(CNN) – Un sacerdote católico acudió a una corte para interponer una demanda, afirmando que el cierre parcial del gobierno le impide brindar servicios religiosos -aún de forma voluntaria- en una base militar estadounidense.
El lunes, el padre Ray Leonard presentó la querella en un tribunal federal de distrito en Washington, en la que expresa que “desea continuar practicando su fe y ministrando a la comunidad religiosa, sin cobro alguno… pero le han dicho que podría ser arrestado si lo hace”.
Leonard es un empleado civil que acaba de ser contratado; debía empezar a trabajar el 1 de octubre para brindar servicios religiosos católicos en la Base Naval de Submarinos Kings Bay, en Georgia.
El sacerdote fue uno de los miles de empleados civiles militares y contratistas que quedaron suspendidos debido a que el Congreso no logró ponerse de acuerdo respecto al financiamiento del gobierno federal. El Secretario de Defensa, Chuck Hagel, desde entonces ha restituido a algunos trabajadores del Departamento de Defensa, pero se excluyó a los capellanes civiles del ejército.
Leonard y el co-demandante, Fred Naylor, un veterano que asiste a los servicios católicos, dijeron que su derecho bajo la Primera Enmienda de expresión religiosa y alcance estaba siendo violado.
La base está ubicada en St. Marys, cerca de la costa del sur de Georgia. A los capellanes de servicio activo aún se les permite atender a la comunidad católica de la base, según oficiales de Kings Bay.
Ambos hombres están siendo representados por Thomas More Law Center, con sede en Michigan. La firma se refiere al caso como un “sorprendente ataque a la libertad religiosa por parte del gobierno federal, y la más reciente afrenta contra el ejército desde el inicio del cierre”.
No hubo reacción de los oficiales de la base respecto al litigio pendiente de sentencia definitiva.
La demanda dice que cerca de 300 familias católicas en la comunidad religiosa de Leonard no han podido asistir a misa en la base desde que inició el cierre. A Leonard no se le ha permitido entrar a su oficina, y se le ha negado acceso a artículos de su fe, incluyendo la Santa Eucaristía.
Un rótulo colocado en la puerta de la capilla de la base lee “La misa católica queda suspendida hasta nuevo aviso”, y que “los capellanes de servicio activo continuarán facilitando, proveyendo, atendiendo y aconsejando a la comunidad de la base”.
A los feligreses se les ha aconsejado que asistan a una iglesia católica fuera de la base, la cual está ubicada a 12 kilómetros de distancia.
En una declaración jurada, Leonard dijo que había servido a la comunidad tibetana en China durante una década. “En China, también me vi privado de realizar servicios religiosos públicos debido a la falta de libertad religiosa en ese país. Nunca imaginé que cuando regresara a casa a Estados Unidos, me prohibirían practicar mis creencias religiosas como he sido llamado a hacerlo, y que me prohibirían ayudar y servir a mi comunidad religiosa”.
Hay alrededor de 10.000 personas que viven, trabajan y utilizan la base de la marina.
Leonard también afirma que “miembros de religiones aparte de la religión católica romana, han tenido acceso a la capilla para practicar su religión de conformidad con sus respectivas creencias”.
El aviso del personal de la capilla lee, “Los servicios protestantes se seguirán llevando a cabo en la capilla de la base, los domingos a las 10:30. Lamentamos los inconvenientes”.
El gobierno tendrá la oportunidad de responder a la demanda en las próximas semanas. No estaba claro si cualquier fin al cierre y la reanudación de los servicios católicos harían que el proceso de demanda no se llevara a cabo.
El caso es Leonard v. el Departamento de Defensa de EE.UU. (1:13-cv-1571).