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Guatemala

¿De Guatemala a Guatepeor?

Por Daniel Zovatto

Nota del editor: Daniel Zovatto es director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, Non Resident Senior Fellow de la Brookings Institution y miembro del Consejo Asesor del programa para América Latina del Woodrow Wilson International Center for Scholars (ambos de Estados Unidos). Asimismo, es miembro del Consejo Editorial de la Revista Foreign Affairs en Español, analista y conferencista internacional. Es autor de 40 libros (como autor, coautor, editor, coordinador o compilador) y de más de 100 artículos sobre elecciones, derechos humanos, democracia y gobernabilidad en América Latina. En 2014 EsGlobal de España lo incluyó en su lista de los 50 intelectuales Iberoamericanos más influyentes. Es colaborador frecuente de diversos periódicos latinoamericanos al igual que de CNN en Español. Síguelo en Twitter en @zovatto55

(CNN Español) — Más de 8 millones de guatemaltecos concurrirán a las urnas este domingo 16 para elegir al sucesor del cuestionado Presidente Jimmy Morales. Además de escoger un nuevo mandatario y un nuevo vicepresidente, los guatemaltecos renovarán la totalidad de los miembros del Congreso Nacional (160 diputados), 20 representantes al Parlamento Centroamericano, así como la totalidad de los alcaldes y de las corporaciones municipales de los 340 municipios del país.

Estas elecciones tienen lugar en una coyuntura compleja, caracterizada por un ambiente de crisis y de fatiga democrática, elevados niveles de pobreza, corrupción y violencia. Son comicios que revisten gran importancia, no solo por la difícil situación que atraviesa Guatemala sino también por el clima de tensión que afecta a la región centroamericana y, especialmente, a los países del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala), una de las zonas sin conflicto armado más violenta del mundo, con elevados niveles de pobreza y pocas oportunidades; combinación tóxica que expulsa a miles de centroamericanos hacia Estados Unidos, vía México, y que ha llevado a la administración Trump ha suspender la ayuda a estos tres países y a presionarlos con la amenaza de severas sanciones, junto a México, para obligarlos a adoptar medidas urgentes y drásticas dirigidas a frenar dichos flujos migratorios.

Este proceso electoral pone fin, asimismo, a la intensa agenda electoral de los últimos tres años en México y América Central, periodo durante el cual Honduras (2017), Costa Rica y México (2018), El Salvador, Panamá y Guatemala (2019) han celebrado sus elecciones presidenciales y renovado la totalidad de sus Congresos.

El sistema electoral y las nuevas reglas

De acuerdo con el sistema electoral guatemalteco, el presidente y el vicepresidente de la República son elegidos por voto directo y mayoría absoluta. De no lograrse el 50% más uno de los votos, será necesario ir a una segunda vuelta. El mandato del presidente dura 4 años y la reelección no está permitida. El Poder Legislativo es unicameral y sus diputados son elegidos por representación proporcional, también cada cuatro años y con opción de reelegirse.

Estas elecciones se llevarán a cabo con las nuevas reglas adoptadas por la reforma electoral de 2016, la cual, entre otros temas de importancia, introdujo una mayor fiscalización en materia del financiamiento; prohibió el transfuguismo político; estableció un régimen controlado para la propaganda electoral en los medios de comunicación; y reguló el voto en el extranjero.

Elecciones en un contexto complejo y volátil

Según el Banco Mundial –la economía más grande de la región- es uno de los países con los niveles de crecimiento económico más altos de toda Centroamérica: una tasa sostenida de alrededor del 3% desde 2012, alcanzando su tope en 2015 con el 4,1%. La proyección de crecimiento del Gobierno de Guatemala para este año es de 3,3%; una tasa claramente insuficiente para reducir los altísimos niveles de pobreza de 59,28% y 23,36% de pobreza extrema, así como para combatir las elevadas tasas de desnutrición crónica y de mortalidad materno-infantil.

Estos serios déficits sociales son más dramáticos en las zonas rurales (donde ocho de cada diez personas viven en pobreza extrema) y en las comunidades indígenas (en las cuales el 79% son pobres) y también por el hecho de que Guatemala es uno de los países con los índices más altos de desigualdad de toda América Latina.

Otro de los graves flagelos es la inseguridad y la violencia. Según el gobierno de Guatemala, “las organizaciones criminales guatemaltecas son de las más sofisticadas y peligrosas” de la región, con una tasa de homicidios de 22,4 por cada 100.000 habitantes. La percepción de inseguridad es igualmente de las más elevadas. De acuerdo con Latinobarómetro 2018, el 77% de los guatemaltecos teme ser víctima de un delito, únicamente el 25% confía en la policía y solo el 22% tiene confianza en el Poder Judicial.

El actual proceso electoral se caracteriza por un alto nivel de incertidumbre, volatilidad, apatía y elevada fragmentación (más de 15 candidatos habilitados). A ello debemos agregarle una excesiva judicialización que determinó que, de las tres candidatas que aparecían mejor posicionadas en las encuestas: la exfiscal Thelma Aldana, Zury Rios (hija del fallecido dictador Efraín Rios Montt) y la ex primera dama Sandra Torres, únicamente esta última siga en pie, liderando las encuestas, mientras las postulaciones de las dos primeras fueron denegadas por la Corte de Constitucionalidad. Esta marcada judicialización determina que tanto el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como la Corte Suprema de Justicia y, sobre todo, la Corte de Constitucionalidad hayan intervenido de manera excesiva en la marcha del proceso electoral, habiendo decidido, en última instancia, la suerte de las tres candidaturas arriba mencionadas.

