Nota del editor: Andrés Forero es concejal de Bogotá por el Centro Democrático, partido que se opone a los acuerdos de La Habana. Es economista de la Universidad Católica de Chile y columnista de La otra esquina. Síguel en Twitter @AForeroM
“Debemos acabar con 50 años de guerra”, “es preferible una paz imperfecta a una guerra perfecta”, “es hora de que los colombianos dejemos de matarnos por nuestras ideas”, “en una negociación se tiene que ceder en algo”, son frases con las que algunos de los promotores del Sí creen haberlo dicho todo sobre el plebiscito del próximo 2 de octubre. Hay que decir que son frases hábilmente construidas, que apelan a las emociones y a los anhelos de paz que abrigamos todos los colombianos.
Pero no debemos olvidar que a veces el lenguaje, cuando lo que se busca es transmitir deseos, no siempre refleja realidades y nubla nuestra capacidad crítica. En este sentido, hay que desterrar el mito de que la firma del acuerdo con las FARC traerá, como por arte de magia, el fin de la violencia en Colombia. Tristemente el logro de una paz “estable y duradera” no se reduce a que el presidente Santos y los jefes guerrilleros estampen su firma en un texto de 297 páginas.
No debemos olvidar que las FARC no son el único grupo armado al margen de la ley y es posible que no sea el más violento; si Timochenko & Cía. efectivamente dejan las armas, lamentablemente el ELN —Ejercito de Liberación Nacional— y las llamadas BACRIM —Bandas Criminales— seguirán sembrando el terror y la zozobra en los campos de Colombia. Tampoco hay que pasar por alto que el factor que mejor explica la violencia en el país es el narcotráfico. Por eso preocupa sobremanera que durante las conversaciones en La Habana los cultivos de coca hayan vuelto a crecer, pasando de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 en 2015 según la UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
A este panorama, ya de suyo complejo, hay que sumarle los efectos colaterales que puede traer la implementación del acuerdo de La Habana. Con este acuerdo el gobierno Santos está transmitiendo una señal perversa al resto de la sociedad, a saber, que el crimen paga. Esto no sólo aumenta los ya altos niveles de percepción de impunidad en el país, sino que sienta un peligroso precedente de cara a los demás grupos armados; se les ha notificado tácitamente que para no tener que pagar por sus crímenes tienen un camino: escalar la violencia.
Y es que las grandes ganadoras de las negociaciones en Cuba fueron las FARC: un grupo que entre hombres en armas, milicianos y colaboradores no supera el 1% de la población colombiana logró poner de rodillas a un gobierno que representa a más de 45 millones de personas. Los jefes farianos, los peores criminales de la historia de Colombia junto con los paramilitares, no sólo no pagarán un día de cárcel sino que tendrán acceso directo a 10 curules en el Congreso de la República durante los próximos dos periodos constitucionales.
Por otro lado, las FARC no se comprometieron a resarcir a sus víctimas con la inmensa fortuna que han amasado durante años gracias al narcotráfico, la extorsión y el secuestro; por el contrario, serán los contribuyentes, es decir todos los demás colombianos, los que sostendremos a la guerrillerada durante dos años y financiaremos al partido político fariano durante el próximo decenio. Por si esto fuera poco, exigieron la creación de una nuevo tribunal de justicia, tendrán incidencia en el manejo de los recursos del post-acuerdo y mediante una comisión de verdad en la que tendrán asiento podrán reescribir la historia del país. Todo esto a cambio de que dejen de matarnos.
Los colombianos iremos a las urnas el próximo 2 de octubre a expresar nuestro acuerdo o desacuerdo con lo pactado entre Santos y las FARC. Ese día no estaremos votando a favor o en contra de la paz. En el mejor de los casos se aprobará el desmonte parcial —y será parcial porque el Frente Primero ya ha dejado claro que no se plegará a lo pactado en La Habana— de una de las muchas estructuras criminales que pululan en el país. El costo de este desmonte será muy alto, tan alto que lamentablemente puede dar origen a nuevas violencias.
Los jóvenes no podemos ignorar estos peligros; el país en el que viviremos, para bien o para mal, tendrá la impronta de lo pactado en La Habana. Por esto debemos votar de manera informada, sopesando las ventajas y desventajas de los acuerdos con cabeza fría, evitando caer en una ligera y ciega emotividad. Y es que si en realidad queremos construir una paz “estable y duradera” no podemos hacerlo de espaldas a la verdad y la justicia.
CONTRAPARTE: Imperfecto, sí, pero voy a votar SÍ