(CNN) – Estos son días sombríos para la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la aislada secta polígama dirigida por el profeta encarcelado Warren Jeffs.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos asestó un doble golpe contra el liderazgo de la secta el lunes:
En Phoenix, un jurado federal determinó que los líderes de la iglesia controlaban el gobierno municipal en dos ciudades que discriminaban contra los no creyentes.
Y en Salt Lake City, un magistrado federal ordenó que el hermano de Jeffs, Lyle, el supuesto obispo de las dos ciudades, permaneciera tras las rejas mientras espera juicio por una supuesta estafa de cupones de alimentos y lavado de dinero.
Amos Guiora, profesor de derecho de la Universidad de Utah y quien ha escrito mucho sobre dicha agrupación religiosa, se refirió a los avances de la Corte el lunes como algo significativo, pero añadió que no deben considerarse como el comienzo del fin del grupo.
“Es una señal de que no permitiremos la intolerancia”, dijo Guiora. “No toleraremos los crímenes cometidos en nombre de la religión”.
Sin embargo, advirtió que el veredicto civil y el caso de fraude federal de cupones de alimentos apuntaron a los supuestos delitos de los líderes de la iglesia, no a la fe practicada por ellos y sus seguidores.
Tres hermanos tras las rejas
Y así, tres hermanos Jeffs —Warren, Lyle y Seth— ahora están tras las rejas, creando lo que parece ser un vacío de liderazgo en la IFSUD.
Warren Jeffs sigue dirigiendo la secta desde la prisión, según el testimonio en el juicio civil llevado a cabo en Phoenix. Lyle Jeffs lleva a cabo sus directivas como el obispo de Short Creek, que incluye a Hildale, Utah y Colorado City, Arizona, las dos ciudades objeto del veredicto en Phoenix. Y Seth Jeffs es obispo de un compuesto cerca de Pringle, Dakota del Sur, conocido como R-23.
Un juez federal ordenó que Lyle Jeffs permaneciera tras las rejas mientras espera juicio.
Se desconoce qué sucederá después de Hildale y Colorado City. A los gobiernos municipales se les podría retirar la certificación o quedar bajo tutela judicial, y la fuerza policial compartida podría ser disuelta. En ese caso, los organismos de policía externos podrían asumir el control del Cuerpo de Alguaciles de Colorado City.
La secta no era la acusada en la demanda presentada por la división de derechos civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En relación al futuro, Guiora dijo: “Tiene que haber respeto por aquellos que quieren seguir practicando su religión”.
“El veredicto de hoy reafirma que Estados Unidos les garantiza a todas las personas una protección equitativa y un trato justo, independientemente de sus creencias religiosas”, dijo Vanita Gupta, quien dirige la división de derechos civiles del Departamento de Justicia. “Cuando las comunidades les niegan a sus residentes servicios críticos simplemente debido al lugar donde rinden culto, violan nuestras leyes y amenazan los valores que definen a la libertad religiosa y la tolerancia que son la base de nuestro país”.
Se levanta el velo de una sociedad secreta
El veredicto puso fin a un juicio de siete semanas que levantó el velo que gira en torno a una sociedad secreta que practica el matrimonio plural y cree que Dios habla a los fieles por medio del profeta, Warren Jeffs. Él está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en Texas por agredir sexualmente a dos niñas, de entre 12 y 15 años de edad, a quien él consideraba “esposas espirituales”. Gran parte del testimonio del gobierno provenían de antiguos miembros descontentos de la iglesia.
Los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que los líderes de la iglesia controlaban a las personas nombradas a cargo de los ayuntamientos y a quienes desempeñaban cargos importantes en la ciudad. Las personas asignadas a su vez controlaban los recursos hídricos compartidos y los departamentos de policía.
Los testigos declararon que las ciudades les negaban conexiones de agua y otros servicios a las personas de fuera, los cuales los líderes de la iglesia recibían sin lugar a dudas. Los testigos que habían abandonado la secta también testificaron sobre cómo fueron espiados y acosados por la policía local y la seguridad de la iglesia.
Tal control enérgico, dice el gobierno federal, era corrupto.
“¿Cómo hemos llegado a esto en Estados Unidos de América?”, les preguntó el abogado Sean Keveney a los miembros del jurado en su argumento de cierre.
Pero los abogados de las dos ciudades argumentaron que el gobierno federal estaba haciendo la discriminación… en contra de Hildale y Colorado City. ¿Por qué? Los residentes de la ciudad practican una religión que al gobierno federal no le gusta y espera abolirla, argumentaron los abogados.
El abogado Jeffrey Matura planteó lo siguiente como una pregunta en su argumento final: “¿Quién está discriminando a quién?” Él representa a Colorado City, mientras que el abogado Blake Hamilton defendió a Hildale.
La defensa reconoció que la secta controla prácticamente todos los aspectos de las vidas de los seguidores, pero instó a los miembros del jurado a culpar a quien corresponde… a la iglesia y no a las ciudades. Matura les dijo a los miembros del jurado que si la secta estuviera en el juicio, le estaría pidiendo el pago de daños monetarios.
El juicio sacó a luz muchos secretos que habían sido muy bien guardados por una comunidad a la que no le agrada que las personas ajenas le presten atención. La mayoría de los miembros del grupo no miran televisión o películas ni tienen acceso a Internet.
Separada de la corriente principal de la iglesia mormona
La Iglesia Fundamentalista, la cual se separó de la corriente principal de la iglesia mormona por la práctica del matrimonio plural, se asentó en Short Creek en la década de 1930. Sin embargo, las poblaciones de las ciudades se multiplicaron justo antes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City en el 2002, con una población combinada de aproximadamente 10.000, en su mayoría miembros actuales o anteriores de la secta.
El gobierno federal representó a Short Creek de hoy en día como una teocracia donde había poca o ninguna separación entre la iglesia y el estado. Antes de la sentencia, los abogados negociaron un acuerdo en virtud del cual Hildale y Colorado City pagarían 1,6 millones de dólares en sanciones por violar la Ley Federal de Vivienda Justa.
Los casos anteriores en Utah, Arizona y Texas se han enfocado en Warren Jeffs y su práctica de concertar matrimonios polígamos entre las chicas menores de 18 años y líderes de la iglesia casados de mayor edad. Sin embargo, recientemente, el gobierno ha ampliado su objetivo más allá del profeta para centrarse en las finanzas y otras prácticas de la iglesia que afectan la vida cotidiana en Short Creek.
El juicio contó con el testimonio de varios “apóstatas”, quienes alguna vez fueron miembros prominentes y que han dejado la iglesia o han sido expulsados. Entre ellos se encontraba el exjefe de seguridad de la iglesia Willie Jessop, el exjefe del Cuerpo de Alguaciles de Colorado City, Helaman Barlow, así como Charlene y Thomas Jeffs, la exesposa y el hijo mayor de Lyle Jeffs.
El juicio es parte de la estrategia del gobierno para apuntar al liderazgo de la agrupación en múltiples frentes y aliviar su control sobre las ciudades. A pesar de que el testimonio se desarrolló en Phoenix, los fiscales federales en Salt Lake City preparaban las acusaciones formales contra los líderes de la iglesia por participar en un esquema de fraude y lavado de dinero para desplumar al gobierno de millones de cupones de alimentos.
Las autoridades federales estimaron que los líderes de la secta ilegalmente obtuvieron unos 12 millones de dólares en beneficios de cupones de alimentos.
La práctica incluso tenía un nombre, de acuerdo con documentos de la corte: “Sangrando a la bestia”.