Consecuencia de todo ello, en mi opinión, la imagen, imparcialidad y credibilidad del TSE ha quedado seriamente cuestionada. La violencia tampoco ha estado ausente de este proceso. A las amenazas de muerte que obligaron a la exfiscal Thelma Aldana a abandonar el país, se sumaron esta semana las amenazas al fiscal de delitos electorales Oscar Schaad, quien también debió salir de Guatemala.

Este complejo contexto representa un desafío para la institucionalidad electoral guatemalteca. Una encuesta reciente de CID Gallup evidencia la falta de credibilidad de un porcentaje importante de la ciudadanía respecto del proceso electoral: el 20% cuestiona las elecciones por no dejar participar a varios candidatos, mientras que el 31% considera que habrá fraude.

Estas elecciones tienen lugar, asimismo, en un contexto de profundo descontento democrático, en gran medida responsabilidad del mediocre gobierno del presidente Jimmy Morales, quien llega al final de su período de cuatro años, débil, deslegitimado y acusado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de haber recurrido a financiamiento ilícito para su campaña de 2015. Su hijo y su hermano también están siendo investigados. Al sentirse amenazado por estas investigaciones, Morales, apoyado por grupos económicos poderosos y militares, inició a partir de 2017 una campaña de ataque frontal contra la CICIG para debilitarla y ponerle fin a partir de septiembre de este año, cuando se vence su mandato.

Según datos del Latinobarómetro 2018, apenas el 28% de los guatemaltecos apoya la democracia, 20 puntos por debajo del promedio regional, que es de 48%. De la misma forma, el 34% de los guatemaltecos indica ser indiferente al tipo de régimen aumentado, mientras el 20% señala su preferencia por un gobierno autoritario. Apenas el 21% indica que se gobierna para el bien de todo el pueblo, mientras que únicamente el 18% señala estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Las principales instituciones de la democracia representativa son igualmente mal evaluadas: solo el 17% confía en el Parlamento y únicamente el 11% dice confíar en los partidos políticos.

Estos preocupantes datos en materia de cultura política se corresponden con una baja calidad de la democracia guatemalteca. Según el Indice de la Democracia de 2018 del prestigioso semanario británico The Economist, la democracia de Guatemala es considerada como un “régimen híbrido”, gravemente afectada por un alto nivel de corrupción. De acuerdo con el Indice de Corrupción de 2018 que elabora Transparencia Internacional, Guatemala, con un puntaje de 27 ocupa la posición 144 en el mundo, uno de los últimos lugares tanto a nivel latinoamericano como global.

¿Qué dicen las encuestas?

Las dos últimas encuestas divulgadas esta semana (la de CID Gallup y la de ProDatos del diario la Prensa Libre) colocan a Sandra Torres (UNE) en el primer lugar con una intención de voto de 20% a 22%, escoltada por Alejandro Gianmmatthei del partido Vamos, con un 14,4%. En tercer lugar se ubica un grupo de tres candidatos: Edmond Mulet (8,5%), Roberto Arzú (8%) y Thelma Cabrera (7,6%). Un tema a tomar en cuenta es que si bien Sandra Torres lidera la intención de voto es -al mismo tiempo- la candidata que genera el nivel más alto de rechazo: 54% de los encuestados dice que nunca votaría por ella, lo cual podría perjudicarla en una eventual segunda vuelta, en el caso de que ella fuese uno de los candidatos que disputasen el balotaje.

Respecto de los principales problemas, los sondeos muestran que para los guatemaltecos son el desempleo (24,9%, al que se le puede agregar el 10,5% que señala el alto costo de la vida como el principal), la inseguridad (23,5%, mientras que otro 2,3% indica “extorsiones”), y la corrupción (16,5%); prioridades temáticas que han estado en el centro de las campañas de casi todos los candidatos.

Un aspecto particularmente preocupante es que en relación con la CICIG, la mayoría de los candidatos no está a favor de solicitar su renovación o bien de negociar un nuevo acuerdo, lo cual de concretarse –el fin de la CICIG a partir del mes de setiembre de este año- representaría un serio retroceso y pésimo ejemplo en la lucha contra la corrupción en Guatemala y en la region.

Mi opinión: las últimas encuestas evidencian que todos los escenarios están abiertos, tomando en cuenta que el 48% de los electores llega a esta cita sin haber decidido su voto. Por otro lado, la larga lista de candidatos, sumado al hecho de que ninguno supera el 25% en intención de voto, augura la necesidad de una segunda vuelta (prevista para el 11 de agosto) que defina al próximo presidente, quien, lo más probable, no contará con mayoría propia en el nuevo Congreso.

Como bien señala Renata Avila, “La última esperanza para rescatar la credibilidad en las instituciones guatemaltecas está en las urnas”. Me temo, que de no lograr reencauzar adecuadamente este complejo proceso, y dependiendo de los resultados, en lugar de contribuir a la solución de la grave crisis que atraviesa Guatemala, estas elecciones puedan, por el contrario, terminar agravándola. El riesgo es pasar de Guatemala a Guatepeor.