Nota del editor: El académico Lawrence Pratt es profesor titular de INCAE Business School, donde imparte cursos sobre desarrollo sostenible y estrategia empresarial. Magíster en Administración Pública y Privada de la Escuela de Administración de la Universidad de Yale, fue director entre 2009 y 2015 del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) de la institución entre 2009 y 2015.
(CNN Español) – La energía es un insumo fundamental para el desarrollo productivo y social de cualquier país. Es particularmente importante en la región mesoamericana, área que comprende las economías de Centroamérica y de nueve estados mexicanos, donde la coyuntura exige energía líquida para combustibles de transporte.
Allí es también menester generar un suministro confiable de energía eléctrica en cantidad y calidad para satisfacer las crecientes necesidades del sector productivo y de las comunidades rurales y urbanas que aún no se han beneficiado de la conexión a las redes nacionales.
La región mesoamericana, formalmente reconocida por la OCDE, no cuenta con reservas importantes de petróleo o gas. De hecho, la crisis provocada por los altos precios del petróleo -a mediados de la década del 2000- puso de manifiesto la vulnerabilidad de las economías regionales a las fluctuaciones de los mercados mundiales de combustibles fósiles. La reacción inicial por parte de los gobiernos incluyó una serie de iniciativas dispersas y descoordinadas.
Más recientemente, sin embargo, las autoridades han apuntado a desarrollar políticas, estrategias y regulaciones –tanto a nivel nacional como regional– que expresan una visión bastante clara: menor dependencia de combustibles fósiles y mayor eficiencia en el uso de los recursos energéticos para asegurar el suministro y proporcionar acceso a millones de personas que no cuentan con servicio eléctrico.
Pese de los avances, todavía queda mucho por hacer, pues de acuerdo a la “Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020”, aprobada por los ministros de Energía en el 2007, es preciso instalar entre 6,300 y 7,300 MW de nueva capacidad de generación para finales de esta década, lo que significa inversiones entre 12,000 y 18,000 millones de dólares en ese período, la mayoría de ellas en energías limpias.
En esta dirección, entre los retos a resolver destacan el fortalecimiento del clima para las inversiones en el sector, a través de la aplicación transparente, predecible y oportuna de las políticas y regulaciones; la revisión de los marcos regulatorios en algunos países para dar certeza en los contratos de suministro; la racionalización del uso de los subsidios; el fortalecimiento y la sistematización de los esfuerzos para promover la eficiencia energética; expandir la cobertura del servicio eléctrico para alcanzar a los millones de habitantes de la región que todavía no tienen acceso, y dar un impulso final a la operación del mercado eléctrico regional.