Por Robert Menendez
Nota del editor: el Senador Robert Menendez, Demócrata de Nueva Jersey, es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente las del autor.
(CNN) – Las imágenes de represión y brutalidad contra los manifestantes pacíficos que exigen democracia y la eliminación de la corrupción no se limitan a Ucrania.
En nuestro hemisferio, los venezolanos están sufriendo a manos de su propio gobierno. La violencia y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos han llevado a 41 muertos, cientos de heridos, y miles de detenidos.
Estas violaciones a los derechos humanos en Venezuela fueron descritas este mes por Human Rights Watch en un informe de 103 páginas, titulado “Castigados por protestar: violaciones a los derechos humanos en las calles de Venezuela, centros de detención, y el sistema de justicia”.
El estudio descubre la administración del presidente Nicolás Maduro y muestra su disposición para llegar a extremos peligrosos a fin de silenciar la disidencia política.
Muestra una situación de desintegración en Venezuela mucho peor de lo que se sospecha. La letanía de las violaciones a los derechos humanos se ilustra de forma gráfica: el uso ilegal de la fuerza, los arrestos violentos masivos, la ofensiva contra la libertad de expresión y de prensa, la negación del debido proceso, y abusos en centros de detención, incluyendo torturas con choques eléctricos.
Al valerse de tácticas perfeccionadas por el régimen cubano, agresivos miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas se muestran uniéndose a grupos armados conocidos como colectivos para golpear a los manifestantes desarmados, disparando municiones y gases lacrimógenos sin distinción hacia las multitudes.
En un caso, según el informe, un miembro de la Guardia Nacional “se paró sobre la cabeza de un joven manifestante y le disparó a quemarropa con balas de goma en su muslo. El tiro le pegó a un conjunto de llaves en su bolsillo, dispersando fragmentos de metal, al igual que perdigones en su pierna. “Fue llevado a un centro de detención militar, se le negó tratamiento médico durante horas y perdió tanta sangre que estuvo a punto de morir cuando finalmente le permitieron ver a un doctor”.
Si bien los manifestantes a favor de la democracia no están libres de culpa en el uso de violencia, la responsabilidad principal del terrible e injustificado uso de la fuerza descansa con Maduro y su banda de burócratas.
El supuesto paraíso socialista de Venezuela se ha convertido en una verdadera pesadilla de la vida real.
En una época en la que muchos países en las Américas están experimentando un ascenso económico sustentado por las crecientes clases medias, todo indicador revela que Venezuela está experimentando un retroceso a un ritmo alarmante.
Los alarmantes niveles de violencia criminal se aúnan a una caída libre económica, puntuada por una inflación altísima y una escasez de artículos básicos de consumo.
Hoy en día en Venezuela, el Estado de derecho ha sido abandonado, el poder judicial se ha apagado, la libertad de prensa no existe y la corrupción se da de manera desenfrenada. Traficantes de drogas actúan en colusión con funcionarios del gobierno, y la libre circulación de narcóticos fuera del país representa una amenaza para la seguridad del hemisferio, al igual que para Estados Unidos.
El mes pasado, Maduro declaró en el New York Times que “Venezuela necesita paz y diálogo para salir adelante”, pero en su lugar, ha creado discordia y sufrimiento.
Al no tener recurso alternativo en contra de la crisis que consume su país, los ciudadanos venezolanos han recurrido a manifestaciones en masa desde principios de febrero. Su valor ha encontrado represión, y las imágenes que inundan las redes sociales inducen un torrente de compasión, al igual que terror y lamento.
Los intentos por parte de gobiernos suramericanos y del Vaticano para mediar el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición han colapsado y los arrestos en masa continúan. La Organización de Estados Americanos debe tomar una posición contundente y exigir el respeto a los derechos humanos y la inclusión democrática en Venezuela.
Como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, desempeñar el papel de espectador frente a este caos es inaceptable.
Mi respuesta al caos inspirado por Maduro es escribir una legislación que imponga sanciones dirigidas a aquellos individuos responsables de violar los derechos a realizar manifestaciones pacíficas.
Mientras están diseñadas para evitar afectar a la población venezolana, estos severos castigos incluyen congelar activos y la prohibición de visas para miembros de alto rango del gobierno de Maduro que han aterrorizado a grandes segmentos de la población con inquebrantable impunidad.
La legislación también autoriza 15 millones de dólares para defender los derechos humanos, apoyar a la sociedad civil democrática y fortalecer el Estado de derecho.
El momento de actuar ha llegado.
El martes, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobará esta legislación. Como una nación de las Américas guiada por los principios de libertad y democracia, tenemos el deber de responder cuando la luz de la libertad se ve amenazada.
#SOSVenezuela es un constante mensaje en las redes sociales, llevando la atención internacional a la situación de deterioro que se vive en Venezuela.