplicación de la pena de muerte parece estar muy relacionada con cuestiones discriminatorias”, afirmó en entrevista con CNNMéxico Daniel Zapico, director en México de AI.
En el estado de Texas, según Zapico, en 2011 el 31% de todos los ejecutados eran hispanos, y en un periodo de unos 10 años, el 65% de todas las personas ejecutadas en el estado pertenecían a una minoría, “fundamentalmente hispanos o negros”.
“La aplicación de la pena de muerte resulta discriminatoria, es más probable que te maten si eres hispano, si eres negro, que si eres blanco, eso nos preocupa especialmente”, dijo Zapico.
Según el Informe 2012 sobre la Pena de Muerte de AI, al que CNNMéxico tuvo acceso, el número de estados que aplicaron la pena de muerte en Estados Unidos se redujo de 13 en 2011 a nueve en 2012. Sin embargo, hay 3.170 personas en la antesala de la muerte, incluidas 724 en California, 403 en Florida, 308 en Texas, 204 en Pensilvania y 200 en Alabama.
El año pasado fueron ejecutadas seis personas en Arizona, una en Delaware, tres en Florida, seis en Mississippi, tres en Ohio, seis en Oklahoma, dos en Dakota del Sur y 15 en Texas.
Es precisamente este último estado donde decenas de mexicanos fueron condenados a la pena capital, según AI México.
“Es difícil dar una cifra absolutamente precisa” sobre los mexicanos condenados a muerte, según Zapico, debido a que pueden existir hijos de mexicanos en Estados Unidos que no han tramitado su nacionalidad mexicana, a la que tienen derecho.
Pero Zapico recordó el grupo de 51 reos mexicanos que denunciaron sus casos ante la Corte Internacional de Justicia, debido a que no recibieron asistencia consular.
Conocido como el Caso Avena, el tema se remonta a 2003, cuando México llevó ante la CIJ los casos, y un año después la corte falló a favor de México exigiendo la revisión de los casos.
Según AI México, en Texas, California, Nebraska, Nevada, Ohio, Oregón y Pensilvania, hay casos de mexicanos a los que no se les brindó la asistencia consular y que forman parte del Caso Avena.
Sin embargo, poco se ha hecho para que se revisen los casos debido a la falta de legislación del Congreso de Estados Unidos que haga cumplir con la sentencia.
Zapico recordó que una corte de apelaciones de Texas declaró una orden del entonces presidente George W. Bush como inconstitucional, al argumentar que el presidente no tenía competencia para obligar al estado a hacer cumplir la resolución.
Aunque el caso llegó a la Corte Suprema, donde el pleno falló a favor de la obligatoriedad de la sentencia, la Corte también determinó que es el Congreso el que debe de legislar sobre el tema.
Esto mantiene en la misma situación al grupo de mexicanos. De los 51, a uno se le cambió su sentencia por cadena perpetua y otros dos fueron ejecutados en Texas, José Ernesto Medellín, en mayo de 2008, y Humberto Leal, en julio de 2011.
El caso más próximo, según AI, es el de Edgar Tamayo Árias, quien intentó llevar su caso ante la Corte Suprema, pero el 13 de noviembre pasado el tribunal se negó a revisarlo.
Según AI México, Tamayo fue condenado a la pena capital por asesinar a un policía en 1994, cuando tenía 26 años de edad.
La ONG, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, pidió al presidente Barack Obama que obligue a los estados a revisar los casos, y que se asegure “que los estados acaten plenamente el fallo de CIJ”.
“Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente del delito, del delincuente o del método de ejecución”, afirmó la ONG.
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