Nota del editor: Jorge Rojas es director del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) y, actualmente, candidato por Colombia Humana (de izquierda) a la alcaldía de Bogota. (A realizarse el 27 de octubre de 2019).
(CNN Español) – Los gritos de pavor e impotencia del hijo de nueve años de María del Pilar Hurtado, minutos después de que los sicarios asesinaran a su mamá en medio de una calle, reflejan el nivel de degradación de la violencia en Colombia.
La historia de la violencia en Colombia está asociada con la historia de la tenencia, el uso de la tierra y la dominación política de partidos que representan los intereses de quienes acaparan las tierras más fértiles del país.
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Grupos guerrilleros que desde el siglo pasado emergieron como resistencia armada para defender la tierra, grupos paramilitares que se organizaron para proteger los intereses de los tradicionales dueños de la tierra y, después para acaparar más tierras, y un Estado ausente o complaciente con los más poderosos, reflejan un estado de cosas que se prolonga de manera cíclica en Colombia.
El Estado persiste en esa guerra porque los dirigentes políticos tradicionalmente se han identificado con los terratenientes y con las oligarquías que son, en última instancia, los que ocasionan estos sangrientos fenómenos. Hay sectores políticos y ganaderos, que durante el periodo de la guerra contra la guerrilla de las Farc patrocinaron movimientos paramilitares que ensangrentaron aún más el país. Más de 30 congresistas fueron juzgados por estar aliados con los paramilitares
La Justicia Especial para la Paz (JEP), un tribunal que surgió del Acuerdo y que está en la mira de quienes no quieren que se sepa la verdad, está juzgando a los financiadores y actores de la guerra y ha recibido escandalosos testimonios de algunos militares que han despertado rechazo de la gente. Según estas declaraciones, algunos militares del Ejército han revelado que para falsear y engañar sobre los resultados de la guerra, hicieron pasar por guerrilleros a civiles que fueron ejecutados en estado de indefensión.
Este año se celebran 200 años de la independencia. En el último siglo en Colombia han muerto cientos de miles de personas en conflictos armados, más de 7 millones han sido desplazadas. Esta tragedia humanitaria ubica a Colombia como líder mundial en desplazamiento interno, superando a Siria, que aún vive una cruenta guerra civil y Colombia haber firmado un acuerdo de paz.
Un reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU indica que desde la firma de los acuerdos de La Habana, en 2016, se han registrado 150 agresiones, incluyendo los asesinatos de 123 excombatientes, 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio.
El símbolo del desacato a los acuerdos con la guerrilla de las Farc quedó representado en Dimar Torres, un excombatiente que trabajaba en el campo y le cumplía a la paz y cuyo cadáver, con varios disparos en la cabeza, fue encontrado por la comunidad en manos de militares que intentaban hacer desaparecer su cuerpo.
En el informe de la Misión de Verificación se aborda otra situación “profundamente preocupante” relacionada con el asesinato de líderes sociales, 230 desde la firma de los pactos de Paz, ciudadanos indefensos y honestos que lucharon en sus comunidades pobres por la defensa del medio ambiente, contra la minería indiscriminada o liderando procesos de restitución de tierras, arrebatadas durante la guerra.
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Carteles internacionales de la droga que desafían la democracia
Los campesinos sin tierra encuentran en la coca una forma de subsistencia y hoy constituyen la “base social” de los narcotraficantes. La política prohibicionista ha sido un fracaso. Fumigar con glifosato los cultivos de coca, perseguir con soldados y policías a los cultivadores y penalizar a los consumidores, provocó la diseminación de cultivos, la fragmentación de los carteles y no impidió el crecimiento del consumo interno.
En algún momento confluyen dueños de extensos latifundios improductivos o dedicados a la ganadería extensiva, narcotraficantes que lavan sus dineros adquiriendo más tierras y políticos que garantizan desde el Estado la prolongación de este sistema perverso.
Lo nuevo es que el factor determinante ahora no son los políticos o los dueños de la tierra sino las mafias del narcotráfico que se conectan más allá de las fronteras y que ponen en juego la institucionalidad, la democracia y la frágil paz que se firmó en La Habana.
Como líder social en derechos humanos y candidato, le pido a la prensa del mundo que se ocupe de esta ola de exterminio. En Colombia, algunos propietarios de los conglomerados que ostentan el poder de los grandes medios están acusados de financiar actores ilegales de la guerra.
Colombia sigue en la encrucijada: firma un acuerdo de paz que no se cumple por parte del actual gobierno que también le quita recursos a la paz al reducir en 30% del presupuesto a la JEP al tiempo que se apresta a reiniciar fumigaciones de cultivos de coca; el país está ad-portas de unas elecciones territoriales que, en algunas regiones, no serán un ejercicio democrático, sino una expresión de la lucha por el poder local entre mafias que controlan el negocio de las drogas. Todo esto en un contexto critico de homicidios, desplazamiento y cruenta violencia en las zonas de “postconflicto”.