(CNN Español) – Cientos de familias dominicanas marcharon este domingo en la Provincia Azúa, en el sur de República Dominicana, en apoyo al colectivo Marcha Verde en contra de la impunidad y la corrupción.
Los manifestantes acusaron al presidente Danilo Medina de obstruir la justicia y de colocarse al margen de la ley y de sus funciones constitucionales para favorecer la impunidad en el caso Odebrecht.
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“Estoy dispuesto a dar mi vida para sacar a esta gente del poder”, dijo José Agusto, quien participó en la marcha.
Los manifestantes emplazaron al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a dar los nombres de los involucrados en los sobornos de Odebrecht y dejar lo que consideró que son tácticas dilatatorias.
A la marcha asistieron personas de diferentes provincias, quienes también pidieron la anulación de los contratos de Odebrecht en el país. Dicen que la corrupción limita el avance de las provincias a nivel nacional.
“Nosotros estamos cansados de que se juegue con nuestro futuro, estamos cansados de que los gobernantes solo piensen en su beneficio y no piensen en un beneficio social, solo en un beneficio individual, y de eso estamos cansados”, dijo Enmanuel Sarante, miembro del colectivo.
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Durante la concentración de este domingo, el Colectivo Marcha Verde condenó la acción policial que terminó con violencia el pasado martes, cuando se trató de impedir que activistas instalaran un campamento frente a la Procuraduría General de la República para esperar que fueran revelados los nombres de los sobornados por Odebrecht.
Desde el pasado mes de enero este movimiento realiza manifestaciones similares y ha cobrado fuerzas por apoyo recibido por los dominicanos.
El miércoles, la Procuraduría General de República Dominicana informó que ya tenía en sus manos la documentación sobre los sobornos que pagó la constructora Odebrecht en el país. La documentación fue enviada por las autoridades de Brasil.
El Ministerio Público también reiteró que las personas involucradas en la red de corrupción multinacional, y a quienes las pruebas señalen como beneficiarios de los pagos que la constructora admitió hacer en el país, serán sometidos a la justicia y encarcelados, sin importar su cargo o filiación política.