(CNN) – Dado que las elecciones presidenciales se avecinan, los políticos de ambas partes están discutiendo sobre la inmigración en una batalla que parece nunca terminar.
Algunos hacen referencia a un caso reciente —una mujer en San Francisco que al parecer fue asesinada por un inmigrante indocumentado que ya había sido deportado cinco veces— como otra señal de que el sistema estadounidense necesita con urgencia una reforma.
Pero, ¿cuáles son las cifras detrás de la retórica?
He aquí un vistazo a algunas de las estadísticas, de dónde vienen y qué dicen las personas de las diferentes partes involucradas en el debate.
11,2 millones
Ese es el cálculo más reciente del número de inmigrantes no autorizados que se encuentran en Estados Unidos, de acuerdo con el Centro de Investigación Pew.mY es menos del 4% del total de la población de Estados Unidos.
Esa cifra alcanzó su punto máximo en el 2007, según Pew, cuando el estimado de inmigrantes ilegales en el país ascendió a 12,2 millones. Pero desde el 2009, se “mantuvo prácticamente sin cambios”, informa Pew, ya que el número de inmigrantes indocumentados que han ingresado y salido de Estados Unidos “ha alcanzado un equilibrio irregular”.
177.960
Ese es el número de inmigrantes indocumentados deportados el año pasado que fueron declarados criminales, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el ICE, ese es el 56% del número total de deportaciones del año pasado y, según la agencia, ese es el grupo al que se coloca primero cuando se trata de decidir qué casos priorizar.
Pregúntale a alguien como al aspirante republicano a la presidencia Donald Trump sobre esta cifra y escucharás un sermón sobre cómo estas estadísticas y otras demuestran el crimen desenfrenado entre los inmigrantes indocumentados.
Los defensores de los inmigrantes dicen que eso está lejos de la verdad y agregan que es importante considerar cómo es definido el término que la ICE utiliza para hablar sobre los criminales convictos —”extranjero criminal”—.
“Las estadísticas del gobierno sobre quiénes están siendo sacados del país podrían ser un tanto engañosas”, dice Walter Ewing, un investigador senior del Consejo Americano de Inmigración que ayudó a redactar un informe publicado esta semana en el que se afirma que los inmigrantes son menos propensos a ser criminales que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
“Los inmigrantes que experimentan el más mínimo roce con el sistema de justicia penal, como ser declarado culpable de un delito menor, podrían ser detenidos durante un período de tiempo indefinido, después del cual son expulsados del país y se les prohíbe regresar”, dice el informe. “En otras palabras, durante años el gobierno ha estado redefiniendo lo que significa ser un ‘extranjero criminal’, utilizando definiciones y estándares de ‘criminalidad’ cada vez más estrictos que no se aplican a los ciudadanos estadounidenses”.
121
Esa es la cantidad de personas liberadas de la custodia de inmigración y que posteriormente fueron acusadas de asesinato entre el 2010 y el 2014, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional citadas en una carta reciente de dos senadores estadounidenses. Eso es alrededor de una milésima de un porcentaje del número total estimado de inmigrantes no autorizados que residen en Estados Unidos.
Los senadores republicanos Jeff Sessions y Chuck Grassley han estado haciendo referencia a esta cifra a medida que presionan a las autoridades federales para obtener respuestas, con el argumento de que “cada año un sinnúmero de estadounidenses inocentes son víctimas de delitos perpetrados por criminales sujetos a deportación”.
Y el reciente tiroteo en San Francisco ha alimentado aún más el debate sobre si las autoridades están haciendo lo suficiente para sacar a los delincuentes peligrosos de las calles… y echarlos de Estados Unidos.
Sin embargo, otros funcionarios han enfatizado que es importante tomar en cuenta el panorama general y no tomar decisiones instintivas basadas en casos individuales.
Según dijo esta semana Kamala Harris, fiscal general de California, “en relación a la inmigración, nuestra política no debe estar basada en nuestra indignación colectiva sobre la conducta de un solo hombre”.
73.665
Este es el número de reclusos en prisiones estatales y federales que no son ciudadanos estadounidenses, según el último informe sobre la población penitenciaria de la Oficina de Estadísticas Judiciales. Eso es alrededor del 5% de la población penitenciaria total.
En la reciente presión que Trump hizo para que se construya un enorme muro en la frontera sur de Estados Unidos, él ha dicho que hay “cientos de miles” de inmigrantes indocumentados en las prisiones estatales y federales de la nación. Esa fue una afirmación que el sitio web de comprobación de hechos PolitiFact calificó como “prácticamente falsa”.
