(CNN) – Una denuncia presentada este martes acusa a los funcionarios estadounidenses de “abusos” en la frontera.
Varias mujeres mexicanas dicen que fueron arbitrariamente detenidas y registradas y que nunca les dijeron por qué las habían apartado para esta requisa. Un ciudadano estadounidense dice que un funcionario sacudió a su hijo de 11 años por el brazo causándole una fractura leve. Una residente legal de Estados Unidos afirma que un funcionario le gritó y la acusó falsamente de ser una fugitiva.
Estas denuncias están entre los 13 casos documentados en una queja que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su siglas en inglés) ha presentado frente al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
La queja administrativa acusa a los funcionarios de la frontera de “abuso sistemático” y violaciones a los derechos en varios puntos de entrada desde México hacia Estados Unidos y viceversa.
“Realmente pone en ridículo nuestros valores de justicia”, dice Cynthia Pompa, organizadora de la ACL. “Muestra que a esta agencia le falta supervisión”.
El Departamento de Seguridad Nacional no emitió comentarios sobre estas acusaciones.
Los reportes incluyen:
Una mujer mexicana de 51 años que dice que los funcionarios de frontera la acusaron falsamente de ser una prostituta y la obligaron a firmar una declaración falsa. La firmó porque no entendía inglés bien, según la queja. La confesión, dice el reporte, le prohibió entrar a EE.UU. por cinco años.
El caso de un estadounidense de 40 años que fue detenido por una inspección y les pidió a los agentes que tuvieran cuidado con su hijo pues se recuperaba de una fractura en el brazo. En lugar de eso, relata el hombre según el reporte, un funcionario “tomó el brazo de su hijo, sostuvo su muñeca en la espalda y lo alejó con fuerza del vehículo”. Después, dice la queja, los doctores le diagnosticaron una fractura leve en el brazo y la familia tuvo que pagar 5.000 dólares en gastos médicos. El hombre dice que presentó la queja y envió documentos a la agencia, pero nunca recibió una respuesta.
Una mujer de 59 años que ha sido residente permanente legal de Estados Unidos por 35 años y que afirma que los funcionarios la acusaron de ser una fugitiva y le tomaron una foto y las huellas digitales. La interrogaron por horas y la amenazaron con deportarla. “Eventualmente, los funcionarios le devolvieron sus documentos y la dejaron seguir hacia Estados Unidos, afirma el reporte. “Un agente le advirtió que nunca cruzara desde México de nuevo”
Varias personas dicen que estuvieron detenidas hasta 9 horas mientras los funcionarios supuestamente intentaban hacerles confesar crímenes que no cometieron.
Los casos citados en la denuncia, dice Pompa, son los más recientes ejemplos de una “cultura de abuso” de los funcionarios.
“Pueden atacar a una persona con acusaciones falsas en su contra y no tienen que presentar evidencia de sus acusaciones”, dice Pompa. “Pueden actuar como jueces y jurados. Pueden actuar como un deportador. Y todo ocurre sin que nada lo supervise”.
En la queja, la ACLU y las comunidades de la frontera dicen que quieren que el Departamento de Seguridad Nacional investigue estos reportes y cambie la agencia fronteriza.
Les piden a los oficiales federales que faciliten formularios de quejas en varios idiomas para que la raza y la etnia no sean un factor por el que detengan y requisen a una persona, y que empiecen a usar cámaras en el cuerpo para promover la responsabilidad y transparencia.