(CNN) – El gobierno español dijo este jueves que comenzará el proceso para imponer un mandato directo a Cataluña en un movimiento sin precedentes para contrarrestar la apuesta independentista de la región.
En un comunicado, el jefe de gobierno español Mariano Rajoy dijo que invocará el artículo 155 de la constitución, una disposición que permite al gobierno central suspender la autonomía de la administración regional catalana.
El gabinete de Rajoy se reunirá el sábado para acordar las medidas para “restablecer el orden constitucional” en Cataluña. El plan será presentado ante el Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría, para su aprobación.
El comunicado no especifica qué pasos se tomarían en virtud del artículo 155, pero la provisión le da a Madrid el poder de hacerse cargo de la gestión de las instituciones catalanas y forzar nuevas elecciones.
El anuncio se produjo minutos después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, amenazara con declarar formalmente la independencia si el gobierno español no entablaba un diálogo.
Puigdemont también exigió que España ponga fin a su “represión” contra los líderes separatistas catalanes, en una carta enviada poco antes de que venciera el plazo impuesto por Madrid para que la región abandone su intento de independizarse.
“La decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del Estado, previa autorización del Senado”, escribió. “Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar”.
“Finalmente, si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración de la independencia que no votó el día 10 de octubre”, termina diciendo Puigdemont en su carta a Rajoy.
En una sesión del Parlamento catalán celebrada el 10 de octubre, Puigdemont dijo que Cataluña se había “ganado el derecho” a convertirse en una república independiente en su referéndum sobre la independencia del 1 de octubre, que fue prohibido por el Tribunal Constitucional de España. Pero él suspendió los efectos de la declaración para permitir las conversaciones.
Más de 2,25 millones de personas acudieron a votar en el referéndum, y el gobierno regional informó que el 90% de los votantes estaban a favor de una separación de Madrid. Pero la participación fue baja —alrededor del 43% del electorado—, lo que los responsables catalanes atribuyeron a los esfuerzos del gobierno central para detener la votación.
Se desarrollaron escenas violentas cuando la policía nacional intentó evitar que las personas emitieran sus votos, dejando a cientos de personas heridas.
El gobierno español abrió investigaciones de sedición sobre dos líderes separatistas catalanes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero.
Sánchez y Cuixart fueron detenidos a principios de esta semana, mientras que a Trapero le fue confiscado su pasaporte.