Por Jesselyn Radack y Kathleen McClellan, especial para CNN
Nota del editor: Jesselyn Radack es la directora de seguridad nacional y derechos humanos del Government Accountability Project (GAP), una organización no gubernamental fundada en 1977 para promover la transparencia gubernamental y corporativa. Es autora de “Traitor: The Whistleblower and the American Taliban” (“Traidor: el soplón y el talibán estadounidense”). Kathleen McClellan es consejera de seguridad nacional y derechos humanos del GAP.
(CNN) – El soldado Bradley Manning es uno de los más grandes soplones en la historia de los Estados Unidos y su caso constituye la séptima persecución de la administración Obama contra informantes de datos de inteligencia y seguridad nacional. Sus filtraciones a WikiLeaks revelaron crímenes de guerra y torturas, dos temas que seguramente interesen al público.
El hecho de que los medios más importantes del mundo hayan difundido la mayoría de sus revelaciones evidencia el enorme valor que tienen las acciones de nuestro gobierno.
Manning fue sentenciado a 35 años de prisión, pero su condena debería reducirse al tiempo que ya pasó detenido: tres años y medio de encarcelamiento incorrecto antes de ser juzgado, también conocido como tortura. Sufrió aislamiento y fue obligado a estar desnudo.
El juicio de Manning fue escasamente cubierto por los grandes medios. Los canales alternativos que siguieron el caso con atención tuvieron que enfrentar una discreción sin precedentes. Tanta que ninguno de los alegatos antes del juicio fue divulgado públicamente.
Estados Unidos debería superar los tribunales secretos y la criminalización de los informantes.
Los fiscales militares pidieron hasta 60 años de cárcel para Manning para “enviar un mensaje”. Enviar un mensaje tiene mucho que ver con la política y poco y nada con la justicia. Pese a que la condena fue menor, los 35 años que Manning pasará en la cárcel buscan mandar un mensaje por su conducta. Una conducta que le permitió al público conocer evidencias de ciertos delitos y que no dañó a los Estados Unidos. Los delincuentes responsables de los hechos que Manning denunció tuvieron destinos mucho más amables.
Como Manning, dos soplones que fueron clientes de nuestra organización, el exejecutivo de la Agencia de Seguridad Nacional Thomas Drake, que expuso la intervención ilegal de teléfonos; y el exoficial de la CIA John Kiriakou, que divulgó las torturas de su agencia, fueron acusados bajo el Acta de Espionaje. A diferencia de Manning, no fueron condenados bajo esa acta, a pesar de que Kiriakou está cumpliendo una pena de 30 meses en prisión. Como en el caso de Manning, el único realmente castigado fue el informante.
Drake y Kirakou ayudaron a revelar dos de los mayores escándalos de la era post atentados 2001. Son, sin embargo, las dos únicas personas procesadas criminalmente en relación a esos hechos. El mensaje es claro: es más seguro para un empleado del gobierno violar la Cuarta Enmienda, torturar detenidos o abrir fuego contra ciudadanos civiles, como se observa en uno de los videos que Manning filtró a Wikileaks (allí se muestra a un helicóptero de los Estados Unidos disparando contra un grupo de personas en Nuevo Bagdad en 2007; dos de los muertos eran periodistas de Reuters y dos niños resultaron gravemente heridos).
La dura condena contra Manning y el despótico deseo del gobierno de “enviar un mensaje” representan otro lúgubre paso contra el ocultamiento de una administración que se jacta de ser la “más transparente de la historia”.