Nota del editor: Carlos Alberto Montaner es escritor y analista político de CNN. Sus columnas se publican en decenas de diarios de España, Estados Unidos y América Latina. Montaner es, además, vicepresidente de la Internacional Liberal.
(CNN Español) – En noviembre de 2020 se celebrarán nuevas elecciones y habrá un nuevo gobernador en Puerto Rico.
En ese momento el problema institucional básico de Puerto Rico continuará intacto. Se seguirá debatiendo el estatus definitivo de la isla: ser una nación independiente, un estado libre asociado a Estados Unidos o el estado número 51 de la Unión, con todas sus obligaciones y privilegios.
El problema, con matices, se arrastra desde el siglo XIX, cuando la isla era una colonia de España y se debatía entre la independencia, la autonomía o convertirse en una provincia de ultramar. En 1898 se desató la guerra entre España y Estados Unidos. Ganó Washington, pero heredó el problema.
¿Por qué no se ha podido solucionar? En primer lugar, porque los puertorriqueños están divididos sobre el tema, pero, en segundo lugar, porque EE.UU. tampoco sabe qué hacer.
En 1900, mediante la Ley Foraker, Puerto Rico fue asumido como un “territorio no incorporado” que quedaba bajo el control del Congreso de Estados Unidos. Ese organismo creó la ciudadanía puertorriqueña. Pero en 1917, el Congreso, mediante la Ley Jones, le otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños y a quienes nacieran en la isla.
Desde entonces se ha producido un trasvase de boricuas rumbo al continente y hoy son más los puertorriqueños que viven en el resto de EE.UU. que los que habitan en la isla. Grosso Modo, 5 millones frente a 3,2 millones, según la Oficina del censo.
En la práctica, la Ley Jones ha privado a Estados Unidos de la posibilidad de forzar un desenlace. Si después de la Segunda Guerra mundial pudieron otorgar la independencia a las Filipinas, es porque no se trataba de ciudadanos estadounidenses.
La ciudadanía estadounidense difícilmente sería revocable por un acto del Congreso, dado que los tribunales fallarían a favor de los boricuas que reclamaran. Así las cosas, el problema se arrastrará por muchas décadas y le costará al tesoro de EE.UU. miles de millones.
¿Hasta cuándo? Presumiblemente, hasta que Washington entienda que la única salida es ofrecerle la estadidad a Puerto Rico y estos la acepten, en ese momento, por una abrumadora mayoría. Falta mucho, mucho tiempo.