Manifestación contra la corrupción en Brasil en 2015.

(Expansión) - “México no está condenado a ser corrupto” y “la corrupción no es un problema exclusivo de México” fueron dos frases que se escucharon esta semana en un diálogo sobre experiencias internacionales para combatir este problema, en el que autoridades y expertos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Guatemala y México hablaron de cuáles son las claves para avanzar en esta tarea.

Durante el encuentro, los oradores coincidieron en que la cooperación y la participación de los ciudadanos son dos pilares fundamentales, y en que a ellos se suman otros elementos como un buen andamiaje legal, la transparencia y el uso de herramientas digitales.

“La corrupción y los costos que impone en la sociedad y en la economía son un fenómeno mundial. La corrupción retrasa el crecimiento económico, impide que los ciudadanos reciban la estructura que se merecen. La corrupción absorbe dinero de escuelas, hospitales y otros fines, e incrementa la desigualdad”, dijo la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson.

“Las acciones de corrupción deberían ser catalogadas como delitos de lesa humanidad, porque permiten que haya un enriquecimiento ilícito a través o a costa del dolor, de la salud, de la muerte, de la educación y del desarrollo de un país”, aseguró por su parte Mayra Veliz, subsecretaria general del Ministerio Público de Guatemala.

Más allá de las condenas, estas son las rutas que los especialistas señalan para avanzar en la lucha contra los actos corruptos.

1. Cooperación interinstitucional

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción de México (SNA), Jacqueline Peschard, aseguró que, cuando se tiene un objetivo en común, la colaboración entre las instituciones es una situación casi natural.

En eso coincidió María Amparo Casar, de la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). “No hay un esfuerzo en el mundo que haya sido exitoso en donde no hayan concurrido el gobierno, los empresarios y la sociedad civil. No he encontrado ninguno que no haya involucrado a estos tres sectores”, dijo.

Candice Welsh, jefa de la Unidad de Prevención y Combate a la Corrupción y Delitos Financieros de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), señaló también que, para lograr una cooperación más eficiente, se debe acortar la brecha tecnológica y reducir las disparidades entre los países.

“Hace falta fortalecer las técnicas de investigación especial relacionadas con delitos contra la corrupción”, comentó Welsh, quien también llamó a usar “los instrumentos más modernos e innovadores”.

2. Participación ciudadana

Los expertos además coincidieron en que la colaboración entre las instituciones no es suficiente sin la participación de las organizaciones civiles.

Casar dijo que, así como las ONG ayudaron a construir el SNA, tienen que asumir una responsabilidad y seguir colaborando con el gobierno para construir instituciones fuertes.

“No podemos vivir en eterno golpeteo con instituciones públicas, hay que trabajar con quienes están dispuestos a hacerlo. La sociedad civil no es el enemigo a vencer; las organizaciones, al igual que la academia, podemos ser incómodas, nos podemos equivocar, pero somos tan indispensables como útiles para sentar las bases para fortalecer las instituciones. Tenemos que vigilarlos, tenemos que exigirles y para eso estamos, esto no quiere decir que seamos antigobiernistas”, afirmó.

La fiscal de Guatemala insistió que la participación social debe ser vista como un derecho humano que permite a los ciudadanos intervenir en asuntos públicos.

3. Transparencia y herramientas digitales

Para Duncan Taylor, embajador de Reino Unido en México, la transparencia y la rendición de cuentas son dos elementos necesarios para combatir la corrupción.

“Nosotros pensamos que cuanto más transparencia haya en la vida diaria, en el negocio, cuanto más difícil es que haya corrupción”, expuso el diplomático, quien señaló que en su país hablar de “accountability” (responsabilidad) es hablar de corresponsabilidad de todos los actores.

Ana Laura Arratia, subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública de México (SFP), comentó que, para enfrentar las redes de corrupción, se debe ampliar el uso de tecnologías de la información, la interoperatividad entre los sistemas informáticos disponibles, y reforzar las áreas de investigación y su comunicación permanente con las áreas auditoras.

“(Se debe) desarrollar una estrategia eficaz de intercambio de información que permita contar con un sistema electrónico eficiente para mejorar la planeación de las auditorías, y así ampliar la cobertura y el impacto de la fiscalización”, aseguró.

La última clave es la construcción de una eficaz estructura jurídica.

“Ningún país en el mundo ha logrado combatir la corrupción sin un buen andamiaje legal”, afirmó Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El experto recordó que, en este terreno, las organizaciones civiles actualmente impulsan cambios al artículo 102 constitucional para crear una Fiscalía General de la República eficaz y autónoma, y reformar aquellas leyes que han provocado “los peores escándalos de corrupción”, en referencia a la legislación en materia de adquisiciones y obras públicas.

Pero no sólo se trata de crear nuevas y mejores leyes, sino de hacer ejercer las existentes.

Al respecto, la embajadora Jacobson explicó que, en 2016, el FBI abrió 914 casos relacionados con corrupción, se efectuaron 866 arrestos y se condenó a 944 individuos, incluyendo diputados, gobernadores, senadores y funcionarios.

“Un marco legal no es suficiente por sí solo para crear un cambio en la sociedad. La indignación de los ciudadanos y el compromiso de la organizaciones de la sociedad civil llevaron a la creación de este sistema, y será necesaria una vigilancia constante para asegurar la instrumentación y aplicación de estas nuevas leyes”, afirmó.