Nota del editor: Marco Rubio es el senador republicano por el estado de la Florida. Es presidente de la Subcomisión de Relaciones Internacionales del Senado de EE.UU., para el hemisferio occidental y es miembro de las comisiones de créditos y de inteligencia del Senado. Los puntos de vista expresados en este editorial son suyas.
(CNN Español) – Venezuela ha llegado a un punto de inflexión para su pueblo y para el hemisferio occidental. La crisis en Venezuela no es solamente una irritación regional. Su gobierno socialista se ha convertido un peligro para sus vecinos y para nuestra propia seguridad nacional.
El régimen del dictador venezolano, Nicolás Maduro, amenaza los intereses estadounidenses. Si bien el régimen de Maduro rechazó dichas acusaciones, se trata de un Estado patrocinador del narcotráfico. Estados Unidos ha sancionado al vicepresidente, llamándolo “líder del narcotráfico”, y los sobrinos de la primera dama fueron sentenciados el año pasado a 18 años de prisión por cargos de narcotráfico en EE.UU. El régimen brinda refugio a organizaciones que Estados Unidos ha designado como organizaciones terroristas extranjeras, como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Ha atacado el orden democrático regional, y se asocia activamente con los enemigos de Estados Unidos, incluidos la dictadura cubana, Rusia, así como también con Irán y Hezbollah.
Los efectos indirectos de las acciones autoritarias del régimen de Maduro menoscaban los esfuerzos de Estados Unidos y sus socios regionales por promover la democracia, los derechos humanos y la estabilidad en el hemisferio occidental. La gestión corrupta, el mal manejo económico y la supresión violenta del disentimiento popular por parte de la dictadura venezolana, han producido una grave crisis humanitaria de proporciones históricas. A su vez, el flujo desestabilizador de millones de migrantes venezolanos ha saturado los recursos de países adyacentes como Colombia y Brasil.
Si bien EE.UU. y nuestros socios han condenado repetidamente al régimen de Maduro y exigido el fin de la crisis, ahora debemos acompañar nuestras palabras con acciones decisivas. Es el momento de que las naciones democráticas de la región trabajen juntas y apresuren la salida de Maduro del poder.
Viajé este mes a la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, donde la crisis de Venezuela dominó prácticamente cada conversación entre nuestros aliados. A cambio, Estados Unidos emitió una declaración conjunta con el llamado “Grupo de Lima” de 16 países de la región para rechazar el plan de Maduro de una elección presidencial fraudulenta el 20 de mayo. Juntos solicitamos inequívocamente elecciones libres y exhortamos a la dictadura venezolana a que libere a todos los presos políticos.
En un mundo ideal, la Organización de Estados Americanos (OEA), un grupo de 34 naciones del hemisferio occidental, brindaría el foro para coordinar una acción multilateral sobre Venezuela. Pero una minoría pequeña de Estados miembros de la OEA permanecen alineados económica o ideológicamente con Maduro, y hacen todo lo que pueden para evitar que la organización cumpla la promesa de su Carta Democrática de proteger la paz, la justicia y la solidaridad.
Como alternativa, exhorto a Estados Unidos a que persuada a las naciones del Grupo de Lima y otros vecinos que piensan igual, a sostener reuniones con nuestros respectivos cancilleres y ministros de finanzas en mayo para trazar un camino regional hacia el futuro de Venezuela, basado en tres elementos principales.
Primero, Estados Unidos debe trabajar con los países del Grupo de Lima en coordinar sus sanciones nacionales con nuestras crecientes iniciativas, con el fin de concentrarnos en los elementos criminales del régimen de Maduro, su acceso a la banca y el financiamiento internacional, y en aquellos individuos, empresas fantasma y otras entidades que usa para evadir la presión financiera extranjera. El objetivo es maximizar el dolor de los funcionarios corruptos, opresivos e ilegítimos en Venezuela que menoscaban la democracia y los derechos humanos, así como también a aquellos actores que los mantienen en el poder.
Segundo, debemos coordinar nuestros esfuerzos para aliviar la crisis humanitaria creciente en Venezuela. A medida que millones de venezolanos huyen de su país para escapar del hambre, las privaciones y la violencia, los Estados vecinos soportan cargas desproporcionadas y necesitan asistencia extranjera, incluida la continua ayuda continuada para los programas de migración.
Es vital que también dejemos en claro al pueblo venezolano que hay alimentos, medicamentos y ayuda humanitaria internacional… todo listo para ser entregados a ellos en su país, pero de manera cínica, su dictadura no lo permite. El régimen de Maduro debería enfrentar una presión internacional creciente para que autorice la asistencia humanitaria dentro de las fronteras venezolanas y que sea distribuida por organizaciones benéficas y ONG que sean creíbles.
Finalmente, tenemos que estar dispuestos a ayudar a reconstruir una Venezuela libre y democrática, luego de que Maduro deje el poder. En la Venezuela pos-Maduro necesitaremos un equivalente multilateral equivalente del Plan Marshall, la iniciativa estadounidense que reconstruyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Este plan debería incluir inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, al que Estados Unidos contribuye, y de otras organizaciones económicas internacionales alineadas con nuestros intereses.
Al mismo tiempo, debemos estar preparados para ayudar al pueblo venezolano a restaurar sus instituciones y procesos democráticos. Dados los esfuerzos del régimen de Maduro por evitar que los líderes opositores viajen al exterior a criticar la dictadura y movilizar el apoyo internacional, Estados Unidos y nuestros socios regionales debememos trabajar para posibilitar que todos los miembros de la Asamblea Nacional -legítimamente elegidos- puedan viajar libremente, e incluso proveerles visas y autorizar que se trasladen con pasaportes vencidos u otras alternativas. Eso también significa cooperar con los tribunales constitucionales legítimos de Venezuela que Maduro ha menoscabado.
La crisis en Venezuela se ha convertido en un desafío regional complejo.
Por ende, Estados Unidos debe persuadir a nuestros vecinos que piensan igual a que apoyen una solución regional dirigida a aumentar la presión contra el régimen de Maduro, a aliviar la extrema crisis humanitaria del país, y a sentar las bases de iniciativas internacionales que reconstruyan una Venezuela libre y democrática pos-Maduro. Ya es hora de que las democracias del hemisferio occidental apoyemos nuestras palabras de respaldo a los venezolanos que sufren, con una acción decisiva y colectiva.