Nota del editor: Kumi Naidoo es el secretario general de Amnistía Internacional. Los comentarios expresados en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
(CNN) – La desaparición forzada y muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi, visto por última vez cuando ingresó al consulado de Arabia Saudita en Estambul, el pasado 2 de octubre, revela cuán descaradas se han vuelto las autoridades del reino por aplastar el disentimiento.
Es posible que cuando Khashoggi, un prominente periodista y comentarista político, ingresó al consulado en Estambul, para obtener documentos personales, supiera lo peligroso que eso podría ser.
Recoger documentos de tu consulado no debería implicar un riesgo para tu vida. Sin embargo, como Khashoggi fue forzado a autoexiliarse tras una serie de arrestos a periodistas, académicos y activistas el año pasado, probablemente conocía que eso contenía cierto riesgo.
Ahora, Arabia Saudita afirmó que Khashoggi fue asesinado accidentalmente en el consulado del país.
Mientras en las últimas semanas los medios de comunicación reportaban detalles espantosos de lo que le habría sucedido a Khashoggi, el presidente de EE.UU., Donald Trump, –supuestamente uno de los aliados más fieles del Gobierno saudí– especuló que tal vez los responsables eran “asesinos solitarios”. La versión oficial que Arabia Saudita entregó parece una iteración de esta idea: que el acto no fuera perpetrado por individuos que actuaban por su cuenta, sino que los funcionarios saudíes de repente se volvieron “solitarios” y asesinaron a Khashoggi en una pelea a golpes.
Pero la explicación del reino habría sido risible si el caso no fuera tan grave.
El mundo necesita entender que para el Gobierno saudí matar a Khashoggi no fue un caso “solitario”, no fue la excepción: es, por el contrario, la regla. Amnistía Internacional y otros han documentado interminables leyes, políticas y casos individuales en Arabia Saudita, donde el Gobierno y sus funcionarios también han violado de manera similar el derecho a la vida, la igualdad, la justicia y prácticamente cualquier otro derecho humano.
Los restos de Khashoggi deben ser entregados urgentemente para que los expertos forenses independientes puedan realizar una autopsia bajo las normas internacionales establecidas en este tipo de investigaciones. Después, el cuerpo debe entregarse a su familia para que puedan tener un entierro adecuado. Hasta que eso no suceda la verdad sigue siendo esquiva.
Mientras tanto, el caso ha enviado ondas de choque a través de defensores de derechos humanos y críticos de Arabia Saudita en todo el mundo, disminuyendo así cualquier esperanza de buscar refugio en el extranjero.
Si estamos sorprendidos por las supuestas acciones de las autoridades saudíes, no deberíamos.
Estos horrendos acontecimientos encajan perfectamente en el patrón de comportamiento que por años ha tenido un gobierno que persigue despiadadamente a sus críticos, sin temor a represalias o al rechazo de la comunidad internacional.
Las autoridades saudíes intensificaron su mano dura contra las voces disidentes en el país desde que Mohammad bin Salman (también conocido como MBS) se convirtió en el príncipe heredero, en junio de 2017. Durante el último año, Amnistía Internacional documentó la represión sistemática contra cualquiera que haya intentado defender los derechos de los saudíes comunes y contra cualquier voz independiente. Este patrón de represión comenzó mucho antes de MBS, pero sin duda se fortaleció y es más descarado bajo su liderazgo.
Entre los casos más destacados se encuentran las defensoras de derechos de las mujeres, Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan y Aziza al-Yousef. Están detenidas arbitrariamente desde mayo sin enfrentar ningún cargo. La cruel ironía es que estas mujeres lideraron la campaña contra la prohibición que tenían las mujeres para conducir, una medida que el príncipe heredero eliminó. Al-Hathloul, al-Nafjan y al-Yousef podrían enfrentar un juicio en una corte antiterror y se arriesgan a pagar una larga sentencia en prisión.
Tampoco podemos descartar la posibilidad de que las autoridades saudíes busquen condenar con pena de muerte a activistas y otras personas que están detenidas sin cargos y quienes simplemente protestaban de manera pacífica. Como uno de los verdugos más prolíficos del mundo, sabemos que Arabia Saudita puede ejecutar sentencias de muerte contra ciudadanos que disienten, tras juicios con fallas graves.
En este punto, ya debería ser obvio que para quienes más sufren a manos del Gobierno saudí los riesgos no podrían ser peores. Sin embargo, la represión de Arabia Saudita contra los derechos humanos se ha encontrado ampliamente con un silencio ensordecedor por parte de la comunidad internacional. Los gobiernos han optado por continuar acuerdos comerciales, incluidas armas, con el reino, mientras que evitan cualquier crítica a sus registros de derechos humanos.
No debería necesitarse un incidente horrendo y de alto perfil como este para que el mundo despierte ante la difícil situación de los defensores de derechos humanos y de otros en Arabia Saudita, por no mencionar su participación en la guerra en Yemen, que ha llevado a una catástrofe humanitaria en una escala inimaginable.
La comunidad internacional ahora debe garantizar que la desaparición forzada y la muerte de Khashoggi sean la gota que rebasó la copa. Si este acto descarado queda sin respuesta, envía un mensaje verdaderamente horrible a los líderes represivos de todo el mundo sobre lo que pueden hacer, si solo tienen suficiente cobertura política.
El paso más urgente es que el secretario general de la ONU, António Guterres, establezca una investigación de Naciones Unidas sobre las circunstancias que rodearon la ejecución extrajudicial de Khashoggi, la posible tortura y cualquier otro delito y violación cometidos en su caso.
En su última columna para The Washington Post, Khashoggi escribió que “lo que más necesita el mundo árabe es la libre expresión”. La comunidad internacional haría bien en prestar atención a sus últimas palabras y utilizar su poder e influencia para empoderar a los activistas saudíes, y no permitir que un gobierno se amotine contra los derechos humanos.