(CNN Español) – Las denuncias de corrupción en Colombia salieron esta semana del caso Odebrecht y salpicaron al sector educativo. La Contraloría General denunció este martes que millonarios recursos destinados a proyectos de ciencia y tecnología en las regiones del país han sido desviados para otros fines, que incluyen un spa y un asadero de pollos, entre otros.
La denuncia la hizo el contralor general Edgardo Maya Villazón durante la presentación de un informe que asegura que el “desempeño del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación” de Colombia “revela riesgos, inversiones poco pertinentes y problemas de eficiencia”.
La Constitución de Colombia prevé que el 10% de las regalías que deja la explotación de los recursos naturales no renovables se destine a un Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que a su vez pertenece al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, llamado Colciencias y que depende directamente de la Presidencia de la República.
El Fondo debe, con ese dinero, financiar proyectos que promuevan la ciencia, la tecnología y la innovación en los 32 departamentos del país, incluidos los más aislados.
Es al uso de ese dinero al que se refiere el contralor Maya en el informe presentado este martes.
Según él, los “recursos de regalías destinados al desarrollo científico y tecnológico de las regiones del país, que entre 2012 y 2016 ascienden a 3,8 billones de pesos colombianos [unos 1.250 millones de dólares], no se están invirtiendo totalmente en tal fin, mientras académicos e investigadores quedan subordinados a los actores políticos que deciden esta clase de gastos y a los contratistas muchas veces poco idóneos que ejecutan los proyectos”.
El informe de la Contraloría se centró en una “auditoría de desempeño” que hizo a 33 proyectos de ciencia y tecnología en varios departamentos del país, en los que afirma haber encontrado “diversas situaciones irregulares”.
Uno de los ejemplos es un proyecto en el departamento del Cauca, en el suroccidente del país, que por 16.000 millones de pesos (5,4 millones de dólares) buscaba “fortalecer capacidades tecnológicas y competir en el mercado global, con actividades de formación en estudios de posgrado a empresas de emprendimiento con componentes de innovación o tecnología”. El problema, denuncia la Contraloría, es que parte de esos “recursos también se destinaron a establecimientos que no cuentan con dichas características, como un asadero de pollos y un spa”.
Otro caso que llamó la atención de la Contraloría se dio en el departamento de Vichada, en el oriente del país y fronterizo con Venezuela, donde se aprobó un “proyecto para construir un centro de formación e investigación en energías renovables”, por 32.900 millones de pesos (11,2 millones de dólares).
Para llevarlo a cabo, la Gobernación firmó un contrato con un “consorcio integrado por dos empresas de construcciones, cuya experiencia en los objetivos del proyecto no pudo ser constatada”. La consecuencia más grave es que no se construyeron celdas solares, necesarias para el proyecto, sino “una biblioteca, un auditorio y un conjunto habitacional”.
La Contraloría está segura de que buena parte de esos problemas se deben a que “el manejo de los recursos depende primordialmente de las decisiones de los gobernadores de los departamentos, quienes generalmente tienen intereses diferentes a los que exige el desarrollo científico e incluso el desarrollo regional”.
En un comunicado, Colciencias dijo que la entidad expresa “su máximo interés de que las investigaciones lleguen a fondo” y pide que las denuncias “permitan sancionar a los responsables”.
El informe adquiere especial relevancia en este momento pues justamente en enero pasado, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos propuso “descongelar recursos de regalías cercanos a 1,5 billones de pesos” (unos 515 millones de dólares) para construir 3.000 kilómetros de vías terciarias, que son las que comunican a las veredas más aisladas del país y que hacen parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno y por las FARC en el acuerdo de paz que firmaron en noviembre del año pasado, para el desarrollo de esas comunidades.
Para la Contraloría, esa propuesta de la Presidencia es justificable por “la lentitud tanto en el proceso de aprobación de proyectos, como en la ejecución de los mismos que si bien aqueja en mayor medida al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, también es una característica de todo el Sistema de Regalías”.
“En el marco de los problemas no sólo de eficiencia, sino de diseño institucional que están poniendo en riesgo la calidad del gasto del Fondo de Ciencia y Tecnología, cabe hacerse la pregunta de si por una única vez esos saldos disponibles tendrán un mejor uso apoyando la construcción de la paz, que a disposición de actores e intereses equivocados o, en las arcas del Tesoro, sin uso alguno”, afirmó el contralor Maya durante la presentación del informe.