“En el mejor de los casos, la afirmación básica es insostenible o muy probablemente pura ficción. Un hecho creado de la nada”, según Ramiro Martínez, un profesor de justicia penal de la Universidad Northeastern, le dijo a PolitiFact.
Según dice PolitiFact, la conclusión es que no se sabe con certeza cuántos inmigrantes indocumentados se encuentran actualmente en prisión, debido a que las estadísticas disponibles no proporcionan detalles sobre el estatus migratorio de los internos.
Los analistas en ambos lados del debate sobre la inmigración se ponen de acuerdo en una cosa: no se cuenta con información fidedigna al respecto. Pero en cuanto a qué tan probable es que los inmigrantes cometan delitos dependerá de a quién le preguntes.
En un informe del 2009 en el que se afirma que los inmigrantes tienen “altas tasas de criminalidad”, el Centro de Estudios de Inmigración señaló que según las estadísticas los ciudadanos no estadounidenses representan una cuarta parte de la población penitenciaria de Estados Unidos.
El informe de esta semana del Consejo Estadounidense de Inmigración argumenta que los inmigrantes son menos propensos a cometer crímenes y que están excesivamente representados en el sistema penitenciario federal. Al citar la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, el informe también señala que el porcentaje de hombres nacidos en el extranjero, que están en Estados Unidos y que se encuentran en prisión (1,6%), es menor al porcentaje de hombres nacidos en Estados Unidos que están encarcelados (3,3%). Y la razón por la que están tras las rejas a menudo está vinculada con delitos de inmigración.
“Aunque algunos podrían estar allí por haber cometido un delito grave, una gran mayoría podría estar allí debido a una violación de inmigración”, dice el informe.
1 millón
Esa es la cantidad de las denominadas “órdenes de detención” que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitieron y enviaron a las autoridades locales del 2008 al 2012, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.
Más de tres cuartas partes de las mismas correspondían a inmigrantes que no tenían antecedentes penales en sus registros. En el caso de los que habían sido condenados, solo el 8,6% fueron acusados de delitos graves, con base en las normas federales.
Las autoridades federales de inmigración usan órdenes de detención para solicitarle a las agencias locales que detengan a los inmigrantes no autorizados, para finalmente entregarlos al Departamento de Seguridad Nacional.
Es un enfoque polémico que ha causado enojo entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que los federales han utilizado la herramienta inapropiadamente para detener y deportar a personas que no lo merecen.
Como resultado, algunos lugares —como San Francisco— se autodenominan ciudades santuario y dicen que no cumplirán con esas peticiones, exigiendo que las autoridades federales lo hagan a través de los tribunales.
Esta es una situación que ha sido el centro de atención debido al tiroteo que ocurrió este mes en San Francisco. Los críticos de la ciudad argumentan que los funcionarios allí se equivocaron al no informarle al Departamento de Seguridad Nacional que estaban dejando en libertad al sospechoso Juan Francisco López-Sánchez.
En una entrevista con CNN el martes, la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, dijo que San Francisco debería haber escuchado al Departamento de Seguridad Nacional y cometió un error al no enviar la documentación de López-Sánchez.
“No apoyo en lo absoluto a una ciudad que no toma medidas con base en las pruebas claras que tenían. …Si se hubiera tratado de una infracción de tráfico por primera vez, si hubiera sido algo menor, un delito menor, eso es totalmente diferente”, dijo. “Este hombre ya había sido deportado en cinco ocasiones. Y él debería haber sido deportado a petición del gobierno federal”.
El alguacil de San Francisco, Ross Mirkarimi, dijo que su ciudad tiene una buena razón para adoptar ese enfoque.
“Debido a que no se ha conciliado a nivel federal, los gobiernos locales y estatales están creando nuevas leyes”.
10.182
Esa es la cantidad de órdenes de detención emitidas por el ICE que las autoridades del orden público a nivel estatal y local se negaron a respetar el año pasado.
“Esto requiere que el ICE gaste en recursos adicionales para tratar de localizar, detener y expulsar a los extranjeros criminales que fueron liberados en la comunidad, en lugar de haber sido transferidos directamente para ser puestos bajo custodia”, dijo el ICE en su informe sobre las estadísticas de deportación del año pasado.
Sin embargo, cuando se trata de órdenes de detención de inmigración, existe una larga historia de desconfianza entre las agencias locales y federales, dice Ruben Rumbaut, profesor de sociología de la Universidad de California en Irvine.
“La mayoría de las personas que fueron incluidas en las órdenes de detención del ICE al final fueron deportadas fuera del país por razones que no tienen nada que ver con el crimen”, dijo Rumbaut. “Esto se ha vuelto muy controvertido”.