(CNN Español) – A más de un mes del encarcelamiento preventivo contra el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, 55 asambleístas firmaron una petición de juicio político contra el vicemandatario, siendo este el segundo intento para enjuiciarlo políticamente.
La petición firmada por varias bancadas de oposición incluyó la de la asambleísta Marcia Arregui, única firmante por el movimiento Alianza País, como respuesta al llamado del pueblo ecuatoriano, así lo dejaron saber.
Roberto Gómez, del partido CREO, aseguró que al vicepresidente le llegó la hora de rendir cuentas. Advirtió que “Hoy la Asamblea se divide entre quienes estamos hartos de la corrupción y los que al ser parte no les queda otra alternativa más que blindarle”.
Henry Cucalón, del partido Social Cristiano, señaló que “la idea es que se le enjuicie, censure y destituya”. Y Guillermo Celi, del partido SUMA, recalcó que “Este es el símbolo de la lucha frontal contra la corrupción”.
A la petición de los asambleístas se le suma que este miércoles, en horas de la mañana, durante la audiencia preparatoria de juicio ante la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal General de Ecuador, Carlos Baca, sustentó fallo acusatorio contra 13 de los 18 implicados en el caso de asociación ilícita por la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. El fallo para los cinco restantes fue abstentivo.
La Fiscalía informó que “durante más de 5 meses, la Fiscalía General del Estado recabó elementos de convicción que le permiten acusar a 13 de los 18 implicados en el caso de asociación ilícita y emitir un dictamen abstentivo a favor de 5. “, incluyendo el vicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y Carlos Pólit, Excontralor General de Ecuador. Glas defiende su inocencia y en varias oportunidades ha advertido “que se investigue todo y que se aplique la justicia como tiene que ser”. La defensa de Rivera ha señalado “que no existen pruebas contra su defendido en la información que entregó Estados Unidos a Ecuador”. Y en el caso del excontralor Carlos Pólit –quien hasta el momento se encuentra prófugo en los Estados Unidos– ha negado las acusaciones mediante su abogado, señalando que la vinculación al proceso por el caso de Odebrecht obedece a una represalia del fiscal general del Estado, Carlos Baca.
Al fallo de la Fiscalía, la defensa del vicemandatario reaccionó con advertencias contra el fiscal general, acusándolo de ser “sujeto de juicio político por incumpliendo de las funciones que le asigna la constitución y la ley”, en referencia al dictamen abstensivo contra Jose Conceição Santos Filho, ejecutivo de Odebrecht en Ecuador.
A los señalamientos de la defensa del vicepresidente, el fiscal general aseveró que la Fiscalía no se prestará para este tipo de escenarios, ni tolerará persecución de personas. También señaló que
La Fiscalía asegura que en el caso del empresario de Odebrecht, Jose Conceição Santos Filho, “ya fue sentenciado por los mismos hechos en el Brasil”
“Con relación a Jose Conceição Santos Filho, la Fiscalía evidenció que sí tuvo participación directa y dirigía todas las negociaciones y términos de contratación ilícita y dominaba el esquema de sobornos de esta trama de corrupción. Sin embargo, no se le pudo acusar, debido a que el procesado ya fue sentenciado por los mismos hechos en el Brasil, y ya cumple una condena de ocho años de prisión, usa permanentemente el grillete electrónico, 22 horas mensuales de servicios a la comunidad, pago de más de 5 millones de reales y confiscación de bienes muebles e inmuebles y la prohibición de contratar con entidades públicas”.
“La Fiscalía General del Estado es respetuosa del Estado constitucional de derechos y garantías que rigen la República del Ecuador, y del principio universal de derecho penal NON BIS IN ÍDEM, que significa que una persona no puede ser juzgada y/o sentenciada dos veces por un mismo hecho, conforme lo ordena la Constitución de la República, tratados internacionales de derechos humanos, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional de Ecuador.”
A los argumentos de la Fiscalía, el abogado defensor del vicepresidente, Eduardo Franco Loor, alega que “los hechos delictivos de Santos en Brasil, no son los mismos hechos que los ocurridos en el Ecuador”.