(CNN Español) – Casi tres semanas después de la desaparición de 43 jóvenes en el estado de Guerrero, hay alrededor de 50 detenidos y 19 fosas clandestinas, pero no aún hay nada concreto sobre qué ocurrió ni dónde están.
En tanto, siguen las marchas y anuncios de más manifestaciones en protesta por la lentitud de las investigaciones. Las autoridades estudian ofrecer recompensas para ayudar a esclarecer lo ocurrido.
Familiares de los desaparecidos, así como normalistas y maestros, planean tomar los 81 ayuntamientos de Guerrero y bloquear las carreteras para exigir la localización de las víctimas. Además, exigen el inicio de un juicio político contra el gobernador, Ángel Aguirre.
Las medidas de los inconformes incluyen una marcha masiva este viernes en Acapulco, a tres semanas de los hechos ocurridos en el municipio de Iguala.
Investigación
Un nuevo hecho arroja más elementos a la teoría de una confabulación entre la Policía de Iguala y el crimen organizado. Las autoridades informaron de la captura de un presunto operador financiero del cartel Guerreros Unidos, y según una fuente de la Procuraduría General, ya rindió sus primeras declaraciones.
El sospechoso dijo que le pagaba una suma mensual a Francisco Salgado Valladares, subdirector de Seguridad Pública de Iguala, quien se encuentra prófugo de la justicia, por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes el 26 de septiembre.