Por Romina Ruiz-Goiriena, CNN
Ciudad de Guatemala (CNN) – El nuevo comisionado contra la impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, llegó al país centroamericano en octubre con una ambiciosa agenda, prometiendo investigar las conexiones entre el narcotráfico y los partidos políticos.
“Vamos a investigar si el crimen organizado se ha infiltrado con su financiación en las campañas políticas”, dijo a CNN en Español en una entrevista exclusiva.
El anuncio causó conmoción en un país que afronta una de las mayores tasas de asesinatos en América Latina. La corrupción institucional generalizada y la violencia social relacionada con el narcotráfico continúan preocupando, de acuerdo con un informe reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los anteriores comisionados han tenido éxito desenmascarando a las redes que coluden con el gobierno. Pero Velásquez prevé una investigación que podría exponer el mismo aparato de la actividad criminal, removiendo cielo y tierra.
Para Velásquez, es cuestión de transparencia.
“Debemos consolidar las actividades de los partidos políticos para que en cambio puedan ser más coherentes, fuertes y permanentes”, dijo.
El magistrado colombiano de 58 años fue interceptado en septiembre por Naciones Unidas para tomar el timón de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo especial independiente de fiscales. Un acuerdo a nivel de tratado especial entre Guatemala y la ONU firmado en 2006 da a la comisión poderes especiales para investigar un número limitado de casos delicados.
La investigación a los partidos políticos seguramente molestará a algunos, pero es algo que Velásquez ya ha realizado antes.
Y le pide a los guatemaltecos que participen.
“En esta investigación en particular necesitamos la mayor participación ciudadana posible”, dijo Velásquez. “Someteremos a investigación toda la información que nos quieran brindar”.
De Colombia a Centroamérica
Velázquez surgió entre los rangos judiciales, explorando los nexos entre los congresistas y los grupos paramilitares en Colombia en la década de 2000. Esto terminó con varios miembros del Congreso colombiano entre rejas.
Durante su peor período, Colombia estaba plagada por el crimen organizado antes de que el orden fuera restablecido, dijo Velásquez.
En Guatemala todavía se puede prevenir que caiga en ese abismo que otros países han afrontado.
“Por lo que he visto en Guatemala en el curso de estos dos meses, nos encontramos en las primeras etapas”, dijo.
La Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz, confía que la experiencia que el comisionado tuvo en Colombia le permitirá abordar esta investigación de tan alto impacto. Después de todo, dijo Paz, “existen semejanzas en cómo el crimen organizado se ha infiltrado en los diferentes sectores de la sociedad dentro y fuera del aparato del estado”.
De acuerdo a observadores internacionales, el liderazgo de Paz en el Ministerio Público, en conjunción con la Comisión, ha desempeñado un papel decisivo en sofocar bandas del crimen organizado.
Para Eduardo Stein, ex vice presidente guatemalteco, que fue uno de los negociadores claves para traer la CICIG a Guatemala, podría ser un momento determinante para la democracia de la nación.
“Esto es emblemático. “Por fin podríamos tener algún tipo de transparencia en cómo hacemos política en este país”, dijo Stein.
Sin embargo, otros sectores de la sociedad, entre ellos el mismo Presidente Otto Pérez Molina, parecen no apoyar tanto la búsqueda de Velásquez.
Velásquez “no tiene suficiente tiempo” para investigar a los partidos políticos y debería enfocarse únicamente en terminar el mandato de la comisión, dijo Pérez a los medios locales.
La oficina de Pérez no respondió a las múltiples peticiones de comentarios de CNN.
En el pasado, la CICIG ha procesado exitosamente varios casos de alto perfil, entre ellos el de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, que casi tumbó el gobierno del ex presidente Álvaro Colom.
Rosenberg había grabado un vídeo alegando que si era asesinado, había sido por órdenes del presidente. La investigación de la comisión reveló que había sido Rosenberg quien había pagado el encargo para ser asesinado. Los miembros de una banda de ocho personas fueron luego declarados culpables por el asesinato.
La misión a largo plazo, sin embargo, es de fortalecer las instituciones estatales antes de que la comisión se marche de Guatemala, lo que se espera ocurra en 2015. El mandato de la comisión podría también ser renovado. Sin embargo, desde su concepción, algunos legisladores guatemaltecos y otros funcionarios han cabildeado sin éxito por expulsar a la entidad apoyada por la ONU.
Velásquez no se dejará intimidar por un poco de hostilidad.
“Sólo porque algunos sectores de la sociedad se opongan a la investigación, no significa que ésta fallará o quedará truncada”, dijo.
Probando a la democracia
Sin embargo, a pesar de la oposición que la CICIG afronta, hay muchos observadores en el país y en el extranjero que apoyan su mandato.
Ha tardado mucho en llegar una investigación de la CICIG y Guatemala sobre los nexos entre los partidos políticos y el crimen organizado, dijo Anita Isaacs, una estudiosa de hace mucho tiempo de Guatemala y profesora de ciencias políticas en el Harverford College en Pennsylvania.
“Se debería de dar el siguiente paso”, dijo Isaacs. “El panorama en Guatemala ha variado levemente. Se ha ido mordiendo por los bordes y finalmente se ha llegado al corazón”.
Antes de la creación de la comisión, Guatemala tenía una tasa de impunidad del 97%. Solamente un 3% de los homicidios terminaban con una condena.
La CICIG supervisó la contratación de cientos de nuevos fiscales, la creación de nuevas unidades y la purga del Ministerio Público del país. Durante el ejercicio de Paz, la oficina de la Fiscal General rebajó drásticamente la tasa de impunidad en más de una cuarta parte.
En un informe reciente sobre los resultados en 2013 del Ministerio Público, la oficina de Paz condenó a un récord de 7.122 personas en 2013, un incremento del 20%, comparado con 5.941 personas en 2012.
Michael Frulhling, embajador de Suecia en Guatemala, dice que el futuro descansa en manos de los mismos guatemaltecos. Suecia ha donado más de $25 millones a la Comisión.
“Al final”, dice, “la lucha contra la impunidad depende por completo de las autoridades del país”.