Por Iván Pérez Sarmenti, CNN Español

(CNN Español) – Mientras la presidenta de Argentina Cristina Fernández regresó a la escena pública luego de su convalecencia, continúan los ataques del Gobierno hacia la justicia por la investigación por supuestas irregularidades contables y registrales en una empresa hotelera de la mandataria.

El gobierno criticó a la Justicia, que investiga supuestas irregularidades contables y registrales en la empresa hotelera Hotesur, de la presidenta Fernández.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que la justicia no es independiente. “La independencia del Poder Judicial no existe, solamente existe independencia del Poder Judicial respecto al gobierno que me parece muy bien. Ahora, no es independiente de los grupos corporativos ni es independiente de la oposición política, o sea actúan en una estrategia clara y deliberada”, aseguró Capitanich.

Estas declaraciones se producen luego de que el juez Claudio Bonadío allanara el jueves Hotesur, de la cual la presidenta es una de las principales accionistas, a partir de una denuncia realizada por una diputada opositora.

La presidenta Fernández dijo el martes que no se dejará extorsionar por ningún “carancho judicial”.

Una de las presuntas irregularidades de la administradora Hotesur provendría del balance de 2010, que, según medios locales, se habría aprobado en una asamblea realizada en Buenos Aires, donde ya no tenía domicilio legal.

La empresa reconoció que no presentó algunos balances, pero aseguró que esa falta no constituye un delito y que no adeuda nada al fisco.

Es el último capítulo de una historia que ha perseguido a la presidenta sobre el origen de su riqueza.

El juez es el mismo que procesó el vicepresidente Amado Boudou por la supuesta adulteración de papeles de un automóvil —del que el político se declara inocente— y según el Gobierno tiene varias causas en su contra en el Consejo de la Magistratura, por lo cual anticiparon que lo denunciaran ante ese organismo.

Según Capitanich, se trata de una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial.

Mientras que desde la Asociación de Magistrados aseveran que el gobierno quiere “amedrentar a los jueces”, algunos analistas señalan que la Justicia está animándose a investigar al gobierno ante la proximidad del fin del mandato de Fernández en diciembre de 2015.

Según explica el analista Orlando D’Adamo, “en Argentina habitualmente los jueces se animan a hacer cosas cuando ven que el Gobierno está saliendo que no se animan a hacer antes, por otra parte las operaciones del gobierno para controlar la Justicia algunas de ellas han fracasado, algunas modificaciones fracasaron y por lo tanto sienten que tienen un lado frágil y evidentemente hay demasiados nudos sueltos y tienen miedo a las consecuencias”.

Luego de la reforma del Código Civil, el gobierno espera que antes de fin de año el Congreso sancione el nuevo Código Procesal Penal, que quitaría varias atribuciones a los jueces y daría más poder y autonomía a los fiscales.

En su regreso, Fernández puso en funcionamiento trenes nuevos para un trayecto del sistema metropolitano y cerrará una convención de la cámara argentina de la construcción.